Señor Presidente,

Tras años de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela, cualquier iniciativa que se presente como apertura hacia la reconciliación debe evaluarse con la debida cautela.

La reciente Ley de Amnistía y algunos cambios institucionales han sido presentados como señales de avance. Sin embargo, en ausencia de garantías verificables de justicia, verdad y restitución de derechos, existe un riesgo real de que estas medidas terminen siendo utilizadas para proyectar una imagen de apertura mientras persisten las estructuras de persecución e impunidad.

Hoy, todavía hay familias afectadas y buscan justicia, en su mayoría mujeres, madres, hermanas y esposas. Ellas han sido el rostro más constante de esta lucha y continúan exigiendo no solo liberación de los presos políticos, sino garantías de no repetición.

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos continúan enfrentando restricciones al derecho de asociación y riesgos por su labor.

Señor Presidente, si se busca abrir un camino hacia una solución sostenible, se deben traducir en acciones concretas. Entre ellas, el establecimiento de garantías reales para la verdad, la rendición de cuentas y la participación de las víctimas y de la sociedad civil en cualquier proceso de reforma institucional.

Sin justicia y verdad no habrá reconciliación duradera.

Y sin una sociedad civil libre y protegida, no será posible construir una transición democrática basada en derechos.

Muchas gracias.