¿Cuáles son los retos electorales que plantea el Covid-19 para Venezuela?, esa fue la interrogante que unió en una tertulia virtual a cuatro expertos venezolanos en el tema electoral: el politólogo y profesor universitario Héctor Briceño; el sociólogo y politólogo Juan Manuel Trak; el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez y el politólogo y consultor Jesús Castellanos Vásquez.

La cibertertulia, moderada por Carmen Beatriz Fernández, experta en marketing político y ciberpolítica, fue organizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD). También estuvieron presentes Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz y Griselda Colina, directora del OGCD.

Carmen Fernández señaló que los obstáculos formales para la realización de elecciones libres en Venezuela ya han sido bien estudiados, pero ahora están «aderezados» por un fenómeno transglobal como lo es la pandemia de COVID-19, que impone nuevos retos a la conducción de procesos electorales.

Aunque es un tema reciente, se han visto un par de ejercicios electorales en el mundo en medio de la pandemia, explicó Fernández. Y aún los experimentos más exitosos, como el de Corea del Sur, dejan mucho que pensar en cuanto al poder desmedido que adquieren los gobiernos en la conducción de un proceso electoral en estas condiciones.

Es necesario votar en condiciones que no pongan en riesgo la vida de la gente

Héctor Briceño presentó los retos que el COVID-19 representa para la política venezolana desde una perspectiva comparada con el resto del continente, e incluso del mundo. Cerca de 70 países tenían programados eventos electorales en el primer trimestre de 2020, y 50 de ellos decidieron posponerlos, mientras que los otros 20 los llevaron a cabo con resultados muy variados.

En todos ellos, el principal reto electoral frente a la pandemia es cómo evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis institucional y por ende en una crisis política. Dicho de otra manera, ¿cómo conseguir un equilibrio entre el riesgo que significa para la democracia no realizar elecciones y la obligación de proteger las vidas de las personas?

En el caso venezolano, la pandemia  llega en medio de una profunda crisis política existente. El COVID-19 se convierte en otra incógnita a resolver en medio de una ya complicada ecuación. Venezuela ha enfrentado un continuo deterioro del sistema electoral en los últimos veinte años. Acelerado luego del triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2015, que fue la última que cumplió con los minimos requisitos necesarios para ser considerada democrática, aseveró Briceño.

A partir de entonces se han realizado varios procesos electorales, como el de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), gobernaciones, el presidencial y un par de eventos municipales, que se convirtieron todos y cada uno de ellos en agravantes de la crisis política.

En todos esos procesos, las condiciones electorales per se se deterioraron cada vez más: se ilegalizaron partidos políticos de oposición; la empresa Smarmatic se retiró luego de denunciar diferencias entre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los recogidos por el sistema automatizado; los electores y centros electorales fueron redistribuidos por motivos políticos; la crisis migratoria movilizó a una proporción realmente importante de venezolanos, equivalente a cerca del 15% de los electores, reconfigurando tanto el registro nacional como su distribución en el territorio nacional , e incluso en el mundo.

Más, recientemente, experimentamos el incendio de los galpones del CNE, que destruyó casi la totalidad de la plataforma del ejercicio del voto automatizado, dijo Briceño. No se puede dejar de mencionar que las autoridades electorales se mantienen en un estado de ilegitimidad, y que la credibilidad y confianza en las elecciones se encuentran en un nivel muy bajo. No es exagerado afirmar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano.

En esta complicada situación, el COVID-19 ha llegado para convivir, y no solamente como un elemento coyuntural que desaparecerá luego de semanas o meses de cuarentena, pues según lo anunciado el 13 de mayo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es muy probable que el COVID-19 haya llegado para quedarse como un virus endémico, lo que significa que, al menos en el corto y mediano plazo, hay que adaptarse y reconciliar esos derechos, que antes convivían en equilibrio y hoy se encuentran enfrentados: seguridad versus libertad, y derecho a la vida versus derecho a elegir.

En Venezuela no existe un evento que logre movilizar al mismo tiempo a tantas personas como lo hacen las elecciones, lo que lo convierte en el evento de mayor riesgo para la propagación del virus. Pero un proceso electoral no se desarrolla únicamente el día de las elecciones. Actividades como el registro de electores o la capacitación de personal, campañas y auditorías, conforman una cadena de potenciales focos que podrían poner en riesgo la viabilidad del evento, pero también la vida de miles y hasta millones de personas, explicó Briceño. Es imprescindible buscar soluciones que no nos obliguen a escoger entre derechos. Es necesario votar en condiciones que no pongan en riesgo la vida de la gente.

Aseguró que el gobierno ha utilizado la pandemia para afianzar su control político, encarcelando a periodistas, amenazando a intelectuales, persiguiendo a opositores. La oposición por su parte también ha querido aprovechar la pandemia para continuar acorralando internacionalmente al gobierno, posicionando su legitimidad internacional, como llave de acceso a la ayuda humanitaria y para generar con ello la presión necesaria para producir un cambio político.

A su juicio, en este escenario el principal reto que tenemos los venezolanos frente a la pandemia es que no se convierta en una herramienta electoral, ni para el gobierno, ni para la oposición, incentivando o no a los electores, al crear condiciones que pongan en peligro la vida de un determinado grupo. Es necesario también entender que la elección parlamentaria que tenemos por delante no es una más, sino que es la elección de la última institución legítima que queda en el país.

Elecciones como punto de partida para liberalizar el sistema político

Para Juan Manuel Trak la pregunta cental es ¿cuál es el papel de las elecciones en un contexto no democrático?, ¿Para qué las elecciones en este contexto?

Señaló que habla de un contexto no democrático porque caracterizar al régimen político venezolano es cada vez más difícil. Ha sufrido mutaciones a lo largo del tiempo. En los últimos 20 años pasó de una democracia a un régimen que se consolidó como un autoritarismo competitivo.

En los procesos electorales siempre hubo una incertidumbre sobre los resultados. Cuando esa incertidumbre se volvió en contra del gobierno en las elecciones de 2015, ocurrió una nueva mutación. Ya no se celebran elecciones, sino que se posponen mientras el gobierno trata de generar una nueva tecnología para controlar el proceso electoral y «poner la cancha a su favor», pues ya no era suficiente lo que venía haciendo en el pasado. Así, las elecciones terminan siendo un medio para un proceso paulatino de «democratización». La pregunta es si la estrategia maximalista de las elecciones como punto de llegada es efectiva, o hay que comenzar a ver las elecciones como punto de partida de pequeñas victorias que busquen la liberalización del sistema político, agregó Trak.

Si se ve la elección como el «todo o nada», como una manera de sustituir al régimen de una vez, Trak cree que no hay una visión realista de lo que significa una elección en un sistema no democrático, que ya no parece un autoritarismo competitivo, sino hegemónico.

La pandemia le da una estocada a la organización política y social en Venezuela, al permitir al gobierno mantener a la gente en sus casas y reducir los lazos y las formas de interacción sociopolítica, y con ello la probabidad de generar una organización eficaz es mucho más baja.

Trak afirmó que si bien las herramientas tecnológicas podrían servir para estos fines, hay que considerar que Venezuela es de los países con peor conectividad de internet y con más limitaciones al libre acceso a la información y donde también hay una mayor persecución a los periodistas.

Lo primero que toca pensar es cómo reunificar a la oposición, enfatizó. Es un momento para repensar, en paralelo a otros procesos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales la oposición articula sus esfuerzos políticos y sociales para tratar de ir legalizando el sistema político. Habría que buscar las fortalezas que se tienen en este momento y tratar de llevar adelante un nuevo frente social y político, que trate de ir arrancando los pequeños elementos que vayan a liberalizar el sistema político. La situación con el COVID-19 complejiza este esfuerzo que ya es necesario y los errores propios de la oposición no ayudan.

Hay un camino medio que transitar, pero parece que al no ser popular, mucha gente no está dispuesta «a ni siquiera empezar a hablar cómo es ese camino medio». Estas condiciones políticas se suman a la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

Hay que identificar dentro de la coalición dominante cuáles son las fortalezas y debilidades, a partir de las cuales podamos vislumbrar que haya alguna parte de esa élite que está dispuesta a liberalizar el sistema político, concluyó.

¿Ejercer los derechos políticos o contagiarse?

Por su parte, Eugenio Martínez recalcó que la forma tradicional de organizar elecciones en este momento puede convertir a cualquier evento electoral en un proceso de riesgo potencial de contagio de coronavirus. En líneas generales, el coronavirus va a cambiar la forma en que entendemos cómo se hace la política y cómo se hacen las elecciones. De hecho, lo peor que puede ocurrir es que coloquemos a los electores en el dilema de ejercer sus derechos políticos o contagiarse.

En Venezuela, antes del coronavirus, teníamos ya consideraciones políticas y demandas de lo que tendría que ser un evento electoral, y a partir de marzo se agregaron los análisis técnicos de lo que tendría que ser una reconstrucción electoral, una vez que se perdió (con el incendio) el 98% del hardware. Y ahora, lo más difícil, tenemos condiciones sanitarias a la elección.

Hablar de una elección en Venezuela requiere inevitablemente de hablar de condiciones políticas, técnicas y sanitarias, dijo Martínez. Tal vez en este momento lo que menos se está abordando en el país son las condiciones sanitarias de un proceso electoral. Toda la región que tenía procesos que fueron pospuestos, casos República Dominicana, Urugay y Paraguay, están repensando cómo van a hacer la elección, sea a través del voto remoto o de escalar la votación, es decir hacer la jornada en varios días.

Habría que ver lo que significa en Venezuela, por ejemplo, hacer una elección en varios días, lo que implicaría adoptar un sistema de voto remoto con la calidad de internet que tenemos y la inseguridad digital que se afronta en el país.

En condiciones generales, al menos son 40 las etapas de un proceso electoral que son fuentes potenciales de contagio de COVID-19, así que implica que hay que organizar y repensar todo el proceso, desde cómo se hace campaña hasta cómo se registran los electores, incluyendo las jornadas de votación (filas, limpieza de máquinas, control de documentos).

Para Venezuela el proceso es más complejo, porque a las condiciones políticas hay que sumar las sanitarias. El debate tiene que empezar por garantizar un arbitraje electoral imparcial. No tiene sentido que el actual CNE aborde ni la reconstrucción del sistema de votación, ni las garantías sanitarias para el proceso. Desafortunadamente, el tema del COVID-19 le da a los factores políticos que no quieren la elección un argumento mucho más poderoso ahora para oponerse a la celebración de un proceso electoral, finalizó.

Es necesario llegar a acuerdos

Para Jesús Castellanos celebrar elecciones en Venezuela es significativamente distinto, no solamente de los países de la región, sino del mundo. La inexistencia de un órgano electoral transparente y confiable de alguna manera impide la posibilidad de realizar una elección que sea íntegra. Y a eso debemos sumar la inexistencia de lo que significa el estado de derecho, la ilegalizacion de los partidos politicos y la reducida posibilidad de participación de una parte significativa de la ciudadanía, así como el manejo del derecho a la libertad de expresión e información.

No deberíamos celebrar elecciones en esa pandemia si no contamos por lo menos con las condiciones mínimas. Hay un esfuerzo importante de las organizaciones de la sociedad civil venezolana de tratar de establecer lo minimo necesario para poder llevar a cabo una elección que cumpla con los estándares internacionales.

Pero además de eso, en el caso venezolano es necesario que exista una evaluación del manejo de la pandemia. Las cifras oficiales, la poca transparencia y rigurosidad en manejo de los casos y la persecución a quienes divulgan información sobre el COVID-19, hace que sea muy riesgoso plantear unas elecciones en Venezuela.

Castellanos manifestó la necesidad de llegar a un acuerdo nacional entre oposición y sector oficialista, para poder preparar una elección que cumpla con las condiciones mínimas.

Una vez logrado ese acuerdo, hay muchas recomendaciones que se pueden seguir y que han sido dadas por académicos e instituciones especializadas. Lo primero es revisar el marco legal existentes en el país, no solamente para postergar elecciones, sino para saber también hasta qué punto, y para plantear ciertas innovaciones que se hacen necesarias en un contexto totalmente distinto, incluyendo el voto en el extranjero, que en el caso de los venezolanos es un tema fundamental, dada la cantidad de personas que están en estos momentos fuera del país; así como ver las buenas prácticas de otros países, revisar los protocolos de seguridad de los centros de votación y finalmente el apoyo, la asistencia y asesoría de la comunidad internacional.

Consensos

Héctor Briceño señaló los consensos existentes entre los participantes en la tertulia virtual:  la necesidad de reconstruir unas condiciones mínimas de confianza; la urgencia de la elección de nuevas autoridades del CNE; partir de un consenso político y nacional, más allá de los partidos políticos, de acuerdo al ordenamiento; y que la elección no puede ser vista como «de vida o muerte», sino como un paso más en la ruta hacia la democratización.

Para Eugenio Martínez, en un escenario como el venezolano, donde los estados de alarma y de excepción se han prorrogado varias veces, se debería suponer que aunque se supere la étapa álgida de la pandemia, seguramente esta se seguirá usando como excusa para limitar aun más la capacidad de organización de los partidos políticos opositores a Nicolás Maduro.

El escenario será para estos partidos mucho más restrictivo para hacer campaña. Como es de esperarse, el actual CNE debe estar trabajando para restituir la maquinaria electoral, y de producirse la designación de nuevas autoridades estas deberán trabajar en base a decisiones tomadas por las anteriores, lo que sería una especie de «camisa de fuerza técnica» si el sistema no se adapta a los requerimientos del software. Si en estos momentos tuviésemos una nueva institucionalidad electoral, avanzaríamos en obtener las respuestas a todas las interrogantes que puedan surgir.

Castellanos señaló que confía en el que el trabajo desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil, como Cepaz y el OGCD, que han levantado información, creando puntos de encuentro y propiciando que se puedan sentar las posturas antagónicas a conversar, es un camino andado que posibilita los acuerdos.

Para Trak el primer paso es desbloquear a los partidos políticos y diputados que no pueden participar. Permitirles el derecho a participar de manera activa y pasiva a estos actores políticos hoy imposibilitados de hacerlo. Es necesario como mínimo el reconocimeinto de ambos bandos. Hay que exigir por ejemplo que a la sociedad civil se le deje hacer su trabajo y que además sea la interlocutora entre dos actores, ya que cada uno reclama ser el gobierno.

Algunas posturas apuestan a un estallido social, y Trak recuerda que no ha habido un estallido social exitoso, lo que hay son politizaciones de esos movimientos sociales y de ese estallido social pasas a un movimiento social.

¿Voto manual o automatizado?

Briceño expresó que hay grupos que han visto en el incendio de la maquinaria electoral una ventana para el regreso del voto manual. Por su parte Martínez expresó que preferiría un sistema automatizado para transmitir las actas, y no darle así a los efectivos militares la responsabilidad de llevar las catorce mil actas de votación (modalidad de voto manual) y trasladarlas a un centro de transcripción de resultados.

A su parecer, en la dinámica venezolana hablar de voto manual no tiene sentido. A lo mejor Venezuela necesita un estatuto electoral de transición para dos años en pro de mejorar las competencias y misión del CNE.

Martínez dijo que optaría por el voto automatizado y un estatuto electoral que ponga en blanco y negro lo que puede hacer un nuevo CNE y en cuánto tiempo debe hacerlo.

Para Briceño desarrollar una nueva plataforma electoral es una oportunidad para darle voz y voto a quienes tuvieron que salir del país, huyendo de las dificultades de los últimos años.

Castellanos opinó que pueden revisarse diversas modalidades de votación,  ver las buenas prácticas, el voto anticipado, la posibilidad de votar dos o más días, así como el voto a distancia por internet para venezolanos en el exterior.

Briceño concordó con Castellanos al comentar que una de las demandas de la pandemia es la construcción de sistemas electorales híbridos, donde se solapen diversas formas de votación, que permitan y cumplan los requerimientos para los distintos grupos poblacionales.

Trak sostuvo que la tecnología puede dar una buena oportunidad para ir abriendo los espacios de decisión.

Elecciones y derechos

Por su parte Griselda Colina expresó que para la sociedad civil y para los defensores de derechos humanos, las elecciones y los procesos electorales son un tema de participación ciudadana, de derechos civiles y políticos. En ese sentido, la elección no es solamente una vía para llegar al poder, sino una vía de expresión para los ciudadanos.

Por ello se han realizado encuentros que permiten conocer las diversas posturas y las propuestas para hacer unas elecciones libres en Venezuela, de las cuales destacó que existe claridad en que una elección debe que ser producto de un acuerdo político y que la elección perfecta no se va a dar, por lo tanto es necesario pensar en unas elecciones libres, posibles, con garantías y condiciones, incluyendo la garantía de que el voto va a ser respetado, lo que abonaría el retorno a la confianza en el sufragio, que está fracturada, y la posibilidad de la asistencia electoral de las Naciones Unidas (ONU) para reconstruir la ruta electoral.

Derecho a recuperar la democracia

Beatriz Borges, directora de Cepaz, sostuvo que la etapa previa al COVID-19 hablaba de una cantidad de retos a superar en el término de poder tener procesos transparentes y auténticos en Venezuela, que sirvan como respuesta para el cambio político. El COVID-19 presenta ahora retos particulares que se unen a los que ya estaba enfrentando Venezuela. «Es como afrontar una dobe pesadilla que convierte la situación a enfrentar en muy retadora».

Sin embargo, destacó que parte de lo que se ha hecho desde Cepaz, el OGCD, el Movimiento Ciudadano Dale Letra y Sinergia es poder hablar acerca de que la democracia no se suspende y que todos los derechos humanos son importantes y si bien se puede hacer ponderación de los derechos, los Estados deben garantizarlos todos. Es tan importante el derecho a la salud, como el de todos los venezolanos a recuperar su democracia.

No podemos suspender indefinidamente el derecho a tener tener derechos humanos y a recuperar la democracia, pues a pesar de todos esos retos, las elecciones siguen siendo el camino pacífico, finalizó Borges.