La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) rechaza las actuaciones de las fuerzas de orden público que han participado en las manifestaciones pacificas desde el 01 de abril, utilizando métodos represivos contra los manifestantes que han afectado centros de salud y zonas residenciales, los cuales han puesto en riesgo la integridad física y la vida de las familias venezolanas, muchas de ellas con personas en condiciones crónicas que, atrapadas en sus viviendas o siendo atacadas con bombas lacrimógenas y otros artefactos, han sido perturbadas tanto física como psicológicamente.

El uso desproporcionado y sistemático de la fuerza contra manifestaciones pacíficas es una violación a los derechos humanos y, más aun, el empleo indiscriminado de estos métodos por parte de funcionarios del Estado contra edificios y centros de salud, constituyen ataques a la población civil que compromete a quienes dan las órdenes y las ejecutan y a quienes no lo evitan, en gravísimas lesiones a los derechos humanos, justiciables a nivel nacional e internacional.

Igualmente rechazamos órdenes presuntamente emitidas por órganos del Estado que han prohibido la intervención de organizaciones de protección civil y asistencia médica en los sitios de concentración y recorrido de las manifestaciones, incluyendo la detención arbitraria de personal médico, como ocurrió con el doctor Oscar Noya, quien voluntariamente se encontraba en el sector de Santa Mónica en la ciudad de Caracas, con la intención de ayudar a los manifestantes, frente a graves riesgos de asfixia, contusiones y heridas de perdigón e incluso de balas.

El control del orden público debe estar en manos de civiles y no de militares, debe regirse por normas nacionales e internacionales de derechos humanos, resguardando el derecho a manifestar pacíficamente sin que ello represente riesgos para la vida o daños a la salud. Es responsabilidad del Estado garantizar todos los manifestantes el acceso a medios de rescate, atención y soporte, oportunos, adecuados y seguros, para la protección de su salud e integridad física, así como garantizar el resguardo de los centros sanitarios y residencias privadas, conforme al derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En este sentido, deploramos los tres ataques con bombas lacrimógenas contra centros de salud en Caracas contabilizados hasta el momento: el más reciente y preocupante ocurrido el jueves 20 de abril en el Materno Infantil de El Valle obligando a la evacuación de 54 niños ante la asfixia provocada por dichas armas de dispersión. La Policlínica Las Mercedes y el Centro Salud Chacao fueron las primeras instituciones en sufrir los embates de la armas de control público el 10 de abril.

Además, exhortamos al Gobierno a garantizar la seguridad de los pacientes que se encuentren en todos los centros de salud, así como el cese de las órdenes que impiden la intervención de organismos de rescate durante las manifestaciones, y las amenazas emitidas contra el grupo de Primeros Auxilios de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV).