Durante el mes de julio de 2021 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registramos al menos 186 actos de persecución y criminalización. Estos han sido ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro principalmente contra personeros políticos y sus familiares, organizaciones de la sociedad civil, su equipo de trabajo y sus familiares, periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación y contra la población.
Ataques a periodistas
Dentro de estos 186 actos de persecución y criminalización que hemos documentado en el mes de julio registramos 12 ataques contra periodistas. Incluyendo tres actos de amenazas, estigmatizaciones y hostigamiento. Como el intento de allanamiento de la vivienda de la periodista Mildred Manrique. Dos detenciones arbitrarias, seis emisoras de radio que salieron del aire momentáneamente debido a los constantes cortes eléctricos en el estado Cojedes. Además, un periodista fue obligado a borrar el material que había recogido en su equipo de trabajo.
OSC hostigadas y amenazadas
También registramos al menos seis ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, específicamente cuatro detenciones arbitrarias. En alguno de los casos se produjeron actos de amenazas y estigmatización previa, e incluso el allanamiento de la vivienda de un activista. Se produjo también un acto de hostigamiento contra un activista mientras ejercía el derecho a la protesta, y un allanamiento irregular a la sede de una organización.
Actos contra la población
La población continúa siendo víctima de la violación de sus derechos por motivos políticos para intimidar y silenciar las exigencias de derechos y garantías. En tal sentido, registramos en el monitoreo al menos 56 actos contra la población, particularmente siete detenciones arbitrarias. En la mayoría de los casos son familiares de personeros políticos o activistas de derechos humanos, a quienes hemos identificado como población por no estar ellos involucrados en la política o en el activismo ciudadano. Registramos también tres actos de violencia y hostigamiento. Uno contra quien conducía el vehículo en donde se trasladaba el presidente interino Juan Guaidó cuando fue atacado, y dos contra familiares de un líder político. Así como 46 despidos injustificados contra médicos que ejercían el derecho a la manifestación pacífica.
Personeros políticos amenazados
Por último, documentamos 112 ataques contra personeros políticos. Específicamente tres detenciones arbitrarias y 109 actos de amenazas, hostigamiento y estigmatización. Lo cual incluye la vinculación de líderes opositores con bandas armadas y señalamientos a las diputadas y a los diputados electos en el año 2015 de cometer actos contra la República.
Persecución y criminalización contra familiares
Los actos de persecución y criminalización se extienden contra los familiares de los defensores de derechos humanos y de los líderes políticos. A pesar no ejercer ningún tipo de activismo, la familia es perseguida y criminalizada como una forma de intimidar, amenazar y disuadir a quienes ejercen el liderazgo político opositor o a quienes exigen y defienden los derechos de la ciudadanía.
Específicamente documentamos seis familiares víctimas de la persecución y la criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Concretamente, el allanamiento de la vivienda y la detención de la madre del activista Javier Tarazona, la señora Teresa Sánchez, quien se encontraba en compañía de un adolescente de 14 años quien también fue detenido. Así como la detención de la madre, el hermano y un primo del dirigente político Javier González: María Coromoto González, Michael González y Michel González respectivamente. Por último, el hostigamiento a los padres del dirigente de Voluntad Popular Luis Somaza, cuando funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro intentaron ingresar a su residencia.
Criminalización de la protesta
Desde el pasado ha sido una política del gobierno de Nicolás Maduro la criminalización de la protesta a través del ejercicio de patrones y castigos ejemplarizantes. Estos reprimen, intimidan y generan miedo en la población. Tratando así de evitar que los distintos sectores sociales se manifiesten y exijan la restauración de sus derechos y garantías.
Durante el mes de julio registramos un aumento de este tipo de criminalización que se extendió incluso al sector salud. Patrones como las detenciones arbitrarias, amenazas y el despido injustificado han sido aplicados contra estos profesionales. Aunque sus exigencias se encuentran basadas en la necesidad de mejoras urgentes en el sistema de salud para enfrentar la pandemia.
El caso de la enfermera Ada Macuare es un ejemplo de ello. Macuare fue detenida arbitrariamente y acusada de instigación al odio y terrorismo por exigir suministros médicos, medicinas y equipos de bioseguridad.
Los trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Caracas han manifestado con diversas protestas su descontento ante la crítica situación de los hospitales. Como consecuencia de ello resultaron despedidos al menos 46 trabajadores.
En este contexto de criminalización a la protesta también fue víctima el coordinador de la organización Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), Francisco Reyna. Miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo amedrentaron y hostigaron cuando exigía la liberación de Javier Tarazona (Fundaredes).
Esta forma de criminalización a la protesta y de generar miedo se extiende día a día en el país. No solo a los médicos y activistas, sino también a la población en general, al manifestar por las precarias condiciones de vida son víctimas sistemáticas del ejercicio de esta política de criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
