Año tras año, cifras y testimonios de cientos de miles de personas en el continente, evidencian el progresivo deterioro de las condiciones de vida y la garantía de los derechos, motivos que obligan a migrar a hombres, mujeres y menores de edad, estos últimos muchas veces no acompañados, condición que les hace más vulnerables a sufrir diversas formas de violencia.

La pandemia profundizó las brechas y desigualdades que golpean con mayor fuerza a personas en condiciones de vulnerabilidad y, pese a las medidas adoptadas por los gobiernos para la reactivación, la crisis sanitaria ha dejado efectos colaterales de orden político, económico y social que impactarán al continente, especialmente a los más vulnerables, al menos durante la presente década. Es por esto que desde la Coalición de Movilidad Humana de las Américas pedimos a los Estados trabajar conjuntamente sobre los siguientes puntos:

1. Que los Estados garanticen el acceso a planes de vacunación para la población refugiada y migrante, sin importar su origen y condición migratoria; y, teniendo en cuenta las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia sobre esta población, les incluyan dentro de los planes de reactivación económica, teniendo especial atención sobre el sector laboral informal, del cual depende en gran porcentaje la población migrante.
2. La respuesta en materia migratoria debe ser abordada desde el enfoque de derechos humanos y género, garantizando los principios de no devolución, unidad familiar, la prohibición de rechazo en frontera y el acceso fácil a los mecanismos para buscar y recibir refugio. La pandemia ha sido usada por muchos Estados como pretexto para restringir el paso por sus fronteras y limitar el acceso a protección, e inclusive se han dado deportaciones sin debido proceso y expulsiones masivas que son contrarias a los estándares internacionales. Esto ha obligado a la población migrante a cruzar pasos informales o esperar en condiciones de hacinamiento a que se habiliten corredores humanitarios, poniendo en riesgo su vida e integridad. En ese sentido hacemos un llamado a que se garantice a las personas una migración segura, humanitaria, coordinada y con las debidas medidas de bioseguridad.
3. Es necesario garantizar la igualdad de derechos económicos, sociales y culturales de la población refugiada y migrante. Para tal fin, hacemos un llamado para que se brinde de manera permanente, accesible y flexible el acceso a rutas de regularización migratoria y a la condición de refugiado, así mismo se garantice a las personas regularizadas el acceso a la oferta institucional en educación, salud, empleo, vivienda y demás derechos contemplados dentro de los compromisos derivados de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados.
4. Persiste la vulneración de derechos a población con mayor riesgo de afectación: mujeres, menores de edad, población LGBTQ+, afro e indígena, al ser víctimas de redes de crimen e incluso discriminados por agentes estatales. La situación de migraciones forzadas exigen de parte de los Estados considerar la elaboración de una Convención sobre Movilidad Humana en las Américas que permita una mejor atención al contexto, con políticas de Estado oportunas que garanticen coordinación y corresponsabilidad para abordar las causas y retos de la creciente migración forzada en el continente.