De acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se define como violencia contra la mujer: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

A lo largo de la historia, el movimiento de los derechos de la mujer ha buscado que sea reconocido este derecho por parte de la comunidad internacional como un problema de derechos humanos y no sólo un asunto privado en el que el Estado no debería intervenir.

Fue en 1979 cuando todos los esfuerzos de las mujeres se vieron concretados con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW), el principal instrumento internacional de derechos humanos para la mujer y la niña. Además en 1992, Naciones Unidas en busca de examinar estrategias y políticas para lograr la igualdad para las mujeres y las niñas, y para poner fin a la violencia contra ellas, en su Recomendación general No. 19, declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, dirigida contra la mujer por su condición de mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

Por lo tanto, el hecho de colocar a la violencia contra la mujer en el marco de las violaciones de derechos humanos representa un importante cambio conceptual. Esta medida significa que las mujeres no están expuestas a la violencia de manera accidental o porque padecen alguna vulnerabilidad congénita, sino que esa violencia es el resultado de una discriminación estructural muy arraigada, que el Estado tiene la obligación de abordar.