Este mes de septiembre está previsto que, durante el 57° periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tome una decisión en torno a la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Durante los cinco años de vigencia de su mandato, prorrogado en dos oportunidades, la Misión ha documentado las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, dejando constancia de la sofisticación de los mecanismos de represión, identificando a los posibles responsables y señalando el papel que ha cumplido el poder judicial cooptado por el Estado venezolano al facilitar esta política de represión.

Un grupo de expertos, integrado por Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz); Clara del Campo, encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional; y Calixto Ávila, abogado experto en derechos humanos de Provea; junto al periodista Luis Carlos Díaz, analizaron qué puede hacer la ONU por Venezuela ante la delicada crisis política que atraviesa el país, agravada por la intensificación de la represión post electoral.

Abordaje contundente de la crisis venezolana

Borges aseguró que Venezuela se encuentra en un momento de altísima incertidumbre. El país está transitando un escenario muy adverso, en el cual persisten las graves y masivas violaciones a los derechos humanos. A su juicio, «es crucial que la ONU, como un órgano que debe tener en el centro de su acción los derechos humanos, la paz, el desarrollo y la seguridad de las naciones, pueda abordar la crisis de Venezuela de una forma contundente y coordinada».

Dentro de estas acciones, la renovación del mandato de la Misión es clave para la documentación y visibilización de las violaciones a los derechos humanos, la rendición de cuentas y para que se mantenga un escrutinio internacional constante sobre el país, en medio de una represión generalizada, que se ha intensificado después del 28 de julio

Al respecto, 29 organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela, han recalcado que «tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca».

Venezuela es motivo de preocupación para los Estados Miembros de las Naciones Unidas, como también quedó demostrado con el pronunciamiento realizado por Argentina en nombre de 45 países, advirtiendo al Consejo de Derechos Humanos sobre la «grave crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que se ha acentuado aún más en el año 2024 en el marco del proceso electoral reciente». En el pronunciamiento se menciona la suspensión por parte de Venezuela de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y el empeoramiento de la situación de derechos humanos «a un ritmo alarmante».

Regresión de los derechos humanos en Venezuela

Calixto Ávila recalcó que se han necesitado muchos años de trabajo para llegar a establecer mecanismos de investigación y de seguimiento de la situación en Venezuela, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Sin embargo, para Ávila lo más preocupante es que a pesar del gran trabajo desplegado por las organizaciones de la sociedad civil y del respaldo de muchos Estados, así como de la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en Venezuela existe un proceso de regresión en los derechos humanos.

El Estado venezolano ha hecho grandes esfuerzos por minar el debate de derechos humanos en el Consejo, con el apoyo de un grupo de países aliados, alegando principios como la no intervención en asuntos internos, la soberanía, y la politización de los mecanismos, entre otros, con el objetivo de reducir su labor de monitoreo a solo cooperación y asistencia técnica, tratando de desacreditar y descalificar su actuación, evitando así el escrutinio internacional.

¿En qué están fallando estas instancias internacionales para atender una situación como la de Venezuela? Para Ávila que los memorandos de entendimiento suscritos por el Estado venezolano con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) y con la Fiscalía de la CPI sean confidenciales forma parte del problema, pues no se ha permitido que la sociedad civil monitoree su cumplimiento, puesto que se desconocen los acuerdos que contemplan.

Reforzar el trabajo de la Misión

Para Clara del Campo aunque el funcionamiento de este tipo de mecanismos dentro de la ONU pudiera parecer muy complejo, lo cierto es que constituyen los espacios más importantes que existen a nivel global para tratar problemas «que interpelan y preocupan a la humanidad en su conjunto».

Así ha quedado demostrado con el hecho de que Venezuela esté como tema prioritario dentro de los más de doscientos países que existen en el mundo. Para la representante de Amnistía Internacional «nos debería inyectar de esperanza que la ONU, en su ámbito global, ha decidido crear un panel de expertos investigadores independientes, que es esta llamada Misión de Determinación de los hechos para Venezuela», que ha dedicado cinco años de esfuerzos para investigar y determinar responsabilidades, «con miras a garantizar que los perpetradores de los crímenes y las violaciones de derechos humanos rindan cuentas y las víctimas tengan acceso a justicia».

Cree que el trabajo de este mecanismo y también el de la OACNUDH se puede reforzar denunciando el carácter de sistematicidad que tienen estas violaciones, que son como una cadena infinita de abusos dirigidos a un mismo fin: silenciar y coartar a la disidencia, entendida como cualquier forma de discrepancia o crítica, sea real o percibida. Esa sistematicidad refleja la responsabilidad de toda la cadena de personas que tienen capacidad de decidir sobre estas acciones, incluyendo los altos mandos.

Las víctimas en el centro del mandato de la Misión

La Misión tiene a las víctimas en el centro de su mandato. Su trabajo busca garantizar que tengan en algún momento acceso a la justicia. Y la otra finalidad que tiene este panel de expertos es documentar con rigurosidad de detalles lo que ocurre, acudiendo a múltiples fuentes, para impedir la impunidad.

La renovación de la Misión garantiza que estos expertos redoblen sus esfuerzos para continuar poniendo la mira sobre esas personas que cometen los crímenes que se están documentando exhaustivamente, «para lograr someterles a juicios independientes rigurosos y con todas las garantías».

El trabajo de la Misión ha permitido determinar y documentar patrones de persecución que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, que actualmente también son objeto de investigación por la CPI. La Misión, a lo largo de los años, ha ido construyendo confianza en la rigurosidad de su trabajo y en lo valioso que son sus aportes para el esclarecimiento de lo que ocurre en Venezuela. Un trabajo minucioso que se ha realizado a pesar de la prohibición de ingresar en el país.

El periodista Luis Carlos Díaz recordó que el trabajo de la Misión ha permitido incluso ponerle nombre a situaciones como el encarcelamiento de familiares de perseguidos políticos con el objetivo de obligarlos a entregarse para su detención, o de presionarlos para autoincriminarse. Este método nazi, conocido como “sippenhaft”, fue documentado por la Misión en sus informes.

Un mandato indispensable para establecer la verdad

Se espera que los Estados Miembros voten a favor de la renovación de un mandato que es indispensable en los actuales momentos para Venezuela. Estos países están recibiendo un caudal de información, que se ampliaría con la presentación de un nuevo informe por parte de la Misión en los próximos días, y que refleja claramente la crisis multidimensional, política, de derechos humanos, y humanitaria que atraviesa el país.

Para Clara del Campo, la mayoría de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos están dispuestos a tomar decisiones que permitan alcanzar una mejoría en la situación de derechos humanos en Venezuela, incluyendo la renovación del mandato de la Misión y del trabajo de monitoreo de la OACNUDH.

A juicio de Borges los Estados conocen esta información y saben incluso cómo opera de forma sofisticada este mecanismo de represión estatal en Venezuela, que ha tenido un efecto sobre todo aquel que exija derechos, pues se usa para generar miedo y desmovilizar a las personas con la finalidad de garantizar la permanencia en el poder del gobierno. La renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos es, para la directora de Cepaz, una de las acciones más contundentes que la comunidad internacional tiene que tomar en una crisis como la de Venezuela». Para Borges la renovación sería «un mensaje claro de que comunidad internacional no está dispuesta a tolerar la ocurrencia de estos crímenes atroces».

Exigir más de las Naciones Unidas

Los especialistas recomendaron además que se incluya en los próximos informes de la OACNUDH una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores, lo cual no se ha producido.

Es momento de que la ONU pueda desplegar un liderazgo audaz y coordinado, «empleando sus capacidades políticas, técnicas y de derechos humanos para dar respuesta a los venezolanos que sufren», concluyó Borges. Estamos en un momento de inflexión y requerimos un liderazgo para la paz y para los derechos humanos no solamente desde las Naciones Unidas, sino también de los países de la región. «Venezuela ahorita necesita la mayor atención posible y acciones y compromisos que puedan contribuir a la paz. No a una paz autoritaria, ni a una paz negativa, que es lo que quiere imponer el gobierno con el silencio, la represión y el miedo, sino la paz de los derechos y la garantía de la justicia». La situación en Venezuela está presente en la agenda internacional y debemos seguir trabajando para que así sea, concluyeron los expertos.