Mientras más de 3 millones de venezolanos han huido una economía colapsada, severa escasez de alimentos y medicinas y los conflictos políticos, países vecinos—los receptores primarios de esos migrantes—han respondido con creatividad y pragmatismo. Este documento de políticas explora cómo los gobiernos de Sudamérica, México y Centroamérica han navegado decisiones sobre cómo (o si deben) facilitar la entrada y residencia de esos migrantes. Además, examina los desafíos pendientes, así como pocos venezolanos podrán regresar pronto a su país natal.
A través de América Latina, marcos legales nacionales están, en general, abiertos a la posibilidad de migración, pero pocos sistemas inmigratorios han sido construidos para manejar un flujo de esta escala y a este ritmo. Por ejemplo, mientras muchos países de la región tienen una definición amplia de quién es un refugiado—que encaja muchos venezolanos—sólo México la ha aplicado a los casos de venezolanos solicitando asilo. La mayoría de los países latinoamericanos en cambio han optado aplicar categorías vigentes de visas o acuerdos migratorios para asegurar que muchos venezolanos pueden entrar legalmente, y algunos países han usado programas temporales para normalizar el estatus de los venezolanos ya presentes en el país.
Mirando hacia el largo plazo, hay necesidad de decidir qué puede pasar cuando los estatus temporales empiezan a vencer. Y con la crisis venezolana y la emigración que ha impulsado en curso, hay estimaciones de que hasta 5.4 millones de venezolanos puedan encontrarse en el extranjero hacia finales de 2019. Algunos gobiernos han tomado medidas para restringir futuras llegadas venezolanas, y algunas comunidades receptoras han expresado frustración por la presión ejercida sobre los proveedores locales de servicios y recursos. Para evitar una reacción violenta extendida y para facilitar la integración fluida de venezolanos en comunidades locales, los formuladores de políticas públicas tienen que abordar temas como la provisión de estatus permanente hasta el acceso a servicios públicos y a mercados laborales. Bien hecho, ésta puede ser una oportunidad para actualizar y fortalecer procesos gubernamentales y servicios públicos de manera que beneficien tanto los recién llegados como residentes de larga duración.
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