Declaración de Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), a nombre del Servicio Internacional para los Derechos Humanos durante el diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela.

A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la ciudadanía alberga esperanzas de un cambio significativo. Sin embargo, esa esperanza de libertad se ve amenazada por la consolidación de un sistema represivo sofisticado, que, a través de una combinación de métodos «duros» y «blandos» y múltiples patrones de persecución, viola derechos humanos. Esto ha sido Constatado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Alertamos de su agravamiento en el próximo mes en el contexto electoral.

En los últimos 3 años, Cepaz ha documentado 2.098 casos de persecución y criminalización.

En este año electoral, se han registrado 50 detenciones arbitrarias de líderes sociales y políticos, y más de 20 desapariciones forzadas, el cierre de 14 emisoras de radio, y el bloqueo de 47 medios digitales. Además, hemos visto detenciones arbitrarias y castigos ejemplarizantes contra aquellos que se manifiestan o prestan servicios al liderazgo opositor. El cierre del espacio cívico se agudiza con amenazas constantes de leyes que violan los estándares internacionales.

Si las elecciones no son transparentes, equitativas y legítimas, la crisis humanitaria y de migración se agravará. Hay que actuar con urgencia para asegurar que estas elecciones sean una oportunidad para la democracia en Venezuela. Es clave que se detenga la persecución política y la criminalización de la sociedad civil.
Solicitamos al Consejo que mantenga un escrutinio riguroso y una rendición de cuentas constante, y que apoye la renovación del mandato de la Misión y de OACNUDH. La situación requiere nuestra atención y acción decidida.