El 20 de diciembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente (elegida de forma ilegal), aprobó en su plenaria un decreto constituyente meramente político a través del cual obliga, de forma inconstitucional, a las organizaciones con fines políticos Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, a volver a llevar a cabo su proceso de validación de nóminas partidistas para poder participar en los próximos procesos electorales, entendiendo que dichas organizaciones cumplieron con este procedimiento de forma oportuna en las fechas establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el año pasado.
El día miércoles 11 de enero de 2018 el CNE anunció a través de una nota de prensa que “el proceso de validación de organizaciones con fines políticos, ordenado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se realizará los días sábado 27 y domingo 28 de enero…”
El Artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones establece:
“La inscripción de los partidos políticos se cancelará:
a) A solicitud del propio partido, conforme a sus estatutos.
b) A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste.
c) Cuando hayan dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales…”
Entendiendo que Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática cumplieron de forma oportuna con el proceso para validar sus nóminas partidistas, y que no cumplen con ninguno de los supuestos estipulados en el Art. 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, consideramos que dicho proceso es totalmente ilegal y que acentúa el clima de conflictividad social y político en el país.
Rechazamos contundentemente estas decisiones, ya que consideramos que su único fin es eliminar a partidos que disienten de forma legítima del régimen que actualmente está al frente de Venezuela y manifestamos que este no debe ser un punto negociable en vista de que nuestro país es un Estado donde debe reinar el imperio de la ley, tal y como lo dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Nuestro llamado es a que se respete el marco legal venezolano, que los derechos políticos de los venezolanos no sigan siendo violados por el régimen, y que se creen las condiciones óptimas para las elecciones presidenciales que deben llevarse a cabo este año de forma oportuna y de acuerdo a lo establecido por las leyes de nuestro país.
La reconstrucción de nuestro país es tarea de todos los ciudadanos.
Suscriben
Pana Vota
Cadef
Centro de Justicia y Paz
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac))
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Acceso a la Justicia
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