Durante ocho años, Venezuela ha vivido una crisis multidimensional de gran escala que ha causado el éxodo de casi 8 millones de venezolanos, y que mantiene a más de 10 millones de personas en necesidades humanitarias severas dentro del país. Esta crisis ha ido acompañada de un quiebre en la protección y garantía de los derechos humanos ocasionando amplias y graves violaciones, tal y como ha sido documentado por organismos de la ONU, OEA, y OSC dentro y fuera de Venezuela. Hoy, Venezuela es, lamentablemente, el primer país de la región en entrar en la segunda fase de investigación ante la Corte Penal Internacional.

En el contexto de la próxima elección presidencial, constatamos un incremento de la violencia política, manifestada fundamentalmente en contra de líderes políticos y diferentes sectores de la sociedad civil, socavando el derecho a la participación política, la libertad de expresión, libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica, entre otros. De acuerdo con cifras de ONG independientes, a la fecha más de 40 medios de comunicación confrontan el bloqueo de prestadores de servicios y cerca de 15 estaciones de radio, han sido clausuradas durante 2024 por hablar abiertamente sobre asuntos políticos que las autoridades venezolanas no consienten. Este clima, contribuye al cercenamiento del espacio cívico, aunado a la discusión de un marco normativo restrictivo de las operaciones de las ONG en el país, principalmente a través de los proyectos de leyes como la “Ley para la Fiscalización, Regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)» y la “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”.

Sin embargo, los venezolanos se encuentran exigiendo condiciones de respeto a la dignidad y justicia, al mismo tiempo que trabajando en la construcción de soluciones pacíficas y negociadas al origen de la crisis que permita la democratización y reinstitucionalización del país, teniendo como centro la garantía y protección de los derechos humanos. La elección presidencial del 28 de julio representa una gran oportunidad para que la ciudadanía, pese a todas las vulneraciones a sus derechos, pueda reivindicar el voto como instrumento de cambio político en medio de la adversidad y la comunidad internacional, desde el ámbito de los Estados, actores democráticos, ONG y organismos internacionales, deben reafirmar su compromiso de solidaridad coadyuvando articuladamente en el rescate de la democracia, la protección de los derechos humanos y la exigibilidad elecciones libres y competitivas, como real muestro del derecho de autodeterminación del pueblo venezolanos.

Estamos convencidos que la región debe incentivar escenarios de encuentro entre actores claves y unir esfuerzos en la construcción de una visión común que, teniendo como base el respeto de los derechos humanos, garantías electorales y como respeto a los marcos constitucionales, que apoyen una solución pacífica y democrática frente a la crisis que atraviesa Venezuela.

Es por esto que los actores aquí firmantes, miembros de la comunidad internacional, exhortamos a las organizaciones y actores democráticos de la región a que nos unamos en torno a:

• Promover acciones desde el multilateralismo para trabajar en la construcción de una paz sostenible y duradera en Venezuela que permita contener, reducir, e incluso erradicar las violaciones estructurales, masivas y sistemáticas de derechos humanos que aún persisten. La sociedad civil venezolana depende de ese esfuerzo común, para mantener el espacio cívico.
• Abogar por la recuperación de la institucionalidad, la participación política, el pluralismo en los espacios de toma de decisiones, la separación de poderes y la celebración de elecciones libres y auténticas en Venezuela. Esto requiere especial atención y acción de cara a la elección presidencial del 28 de julio, así como las elecciones previstas en 2025.
• Mantener como centro de la discusión y aproximación a la crisis, los derechos humanos y prevenir que las graves violaciones de derechos humanos queden cobijadas por un manto de impunidad.
• Seguir abogando por un sistema de justicia independiente que goce de la voluntad y capacidad para conducir investigaciones y juicios genuinos, expeditos e imparciales contra todas las personas involucradas en las atrocidades cometidas y que se generen las reformas necesarias para la recuperación de la institucionalidad y estado de derecho en Venezuela. En este sentido, la continuación y el trabajo de los mecanismos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tienen un rol fundamental.
• Se insta a los gobiernos de la región a tomar medidas dirigidas a proteger a la población migrante y refugiada. Un aspecto esencial como éste no puede trabajarse únicamente desde la óptica de la cooperación. Las políticas migratorias restrictivas no sirven para contener el flujo migratorio, pero sí para aumentar la irregularidad de las entradas a los países de acogida, hecho que expone a las personas en situación de movilidad – especialmente a las mujeres– a delitos como la trata de personas. Pedimos avanzar en una respuesta regional coordinada, desde la garantía de los derechos humanos y del principio de corresponsabilidad entre los Estados, asegurando mecanismos de participación de la sociedad civil, organizaciones de migrantes y otros aliados.

En la ciudad de Panamá, a los 11 días del mes de julio de 2024.

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