Venezuela atraviesa una nueva y compleja coyuntura política. En este contexto, dieciséis organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, suscriben el presente Decálogo de exigencias prioritarias; dos de ellas lo hacen bajo reserva, en atención a los riesgos que conlleva su identificación pública en el contexto venezolano. El propósito de este documento es identificar un conjunto de medidas urgentes que permitan, en el corto plazo, encauzar la situación actual hacia una transición democrática genuina y creíble.

Este decálogo constituye un punto de partida, adaptado a las condiciones actuales del país, orientado a generar confianza, recuperar la seguridad jurídica y abrir un camino efectivo hacia el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia. No pretende ser una agenda exhaustiva en materia de derechos humanos ni una hoja de ruta integral para la redemocratización. Debe entenderse como parte de un proceso más amplio, que requiere voluntad política, coordinación entre actores nacionales e internacionales y el respaldo de marcos multilaterales legítimos, con acompañamiento de mecanismos internacionales de derechos humanos que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

La participación activa de la sociedad civil, así como la implementación de mecanismos de justicia transicional, resultan esenciales para una transición inclusiva y sostenible, centrada en la sociedad venezolana y en las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

En ese marco, se formulan las siguientes diez acciones urgentes:

1. Liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas —nacionales y extranjeras— que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad o sometidas a procesos judiciales por razones políticas, con el acompañamiento de mecanismos transparentes de verificación. Ello implica también el cese de todas las formas de detención arbitraria y desaparición forzada, así como de las medidas cautelares asociadas a procesos judiciales injustificados.
2. Derogación o declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto de Estado de Conmoción Exterior y de todas aquellas leyes, normas o resoluciones utilizadas para la criminalización de personas percibidas como opositoras o defensoras de derechos humanos. Entre ellas se incluyen la Ley constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Simón Bolívar; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro; la Resolución n.° 2012-0026 del Tribunal Supremo de Justicia, que crea los tribunales con competencia en terrorismo, y la Resolución n.° 2015-0007 de 15 de marzo de 2025, que la modifica. Asimismo, debe asumirse el compromiso de realizar una revisión amplia, profunda, integral y participativa del ordenamiento jurídico, orientada a su plena armonización con los estándares internacionales sobre libertades cívicas, en particular en lo relativo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo y las disposiciones del Código Penal sobre terrorismo, difamación e injuria.
3. Adopción de medidas urgentes para ordenar el desarme, repliegue y desmantelamiento de todas las estructuras, cuerpos de seguridad o grupos armados que ejerzan acciones ilegítimas de intimidación, persecución o represión contra la población civil en el ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo prácticas de vigilancia, patrullaje o delación basadas en la opinión, el pensamiento o la actividad política o social, en todo el territorio nacional.
4. Publicación de una comunicación oficial que reconozca de manera expresa la vigencia de la documentación relativa al registro, fines y funcionamiento sin restricciones de todas las organizaciones sin fines de lucro en el país, incluidas las organizaciones internacionales.
5. Acceso pleno, seguro e independiente a todo el territorio venezolano para los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la anuencia del Estado a la visita in loco solicitada en 2025 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el ingreso de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, así como de otros mecanismos de Naciones Unidas que soliciten realizar visitas oficiales al país.
6. Plena cooperación con la respuesta humanitaria en Venezuela, bajo la coordinación de las Naciones Unidas, garantizando un entorno operativo adecuado para los actores humanitarios, con acceso, seguridad y facilidades logísticas en todos los estados, municipios, zonas e instalaciones del país donde existan personas con necesidades de asistencia y protección. Esto incluye asegurar el derecho a recibir dicha asistencia sin restricciones, obstáculos ni condiciones incompatibles con los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
7. Adopción de instrumentos legales y administrativos apropiados para garantizar que los recursos económicos que constitucionalmente pertenecen al pueblo venezolano sean utilizados para atender la emergencia derivada de las múltiples y prolongadas privaciones sufridas por la población. Ello debe orientarse a la recuperación efectiva de la infraestructura, los bienes, los servicios y los medios de vida esenciales, mediante planes de inversión y sistemas de protección social universales, sin discriminación, gestionados por organismos con prácticas institucionales transparentes y mecanismos de rendición de cuentas.
8. Anuncios y acciones concretas que evidencien el reconocimiento, respaldo, respeto y garantías de protección por parte de todos los poderes públicos al ejercicio y la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y la pluralidad política. Esto incluye el fortalecimiento del trabajo de personas y organizaciones defensoras y humanitarias, periodistas y medios de comunicación independientes, líderes sociales, activistas y partidos políticos de oposición, así como la garantía efectiva del derecho al disenso, a la reunión y a la participación ciudadana pacífica y democrática en los asuntos públicos.
9. Construcción de una ruta clara y creíble, con participación diversa de la sociedad civil, para la reinstitucionalización de todos los poderes públicos nacionales, regionales y municipales del Estado venezolano, respetando las obligaciones, normas y plazos constitucionales, en particular de los órganos del poder electoral, el poder judicial y el poder ciudadano, así como de aquellos responsables de la defensa y la seguridad, con el fin de restablecer el orden constitucional y la vigencia de un Estado democrático de derecho. Ello incluye la elección del presidente o presidenta de la República conforme a lo constitucionalmente establecido.
10. Creación de mecanismos independientes, con participación efectiva de la sociedad civil y apoyo internacional, destinados a la preservación de evidencias sobre violaciones de derechos humanos y a la construcción de un proceso de justicia transicional que garantice la verdad, la memoria, la justicia, la reparación integral a todas las víctimas y las garantías de cese de las violaciones y de no repetición.

Este decálogo expresa exigencias mínimas y urgentes para avanzar hacia una transición democrática auténtica, centrada en la dignidad humana, la justicia, la reconciliación y la reconstrucción institucional de Venezuela.

Decalogue for steering a genuine democratic transition in Venezuela

Venezuela faces a new and complex political juncture. In this context, a group of sixteen civil society organizations, both national and international, subscribe to this Ten-Point List of Priority Demands; two of them under reserve due to the risks associated with their public identification in the Venezuelan context. The purpose of the document is to identify a series of urgent measures that, in the short term, can steer the current situation towards a genuine and credible democratic transition. 

This decalogue should serve as a starting point, adapted to the country’s current conditions, with the objective of rebuilding trust, restoring legal certainty, and opening effective pathways towards re-establishing the rule of law and democracy. It does not claim to be an exhaustive human rights agenda, nor a comprehensive roadmap for democratization. Rather, it should be understood as part of a broader process that requires political will, coordination among national and international actors, and the support of legitimate multilateral frameworks, accompanied by international human rights mechanisms to ensure transparency and accountability. 

The participation of civil society, together with the implementation of transitional justice mechanisms, is essential to achieving an inclusive and sustainable transition, centred on Venezuelan society and on the victims of serious human rights violations. 

Against this backdrop, the following ten urgent actions are put forward: 

1. Immediate, unconditional and full release of all persons, both nationals and foreign nationals, who are arbitrarily detained or subjected to criminal proceedings for political reasons, accompanied by transparent verification mechanisms. This includes an end to all forms of arbitrary detention and enforced disappearance, as well as the lifting of precautionary measures linked to unjustified judicial processes. 
2. Repeal or declaration of unconstitutionality of the State of External Commotion Decree and of all laws, regulations or resolutions used to criminalize individuals perceived as political opponents or human rights defenders. This includes, among others, the Law Against Hatred; the Simón Bolívar Law; the Law on the Oversight, Regulation, Operation and Financing of Non-Governmental and Non-Profit Social Organizations; Supreme Court Resolution No. 2012-0026 establishing courts with jurisdiction over terrorism offences; and Resolution No. 2015-0007 of 15 March 2025 amending it. Authorities must also commit to a comprehensive, participatory and in-depth review of the legal framework to ensure full alignment with international standards on civic freedoms, particularly provisions related to organized crime, terrorism financing, terrorism offences, defamation and criminal insult. 
3. Adoption of urgent measures to disarm, dismantle and withdraw all structures, security forces or armed groups that engage in illegitimate acts of intimidation, persecution or repression against the civilian population for exercising their human rights. This includes practices of surveillance, patrolling, or accusation based on political opinion, thought, or social and political activity, throughout the country. 
4. Issuance of an official public communication expressly recognizing the continued validity of documentation related to the registration, mandate, and unrestricted operation of all non-profit organizations in the country, including international organizations. 
5. Full, safe and independent access to Venezuelan territory for international human rights protection mechanisms, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; consent for the in-country visit requested in 2025 by the Inter-American Commission on Human Rights; access for the Independent International Fact-Finding Mission; and for other UN mechanisms seeking to conduct official visits. 
6. Full cooperation with the humanitarian response in Venezuela, under United Nations coordination, ensuring an enabling operational environment for humanitarian actors, with access, security, and logistical facilities across all states, municipalities, areas, and facilities where people require assistance and protection. This includes guaranteeing the right to receive humanitarian aid without restrictions or conditions incompatible with the humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality, and independence. 
7. Adoption of appropriate legal and administrative measures to ensure that public resources constitutionally belonging to the Venezuelan people are used to address the emergency resulting from the multiple and prolonged deprivations suffered by the population. This must prioritize the effective recovery of infrastructure, services, livelihoods and essential goods, through universal, non-discriminatory social protection systems and investment plans, managed by institutions operating with transparency and accountability. 
8. Public commitments and concrete actions demonstrating recognition, protection and guarantees by all branches of government for the defense of human rights, press freedom and political pluralism. This includes strengthening protections for human rights and humanitarian organizations, journalists and independent media, social leaders, activists and opposition political parties, as well as guaranteeing the rights to dissent, peaceful assembly and democratic participation in public affairs. 
9. Development of a clear and credible roadmap, with diverse participation from civil society, for the re-institutionalization of all national, regional and municipal public authorities of the Venezuelan State, in compliance with constitutional obligations, rules and timelines, particularly those of the electoral branch, the judiciary and the citizen power, as well as those responsible for defense and security, with the aim of restoring constitutional order and the effective operation of a democratic state governed by the rule of law. This includes the election of the President of the Republic in accordance with constitutional provisions. 
10. Establishment of independent mechanisms, with meaningful civil society participation and international support, to preserve evidence of human rights violations and to advance a transitional justice process that guarantees truth, memory, justice, full reparations for all victims, and guarantees of cessation and non-repetition. 

This decalogue sets out minimum and urgent demands to advance towards an authentic democratic transition in Venezuela, one grounded in human dignity, justice, reconciliation and institutional reconstruction.