El esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil venezolana ha sido fundamental para lograr el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela, traducida en el progresivo deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, y también de la marcada crisis multidimensional fundamentada en el socavamiento directo por parte del Estado de un conjunto de marcos normativos internacionales.

Este reconocimiento por parte de la comunidad internacional ha sido esencial para activar una importante agenda de trabajo en relación a la gravísima situación de derechos humanos que se vive en Venezuela. Particularmente desde el sistema universal de protección de derechos, debemos destacar dos mecanismos activos.

En primer lugar, el seguimiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde además de condenar la situación del país a través de sus informes y actualizaciones, en la actualidad existe un compromiso de cooperación vigente por parte del Estado venezolano, que si bien no es de acceso público, involucra el cumplimiento de 23 recomendaciones y la presencia de varias de las agencias de la organización en el país.

En segundo lugar, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba la resolución que decide establecer, por un periodo de un año, este mecanismo cuyo objetivo es investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014 en Venezuela.

Ahora bien, a pesar de la vigencia de ambos mecanismos, el Estado venezolano continúa con el patrón de incumplimiento de las obligaciones internacionales y se evidencia un alto nivel de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país.

Al respecto, la Alta Comisionada continúa en sus actualizaciones destacando el incumplimiento de la mayor parte de las recomendaciones de su informe del 2019. Además, ha enfatizado las sistemáticas violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los venezolanos y el deterioro de la calidad de vida de la población.

Asimismo, el 14 de septiembre de 2020, a propósito del 45° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada presentó su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que destacó que si bien hubo avances en la cooperación técnica con el Estado esta no ha sido suficiente, por lo que ha sido necesaria la renovación por un año de la carta de entendimiento, en el que se incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos con mayor autonomía jurídica y la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales.

Aún más, el 16 de septiembre de 2020 en el contexto de este 45° periodo de sesiones, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha presentado un exhaustivo informe en donde exponen las conclusiones respecto a los actos atroces ocurridos en Venezuela desde el año 2014 y que han identificado como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, la misión considera necesario la activación de los mecanismos de justicia internacional para la investigación y sanción penal individual de los autores de estos delitos.

¿Qué esperar del 45° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos?

En el marco de la celebración del periodo 45° de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Misión cumple su vigencia de un año y corresponde decidir sobre su renovación.

La necesidad de prorrogar el acuerdo de cooperación entre la Alta Comisionada y el Estado venezolano, así como el llamado que hiciera la Misión a la comunidad internacional y a los Estados a que inicien las acciones legales contra los responsables de los crímenes atroces que han ocurrido en Venezuela, da cuenta que el régimen no tiene un verdadero propósito de proteger y garantizar el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de todos los venezolanos, y mucho menos de hacer justicia.

Por el contrario, su política de Estado se encuentra encaminada a perpetuarse en el poder, y para ello simula en ocasiones encontrarse comprometido con los organismos internacionales y los derechos humanos, precisamente para evitar la aplicación de estos mecanismos de seguimiento e investigación.

En este sentido, frente a este contexto de violaciones sistemáticas e impunidad por parte del régimen, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) consideramos primordial la renovación del mandato de investigación.

Es necesario mantener la vigencia de ambos mecanismos, tanto el seguimiento de la Alta Comisionada como la investigación, ya que en su conjunto son fundamentales y se complementan.

La Alta Comisionada es un órgano permanente que protege y promueve los derechos humanos y se limita a señalar las violaciones de estos derechos basada en la responsabilidad de los Estados. Entre tanto, la Misión es un órgano temporal, que investiga las violaciones de derecho internacional de los derechos humanos y la caracterización de crímenes internacionales, contribuyendo a combatir la impunidad ante estas violaciones.

En este sentido, si bien la Alta Comisionada ha cumplido un rol fundamental en la documentación y denuncia de las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela y la impunidad que existe alrededor de todas estas arbitrariedades, es necesario que este trabajo de denuncia de violaciones de derechos humanos se complemente con la investigación y la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación a favor de las víctimas.

En definitiva, el establecimiento de la Misión da cuenta no solo de la necesidad de documentar, visibilizar y exigir la restauración de los derechos humanos en el país, sino que también habla de la necesidad de que los perpetradores rindan cuentas.

Actos como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes que se perpetuaron desde el año 2014, y que continúan desarrollándose en Venezuela, no pueden quedar impunes, las víctimas y sus familiares requieren de instituciones independientes e imparciales que provean la justicia que es imposible alcanzar en el orden interno, mientras los órganos del Estado actúen como un brazo ejecutor del régimen.

En tal sentido, desde Cepaz consideramos fundamental que desde todos los espacios se promueva la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos en Venezuela, esto incluye la necesaria renovación del mandato del mecanismo de investigación de la ONU y la continuidad en las actualizaciones periódicas escritas y orales que han mantenido a Venezuela en la agenda internacional.

Asimismo, de cara al desarrollo de la sesión 45° del Consejo, el 23 de septiembre se llevará a cabo el diálogo interactivo en la que cobra importancia la expresión de opiniones y expectativas de los Estados miembros, de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares, para lo que esperamos sea una contundente resolución que además establezca la renovación de la Misión.