La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), emitieron el pasado 15 de agosto un comunicado en el que no solo condenan las «prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política», sino que profundizan en los patrones de la represión que ya habían sido observados por la CIDH en las protestas de los años 2014 y 2017.

Para la CIDH la nueva oleada de represión, desatada tras el anuncio del resultado de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que fue emitido sin la verificación contemplada en la normativa electoral y que desencadenó un contundente rechazo tanto de la población venezolana como de la comunidad internacional, tiene como propósito servir de «herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder».

Recuerda el comunicado que el 17 de octubre de 2023, el gobierno venezolano y los representantes de la oposición firmaron el «Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos», conocido como el Acuerdo de Barbados, «que establecía el compromiso de llevar a cabo elecciones presidenciales pacíficas con observación internacional. Sin embargo, en el período preelectoral, el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política mediante un patrón de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y a sus posibles simpatizantes».

Adicionalmente, el Estado venezolano impuso múltiples limitaciones al ejercicio del voto en el extranjero, y negó la participación como observadores de diversas misiones independientes. También se «intensificó la persecución política, hostigamiento y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, activistas y periodistas».

A juicio de la CIDH el anuncio de Nicolás Maduro de un «baño de sangre y una guerra civil en el país» si la oposición obtenía la mayoría en las urnas tuvo como objetivo «infundir terror en la población y generar un efecto paralizador de la participación ciudadana en el proceso».

El CNE sigue, a la fecha, sin publicar las actas electorales desglosadas, a pesar de las múltiples denuncias «tanto de votantes como de personas voluntarias que actuaron como testigos de mesa y observadoras» durante los procesos de transmisión de las actas, conteo de votos y auditoría ciudadana, así como de las declaraciones del Centro Carter que señalan que el proceso no cumplió con los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y, por lo tanto, no puede considerarse una elección democrática, y de la publicación del informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas que, entre otras consideraciones, señala que las elecciones no cumplieron con los principios esenciales de transparencia e integridad y que la falta de resultados detallados no tiene precedentes en elecciones contemporáneas. También la OEA, en un informe presentado el 30 de julio, «detectó errores aritméticos en los datos presentados por el CNE».

Añade la CIDH que fue presentado un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para certificar los resultados, a «pesar de que la autoridad competente para tal fin es el Poder Electoral». Al respecto, el órgano de la OEA advierte «en el Capítulo IV.B de su Informe Anual la ausencia de un Poder Judicial independiente y la cooptación del TSJ por parte del Poder Ejecutivo».

«La falta de publicación oportuna de las actas electorales genera una profunda desconfianza en los resultados anunciados por el CNE y, junto con las demás irregularidades registradas durante el proceso, afecta gravemente los derechos políticos de la ciudadanía», advierte la CIDH. También hace un llamado a que Venezuela cese «las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho».

Entre los patrones en los que profundiza el comunicado de la CIDH están: i) uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas; ii) detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; iii) persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales; iv) censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; y v) obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.

La CIDH y la RELE también «hacen un llamado a la comunidad interamericana a reconocer esta grave situación, mantenerse vigilante frente a la escalada represiva y velar por la protección tanto de la información electoral disponible como de la ciudadanía que la ha salvaguardado. Asimismo, insta a activar de forma concertada canales diplomáticos tanto bilaterales como multilaterales para la transición a la democracia».

Consulte el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) aquí