La sentencia N° 156, dada a conocer cerca de la medianoche del 29 de marzo, mediante la cual la Sala Constitucional del TSJ asume todas las competencias de la Asamblea Nacional o las delega a quien ella decida, coloca a Venezuela ante la disolución del parlamento por vía judicial.
No existe ninguna disposición constitucional que faculte al órgano judicial, designado mediante elecciones de segundo grado, a asumir las funciones de la Asamblea Nacional, órgano que representa directamente a la población.
La Sala Constitucional ha emitido medio centenar de decisiones que ha ido despojando progresivamente a la Asamblea Nacional de sus funciones legislativas, contraloras, de investigación y de designación, hasta suspender la inmunidad parlamentaria y finalmente asumir como suyas funciones que corresponden al poder legislativo.
El parlamento constituye un pilar fundamental de la institucionalidad democrática, ya que es un espacio de participación y expresión de los diferentes grupos que integran el país. Es el espacio en el que tanto los representantes electos, como las organizaciones y miembros de la sociedad civil pueden debatir y dialogar las diferentes propuestas para crear legislaciones y políticas públicas. En este sentido esta medida no sólo atenta contra el orden constitucional, sino que además la violación del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a cesar en el desconocimiento de la Constitución que ha sido evidenciado tras la publicación de las más recientes sentencias de la Sala Constitucional las cuales permiten la aplicación de medidas y acciones que socavan el hilo constitucional y rompen el orden democrático en Venezuela, y reafirman la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela y consolidando un régimen Dictatorial.
Finalmente instamos, nuevamente a que se tomen los correctivos necesarios para revertir cualquier decisión que viole la norma constitucional, desconozca el poder del voto popular representado en la Asamblea Nacional electa y que profundice el alejamiento del país de un sistema democrático, al respeto de las garantías fundamentales y los derechos humanos, a fin de recuperar la democracia y el Estado de Derecho, comenzando por restablecer y respetar las funciones de la Asamblea Nacional.
