A partir del 6 de diciembre de 2015 con las elecciones parlamentarias, y la obtención de la oposición venezolana de una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, evidenciamos como se ha venido desarrollando una lucha de poder entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN).

Bajo esta contienda política, el TSJ busca deslegitimar a la AN con un conjunto de sentencias que no solo afecta el Estado de Derecho, sino también ha violado ocho derechos políticos y cinco socioeconómicos, además de principios constitucionales básicos, con la única intención de violentar un poder público electo democráticamente y darle más poder al Ejecutivo.

A continuación se procede a mencionar las sentencias más relevantes que han afectado principalmente a los ciudadanos en materia económica, salud, libertad de expresión, participación política, derecho a la propiedad, entre otros:

• Sentencia Nro. 260 de la Sala Electoral, del 30 de diciembre de 2015, donde suspendió los efectos de las proclamaciones de diputados del estado Amazonas violando su inmunidad parlamentaria.
• Sentencia Nro. 327 de la Sala Constitucional, de 28 abril de 2016, señaló que Ley de Bono de Alimentación para pensionados queda sujeta en su implementación y vigencia, a la aprobación del Presidente, dejando un limbo jurídico.
• Sentencia Nro. 343 de la Sala Constitucional, del 6 de mayo de 2016, señaló que Ley que otorga propiedad a beneficiarios de Gran Misión Vivienda Venezuela es inconstitucional.
• Sentencia 460 de la Sala Constitucional, del 9 de junio de 2016, declara la inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud que había sido sancionada por la Asamblea Nacional.
• Sentencia Nro. 618 de la Sala Constitucional, del 20 de julio de 2016, que limita severamente las facultades contraloras que tiene la AN sobre las operaciones que realice el Banco Central de Venezuela.
• Sentencia Nro. 814 de la Sala Constitucional, del 10 de octubre de 2016, ratifica el supuesto desacato de la AN, declarando que sus actos son nulos e inválidos y dispone que el Presidente puede dictar un Decreto Ley de Presupuesto para el año 2017. Así mismo ratifica el Estado de Excepción, inconstitucionalmente, el cual le permitiría dictar Leyes Habilitantes al Presidente, sin que se le haya otorgado una Ley Habilitante por la AN.
• Sentencia Nro. 939 de la Sala Constitucional, de fecha 4 de noviembre de 2016, declaró nula la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sancionada por la AN e insiste en el desacato, por lo tanto, todos sus actos son nulos y sin validez alguna.