Este 3 de noviembre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas culminó el Quinto Examen Periódico sobre el cumplimiento por parte del Estado venezolano de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité en su último Examen. Este periodo de evaluación culmina con la presentación por parte del Comité de sus observaciones finales acompañadas por más de cincuenta recomendaciones.

El informe presentado por el Comité de Derechos Humanos evidencia una profunda preocupación por la crisis en derechos humanos que atraviesa Venezuela, abordando aspectos que se relacionan al aparato represor del Estado, marcado por el ejercicio de patrones  de persecución y criminalización contra personas que son percibidas como enemigas al partido oficialista.

El modelo represivo continúa y se agudiza en Venezuela

El Comité de Derechos Humanos mostró especial preocupación por la violación grave y sistemática de los derechos humanos y principalmente por el incumplimiento del Pacto por parte del Estado, en relación a los siguientes aspectos:

Derecho a la vida, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles e inhumanos. El Comité mostró su preocupación por el uso ilícito y desmedido de la fuerza por parte de autoridades estatales, fuerzas militares, servicios de inteligencia civil y militar y grupos irregulares, que traen como consecuencia la falta de garantías mínimas en los centros de detención, el uso de la tortura y malos tratos en lugares de investigación, el uso de castigos ejemplarizantes para silenciar a la oposición, e incluso la privación de la vida por motivos políticos.

Por ello, el Comité le recomendó al Estado venezolano garantizar los derechos de acceso a la justicia y debido proceso a las personas privadas de libertad, investigar de manera imparcial y exhaustivas las denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos y todas las formas de uso ilícito de la fuerza, asegurando que los autores rindan cuentas y que las víctimas sean reparadas. Además, el Comité solicitó la formación y capacitación de los jueces, fiscales, abogados, servicios de inteligencias civiles y militares, agentes de seguridad, y agentes del orden en materia de derechos humanos.

Cierre del espacio cívico nacional: el Comité advirtió sobre las graves restricciones a la libertad de opinión y expresión por parte del Estado venezolano a través de una política de censura de los medios de comunicación y de acoso, intimidación, vigilancia, persecución, difamación, detenciones arbitrarias contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos considerados críticos al gobierno. Al mismo tiempo, advirtió sobre las restricciones en el ejercicio del derecho a la reunión y asociación, a través de una política de control de manifestaciones y violaciones graves a los derechos humanos en los contextos de protestas. Aún más la libertad de asociación se ha visto mermada a través del uso de leyes y reglamentos que limitan el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos.

Por ello, el Comité le recomendó al Estado venezolano adoptar medidas inmediatas para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación; prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y  activistas; evitar el control de las protestas por las fuerzas militares y el uso indiscriminado de la fuerza en este contexto; derogar y abstenerse de adoptar normativas que limiten el ejercicio del derecho a la libertad de asociación; establecer un entorno seguro y propicio para que todas las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar sus actividades sin temor a represalias. Y, finalmente efectuar investigaciones imparciales sobre las denuncias enmarcadas en la violación del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, llevar a los autores a la justicia y proporcionar a las víctimas reparaciones efectivas.

Derecho a la participación en los asuntos públicos: el Comité alertó sobre las restricciones al espacio democrático en Venezuela y el uso indebido de los poderes públicos para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos y que la ciudadanía pueda inscribirse en el Registro Nacional Electoral y participar en las elecciones.

Por ello, el Comité le recomendó al Estado venezolano tomar las medidas necesarias para el disfrute pleno y efectivo del derecho a la participación política de todos los ciudadanos a través de elecciones justas, transparentes inclusivas y pluralistas.

Falta de independencia del Poder Judicial: el Comité mostró su preocupación por la falta de autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela que se encuentra vinculado con el partido oficialista y que le ha servido al gobierno para mantener el modelo represivo que viola sistemáticamente los derechos de la población venezolana.

Por ello, el Comité le recomendó al Estado venezolano tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad del poder judicial y del ministerio público y garantizar el libre ejercicio de sus funciones.

El Estado venezolano debe cumplir con las recomendaciones del Comité

Las observaciones y recomendaciones del Comité dan cuenta de que el Estado venezolano no ha cumplido con sus compromisos derivados del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y que tampoco ha cooperado con el Comité en cuanto al cumplimiento de las últimas recomendaciones emitidas por éste en el año 2015. Por el contrario, luego de casi una década en la que el Estado venezolano no había sido evaluado por el Comité, la situación de derechos en Venezuela se ha tornado aún más compleja, inmersa en una crisis de violaciones sistemáticas de derechos humanos,  bajo un sistema de represión, persecución y criminalización amparado por el aparato Estatal que se encuentra totalmente controlado.

Finalmente, y a pesar de que ha culminado la evaluación del Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos, las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité se convierten en compromisos que el Estado debe asumir, y por lo pronto, para el año 2026, el Estado venezolano deberá demostrar ante el Comité la implementación de mejoras en torno al menos tres aspectos fundamentales: la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y el derecho a la participación en asuntos públicos.