LA SOCIEDAD CIVIL Y EL RESPALDO AL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN
La siguiente declaración es el resultado de una dinámica de Diálogo Social entre diversos actores de la sociedad civil, entendida esta como el conjunto de individuos, grupos y organizaciones autónomas dedicadas a trabajar por los derechos, las libertades públicas y el bienestar económico y social de la población. A la fecha cerca de 200 organizaciones y movimientos sociales mantenemos redes permanentes de comunicación y consulta a través del proceso de Diálogo Social en todo el territorio nacional y aspiramos cada día sumar nuevos actores políticos y sociales a este proceso.
La paralización de la negociación facilitada por el gobierno de Noruega y el reciente anuncio de la firma de un llamado “Acuerdo Nacional” que no cuenta con la representatividad de la mayoría de los actores políticos y sociales del país, expresada sí, en una Asamblea Nacional, que alberga la diversidad de pensamientos y posturas políticas, de acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo de Venezuela en el año 2015, nos conmina a pronunciarnos ante el país.
Los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que suscribimos este pronunciamiento consideramos que un acuerdo pacífico y negociado es la vía para avanzar con pasos firmes y sostenibles hacia la solución de la grave crisis que atraviesa el país. Un acuerdo que tenga como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones, y cuyo norte apunte al restablecimiento del sistema democrático que garantice la participación de la mayor cantidad de actores políticos y sociales para contar con la representatividad necesaria, incluyendo a la Asamblea Nacional; todo esto con el claro objetivo de llevar a cabo unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la nación.
Nuestro compromiso, trabajo y acciones se han enmarcado en la promoción y apoyo a una solución pacífica y negociada, dentro del marco constitucional y, que promueva el encuentro de la diversidad y pluralidad de actores políticos, sociales y económicos que están presentes en la Venezuela actual. La legitimidad y efectividad de las negociaciones, los acuerdos y el diálogo requiere de procesos plurales y transparentes en los que participen la diversidad y complejidad de actores que hacen vida en el país.
Instamos a todas las partes a trabajar de forma conjunta en la búsqueda de un Acuerdo Nacional Amplio que debe contar con el respaldo de la Asamblea Nacional; solo así podrá generar confianza y ofrecer soluciones creíbles a la crisis humanitaria que azota al país, en lugar de profundizar y prolongar el conflicto político. El parlamento nacional es la instancia que más de 14 millones de venezolanos escogieron como centro de debate y acuerdo en las elecciones de 2015.
Consideramos necesario que el mecanismo de negociación promovido por Noruega sea reactivado a la mayor brevedad posible, rediseñando su composición y funcionamiento con el fin de facilitar la inclusión de nuevos actores nacionales e internacionales que puedan fortalecer el proceso y que permitan la incorporación de propuestas de los distintos sectores de la sociedad: educadores, trabajadores, estudiantes, gremios, empresarios, comunidades indígenas, movimiento feminista, campesinos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, entre otros.
Una negociación de alto nivel de tipo estructural es una condición necesaria, pero no suficiente, para recuperar la institucionalidad democrática. Es posible emprender otras negociaciones y alcanzar acuerdos sectoriales que involucren a los actores políticos para abordar las gravísimas consecuencias de la crisis en la población venezolana con un enfoque despolitizado, de modo que la solución construida no pueda ser utilizada para las narrativas particulares.
Exhortamos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la creación de una mesa de entendimiento nacional que pueda alimentar la dinámica del mecanismo de negociación y garantizar la inclusión de todos los actores políticos y sociales.
Vemos positivamente el regreso del PSUV y sus aliados a la Asamblea Nacional, para cumplir con el mandato de sus representados. Es necesaria ahora la mayor voluntad política de todas las partes para lograr regularizar el funcionamiento del parlamento, a la vez de garantizar el respeto de sus decisiones por el resto de los poderes públicos, para desde esta institución producir las transformaciones necesarias para recuperar la normalidad democrática y humana a la que aspiran todos los venezolanos.
Igualmente valoramos positivamente la propuesta realizada por la Asamblea Nacional, en el mecanismo promovido por el reino de Noruega, para la conformación de un Consejo de Gobierno de Transición Plural que asegure la participación de todos los sectores, dé respuesta inmediata a la severa crisis nacional y conduzca al país a la celebración de unas elecciones presidenciales libres cuyo resultado logre la gobernabilidad necesaria para dar soluciones a la grave crisis que atraviesa la nación.
La construcción de un proceso de negociación inclusivo con acompañamiento de la Comunidad Internacional que dé sostenibilidad a los acuerdos y permita reconstruir el tejido social entre los venezolanos es una tarea y una responsabilidad impostergable.
EL ESPACIO HUMANITARIO COMPLEJO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES A PARTIR DE ACUERDOS SECTORIALES
Venezuela actualmente atraviesa una emergencia humanitaria compleja de gran escala y severidad, donde según reportes de Naciones Unidas hay 7 millones de venezolanos que demandan ayuda y protección humanitaria, otros datos superan esta cifra ampliamente, sin contar los ya casi 5 millones que han migrado forzadamente a distintos países del continente.
Las razones de este tipo de emergencia tienen su origen en un largo proceso de abandono de las responsabilidades del Estado en sus obligaciones de garantizar la protección de los venezolanos y en el desmantelamiento de las capacidades institucionales para garantizar derechos y gestionar políticas públicas.
La sociedad civil ha venido documentando, alertando y haciendo visible desde hace 5 años los riesgos que suponía no enfrentar lo que en algún momento fue amenaza y que hoy es una terrible realidad. Fruto de este trabajo, hoy se entiende que la emergencia humanitaria es real, se logró la instalación de un Equipo Humanitario de País de las Naciones Unidas y se activaron los mecanismos para elaborar un plan de respuesta humanitaria internacional, que si bien todavía no tiene los alcances financieros y de cobertura que se requieren, da cuenta de que la asistencia y protección externa es indispensable para que millones de personas puedan sobrevivir y de que es esencial fortalecernos como sociedad para vencer la emergencia en todas sus dimensiones y causas.
La sociedad civil, entendida como el conjunto de individuos, grupos y organizaciones autónomas dedicadas a trabajar por los derechos, las libertades públicas y el bienestar económico y social de la población, ha logrado construir, con limitadas capacidades y afrontando grandes riesgos, formas de encuentro, acuerdo y construcción de iniciativas para desplegar una gran cantidad de acciones de asistencia y protección. Son muchas las acciones que actualmente despliegan las ONGs, movimientos sociales y comunidades. Muchas también las soluciones sectoriales concretas e innovadoras para enfrentar la emergencia en las que diversos actores trabajan día a día; una de las cuales queremos hoy hacer del conocimiento de la nación.
Organizaciones y movimientos sociales hemos presentado una propuesta para la atención, protección y asistencia de la población, utilizando el mecanismo humanitario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un espacio institucional compartido por los sectores políticos para la resolución de los graves problemas que enfrenta el país, a través del cual pueden canalizarse la ejecución y contraloría de proyectos urgentes para el pueblo de Venezuela, y que serían imposibles de llevar a cabo en el marco de la actual crisis de gobernabilidad a través de las instancias institucionales regulares, ya que éstas no garantizan la transparencia en el manejo de los recursos; no sólo porque quienes controlan el poder ejecutivo han dilapidado enormes ingresos de la nación a través de una gigantesca red de corrupción, sino también porque se niegan a reconocer al órgano contralor representado por la Asamblea Nacional y las instancias de contraloría social estipuladas en nuestra Carta Magna.
El mecanismo humanitario ofrece un espacio institucional regido por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia que bien podría producir las condiciones para garantizar la claridad, tanto en el manejo de fondos como en la realización de los diversos proyectos prioritarios que aliviarían el gran sufrimiento que atraviesa el pueblo de Venezuela.
Hemos trabajado un primer ejercicio de acuerdo sectorial de cooperación para atender la reconstrucción del sistema eléctrico nacional con los actores políticos, equipos técnicos de ONU y la Corporación Andina de Fomento (CAF), institución que ofrece un crédito inicial de $350MM para mitigar la crisis eléctrica nacional. El resultado de este proceso de trabajo conjunto ha sido la selección y aprobación de diversos proyectos que requieren atención prioritaria y que, en esta fase, beneficiarán a cientos de miles de venezolanos de los estados Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda.
El acuerdo se encuentra ahora en una fase de negociación política para su concreción; ello requiere de la sincera voluntad de todos los actores para darle viabilidad. Esta experiencia es muestra de que es posible la construcción de espacios en donde la diversidad de actores no imposibilita la construcción de acuerdos sectoriales que tengan como foco salvar las vidas de nuestros hermanos venezolanos.
El espacio humanitario es producto de un gran esfuerzo de la sociedad civil que debe ser preservado, ampliado y fortalecido, sumando a más actores locales, nacionales e internacionales, de todos los sectores, alrededor de los fines de la protección y asistencia para garantizar los derechos humanos a la vida, la integridad, la seguridad, la libertad y la subsistencia. Las personas deben ser el centro del espacio humanitario y el acceso a ellas debe garantizarse en cualquier parte en que se encuentren.
Debemos enfocarnos como sociedad en objetivos superiores y movilizarnos para salvar vidas y cuidar de nuestros hermanos venezolanos en necesidad. Para ello es necesario construir espacios que viabilicen la gobernabilidad hacia el rescate de las instituciones y de las capacidades económicas, sociales y educativas para salir lo más pronto posible de esta emergencia y ocuparnos del desarrollo del país. Para ello es imperativo un acuerdo político integral, como el planteado en el mecanismo de negociación impulsado por Noruega, que conduzca al país a unas elecciones libres, democráticas, con calidad supervisable, sin lo cual la crisis estructural del país no tiene perspectiva de resolverse.
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
El inédito proceso que hoy enfrenta Venezuela de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y, por tanto, una gestión del Estado sin controles, sin rendición de cuentas, que ha hecho estragos con los fondos públicos, nos obliga a prever mecanismos de contraloría. Estos deben garantizar la ejecución de estos acuerdos sectoriales que proponemos de forma eficaz y transparente.
Los acuerdos sectoriales implican la participación de múltiples actores y capacidades técnicas y, especialmente, la creación de instituciones de gestión ad hoc, que garanticen la supervisión de los programas ejecutados. La consolidación de mecanismos de contraloría -institucionales, y sociales -debe ser el primer compromiso ante la gravedad de la catástrofe social y económica. El objetivo de llegar a acuerdos sectoriales es favorecer las capacidades políticas para la solución de los problemas inmediatos y gravísimos que padecemos los venezolanos.
Será necesario la conformación de equipos con las capacidades técnicas apropiadas en cada una de las áreas y sectores en los que se construyan los acuerdos. Se requiere, asimismo, una figura contralora que actúe con probidad y con principios de transparencia, que disminuya los riesgos de corrupción a través de la vigilancia con facultades y autonomía suficientes para verificar la ejecución de los recursos conseguidos en los tiempos comprometidos.
Alcanzar este tipo de acuerdos sectoriales no soluciona la crisis estructural del país, pero son necesarios porque permiten aliviar el enorme sufrimiento del pueblo de Venezuela. No deben ser un condicionamiento u obstáculo para la negociación política que busca la solución integral para el futuro del país, promovida por el reino de Noruega y que insistimos debe ser reactivada a la mayor brevedad posible.
Caracas 07 de octubre de 2019
