El tránsito es una de las etapas más críticas del proceso migratorio, sobre todo cuando esto ocurre a través de caminos clandestinos, en donde las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a los peligros naturales, pero también a territorios apropiados por grupos irregulares, redes de trata, de tráfico, y delincuencia organizada. Y además, en donde los Estados no han dispuesto recursos económicos, seguridad, ni una agenda de trabajo para abordar la dramática situación que atraviesan quienes realizan estos peligrosos cruces fronterizos.
En esta etapa migratoria las mujeres se encuentran en mayor estado de riesgo, vulnerabilidad y desprotección. Los factores que motivan a las mujeres venezolanas a desplazarse y las circunstancias de vulnerabilidad bajo lo cual lo hacen, ocasionan que las mujeres migrantes crucen bajo senderos clandestinos y sin la documentación migratoria necesaria, lo que aumenta las posibilidades de que en el tránsito las mujeres queden expuestas a situaciones de violencia y discriminación.
Las mujeres migrantes y refugiadas durante el tránsito quedan expuestas en mayor medida a asaltos, actos de extorsión y sobre todo a la violencia sexual y a la discriminación basada en el género. En muchas ocasiones las mujeres realizan arreglos de viajes, como los traslados, guías, lugares de acogida temporal para pernoctar, entre otros acuerdos, que terminan siendo altamente peligrosos porque llegan a ser engañadas por estas personas que fungen como grupos de apoyo, pero que en realidad se tratan de organizaciones irregulares infiltradas, en muchos casos por redes de trata y tráfico. En este sentido es fundamental y urgente el acceso a la información de las mujeres migrantes y refugiadas para prevenir la violencia. Las mujeres que salen de Venezuela por estas vías lo hacen bajo la desesperación de huir de una crisis en donde ya no tienen medios de supervivencia, esto las hace vulnerables a estos grupos, sobre todo aquellos de trata y tráfico.
Tal es así, que buena parte de quienes controlan los cruces fronterizos informales consideran que la violencia sexual es una forma estándar de pago de tarifas. De acuerdo con un Análisis Rápido de Género realizado en el año 2020, se evidenció que en la mayoría de las mujeres que ingresaron a Ecuador por rutas irregulares sufrieron agresión sexual y otras formas de violencia de género En esta misma investigación, se tuvo conocimiento de hombres colombianos que ofrecen amparo a las mujeres en Colombia, quienes en ocasiones tienen hijos pequeños, a cambio de situaciones que implican servidumbre doméstica y esclavitud sexual[1]. En Ocaña, Norte de Santander (Colombia), una encuesta mostró que en 2018 el 90% de las trabajadoras sexuales eran venezolanas[2].
Aún más, se conoce que en la frontera colombo- venezolana existen siete cruces o puestos migratorios oficiales, y cerca de 300 senderos clandestinos. Estos cruces, llamados trochas, son disputados por varios grupos armados ilegales, utilizados por contrabandistas y atravesados diariamente por miles de migrantes, asumiendo un gran riesgo. En estas trochas las mujeres y niñas están expuestas particularmente a las redes de trata y tráfico[3].
Esta situación ocurre en un contexto de impunidad y desamparo, porque en la mayoría de los casos los Estados no intervienen en estos territorios o caminos clandestinos. De hecho, en algunos casos son los mismos funcionarios que custodian las fronteras quienes se convierten en parte de la problemática, replicando actitudes de discriminación y violencia contra las mujeres migrantes durante el tránsito. Además, las propias mujeres desconocen sus derechos o no denuncian por miedo ante la situación migratoria bajo la cual se encuentran.
Aunado a la inacción de los Estados por atender esta problemática, nos encontramos que las y los activistas sociales, organizaciones religiosas, civiles, actores humanitarios y las redes de apoyo a migrantes, que prestan alimentos, abrigo, y sus instalaciones durante el recorrido por los distintos países, no tienen recursos o cuentan con recursos muy limitados para atender a las mujeres migrantes que reciben diariamente en condiciones muy vulnerables.
Esta alarmante situación que viven las mujeres durante el tránsito a su destino final, y que no acaba con la llegada al país de acogida, asunto que abordaremos en una próxima entrega, requiere de acciones urgentes por parte de los Estados para facilitar servicios de prevención y acceso a la información, atención y asistencia a estas mujeres, para procurar un sistema de seguridad fronterizo capacitado con una perspectiva de género, y finalmente disponer de un sistema de justicia que reciba a las mujeres víctimas indistintamente de su condición migratoria y que actúe en la captura e investigación contra los perpetradores de estos delitos.
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[1] CARE. 2020. An Unequal Emergency: CARE Rapid Gender Analysis of the Refugee and Migrant Crisis in Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. Disponible en:
https://www.care-international.org/files/files/ENG_LAC_Regional_VZ_RGA_FINAL_compressed.pdf
[2] Diario La Opinión. 2018. En Ocaña, el 90% de prostitutas es de Venezuela. Publicado el 23 julio 2018. Disponible en: https://www.laopinion.com.co/ocana/en-ocana-el-90-deprostitutas-es-de-venezuela-158787
[3] CARE. 2020. An Unequal Emergency: CARE Rapid Gender Analysis of the Refugee and Migrant Crisis in Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. Disponible en:
https://www.care-international.org/files/files/ENG_LAC_Regional_VZ_RGA_FINAL_compressed.pdf
