Beatriz Borges: “Las denuncias registradas pasan a ser catalogadas como violaciones a los derechos humanos, desde el momento en que el Estado no hace nada para garantizar el respeto a tales derechos”
Caracas, 16 de marzo de 2016.- Votar se ha convertido en un asunto riesgoso en Venezuela pese a ser un derecho constitucional establecido en el artículo 63 de la Carta Magna. Y es que la polarización política ha llevado a ciertos grupos a atentar de alguna manera contra quienes buscan expresarse por una corriente ideológica contraria.
En las más recientes elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015 en Venezuela, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), registró 273 denuncias de violaciones de derechos humanos, las cuales quedaron plasmadas en su informe sobre la primera experiencia nacional de veeduría ciudadana elaborado en 10 estados del país (Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Nueva Esparta y Bolívar), el cual fue presentado con el título “Derechos Humanos en el contexto electoral”, a cargo de Andrea Santa Cruz.
El palmarés de derechos vulnerados lo conforman el derecho al sufragio y al voto con 84 y 57 casos registrados, respectivamente; el derecho a la integridad personal con 19 casos; la libertad de expresión, 18; la libertad personal, 11; el libre tránsito, 6; el derecho a la asociación, 1 y denuncias sin derecho identificado, 62 casos.
El pasado mes de noviembre, el Cepaz convocó el I Encuentro Nacional de Redes de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos para activar la Red de Activistas Ciudadanos en todo el país a fin de trabajar con las comunidades y empoderar a los electores de cara al proceso parlamentario del 6D.
Los 282 veedores se movilizaron antes, durante y después de las elecciones parlamentarias ante situaciones de tensión generadas en el país por diversas causas como el decreto de Estado de Excepción para los estados fronterizos, aprobado por el Ejecutivo y convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia y la anterior Asamblea Nacional; la designación irregular de los rectores del Consejo Nacional Electoral, el 26 de diciembre de 2014 por la Sala Constitucional del TSJ; la demora en la fijación de la fecha para los comicios electorales el 22 de junio de 2015; las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General de la República; la no elección de los diputados al Parlatino de forma universal, directa y secreta; la exigencia extemporánea de la paridad de género; la presunta manipulación del índice poblacional por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el CNE; la no publicación de indicadores económicos por parte del Banco Central de Venezuela (BCV); la situación de escasez y desabastecimiento; la sentencia condenatoria de Leopoldo López y los estudiantes; la prisión sin condena de diversos ciudadanos por razones políticas; la censura y autocensura de los medios de comunicación social; la presencia del partido denominado MIN-UNIDAD, que generó confusión; el ventajismo electoral del Estado y el asesinato del Secretario General de AD en Guárico, Luis Manuel Díaz, ocurrido el 25 de noviembre de 2015 durante un mitin político.
Los veedores tuvieron la oportunidad de brindar apoyo y asistencia, a la vez que documentaron, denunciaron u orientaron y difundieron la información recabada en los centros de votación en riesgo o voto restringido por diversas condiciones: ubicación en edificios de la Misión Vivienda, centros penitenciarios y destacamento militar en frontera, entre otros factores.
La red de activistas recibió denuncias de 10 estados mencionados donde tenía veedores, además de los estados Aragua, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara y Vargas.
La entidad federal que tuvo mayor recurrencia en denuncias fue Distrito Capital con 84; seguido del estado Mérida con 31; Miranda 30; Nueva Esparta 27; Carabobo 23; Anzoátegui 14; Trujillo y Zulia con 7 casos; Bolívar y Táchira 6 casos; Aragua 5; Guárico 3; Cojedes y Lara con 2 casos cada uno y Falcón y Vargas con 1 caso. Por ejemplo, en los estados bajo régimen de excepción (Zulia y Táchira) predominó la restricción durante la campaña electoral por la prohibición de libre tránsito.
El informe reporta 83 casos de obstrucción al sufragio; 41 denuncias por ventajismo electoral; 39 por publicidad extemporánea; 10 por voto asistido (más de una persona); 12 denuncias por amenazas, hostigamiento e intimidación; 8 denuncias por actos violentos sin lesionados; 5 por abusos del Plan República; 4 denuncias por detención arbitraria; 3 denuncias por negarse a admitir la votación; 3 por actos violentos con lesionados; 2 por uso de documento falso; 2 casos de destrucción de material electoral; un caso de corrupción; un caso de difusión de resultados electorales y un caso por posesión de arma de fuego en proceso electoral.
Veeduría ciudadana
De acuerdo con lo referido por la directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, la acción de veeduría ciudadana por los DDHH busca “empoderar a los ciudadanos para que desde la acción individual o colectiva, desarrollen actividades vinculadas con la defensa de las libertades públicas, los derechos humanos y los valores de la democracia en el marco del Estado de Derecho”.
Para la también profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), las elecciones parlamentarias son y serán siempre una oportunidad para lograr el equilibrio de poderes necesario en una sociedad democrática; la Asamblea Nacional es una institución creada para que los ciudadanos puedan ejercer su voz frente a los problemas del país y para traer cambios positivos a los problemas del país. “El derecho a participar en las elecciones parlamentarias, une a todos los ciudadanos sin distingo alguno por el bien del país”, resaltó Borges.
Durante los comicios legislativos, Cepaz y toda la red de activistas ciudadanos brindó al electorado vulnerado el acompañamiento legal (documentación, denuncia y difusión). Todas estas denuncias fueron canalizadas de manera confidencial.
Borges enfatiza que las denuncias registradas pasan a ser catalogadas como violaciones a los derechos humanos, desde el momento en que el Estado no hace nada para garantizar el respeto a tales derechos. “Parte del problema es que los denunciantes no conocían con exactitud el derecho específico que le había sido vulnerado, por eso tenemos que seguir fortaleciendo la conciencia ciudadana”, señaló.
Por su parte, Carmen González, representante de la Asociación Civil Saber es Poder y coordinadora el equipo de veedores de Caracas, informó que las violaciones al derecho al sufragio y al voto ocurrieron, en su mayoría, por acciones que inhibieron a los ciudadanos a ejercer su derecho como motorizados que apoyaban a un partido y cerraron las vías de acceso; la colocación de puntos rojo en las esquinas de los centros de votación en los cuales se verificaba quién salía a votar y el voto asistido no solicitado.
González constató además que si bien los ciudadanos saben cuáles son sus derechos, desconocen a dónde acudir o ante quién acudir para denunciar ciertas irregularidades.
Recomendaciones y conclusiones
En el informe “Los DDHH y el proceso electoral 6-D”, Cepaz hace un conjunto de recomendaciones a considerar para las próximas jornadas electorales, entre ellas mejorar la propaganda del CNE con respecto al llamado a votar, resaltando la garantía del secreto del voto; mejorar la capacitación de los miembros de mesa; optimizar el modelo de financiamiento de las campañas electorales; revisar el diseño de las circunscripciones electorales; brindar seguridad jurídica de forma que los electores perciban respeto a su voluntad; garantizar un cobertura equilibrada de los medios; brindar información constante al votante y; mejorar las condiciones para que haya una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil venezolana y la observación internacional, en los procesos electorales
Prensa Cepaz
