El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), presentó el Informe Persecución Política en Venezuela (Identificación diferenciada de patrones de persecución en actores disidentes y seguimiento de casos), en el cual analizó la existencia de prácticas reiteradas y sistemáticas de persecución a la disidencia política por parte del Gobierno venezolano.
La presentación estuvo a cargo de la directora ejecutiva de Cepaz, la abogada Beatriz Borges y la abogada e investigadora Úrsula Straka. Como analistas estuvieron presentes el político y abogado Ramón Guillermo Aveledo y el abogado y politólogo Luis Salamanca.
Según Borges, el objetivo de este informe fue dar seguimiento y continuidad a los ocho patrones de persecución que ya fueron analizados durante el año 2014 y demostrar que, lejos de disminuir, la persecución se ha tornado más intensa y ha involucrado a otros actores políticos.
Por su parte Úrsula Straka mencionó que el Gobierno ha radicalizado su postura y ha aislado a Venezuela de todo contacto con el exterior, y ha usado la hegemonía comunicacional como una forma de imponer su ideología.
Luis Salamanca centró sus comentarios en la naturaleza del régimen político actual, y lo que puede ser considerado represión. Indicó que el Gobierno venezolano es antidemocrático, ya que a pesar de haber llegado al poder por la vía electoral, predomina en sus acciones el uso de la represión contra quienes le adversan.
En la primera edición de este informe, correspondiente al año 2014, se revisaron ocho patrones específicos de persecución: Apertura de procedimientos judiciales (ahora procedimientos legales), persecución a través de medios de comunicación, destitución de cargos públicos a políticos disidentes (ahora destitución de cargos), allanamientos irregulares a la propiedad privada, allanamiento a la inmunidad parlamentaria (ahora ataque a la inmunidad parlamentaria), inhabilitación política, usurpación de las funciones públicas, y aquiescencias de actos violentos en contra de dirigentes políticos (ahora aquiescencias de actos violentos).
En los resultados, se puso en evidencia la violación de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos, así como principios y estándares internacionales referentes al debido proceso, las libertades fundamentales de manifestación y opinión, la no discriminación y el derecho a la igualdad, la participación política y el respeto a la integridad física del individuo.
Dicho informe fue citado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para elaborar la solicitud de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
Un año después, han continuado profundizándose las políticas para erradicar los focos de disidencia y neutralizar a toda persona que difiera de la postura oficialista. La violencia se ejerce no solamente desde el discurso oficial, sino a través de los medios, desde las instancias encargadas de velar por la defensa de los derechos de los venezolanos, con la presencia de grupos armados que arremeten contra los disidentes de manera sistemática y con la presión ejercida contra los medios de comunicación social.
El informe analiza la evolución de 48 casos puntuales de persecución política en Venezuela, y registra los nuevos casos que se han presentado, tanto de diputados activos como de autoridades regionales, municipales, líderes políticos de oposición, estudiantes y visitantes extranjeros.
Añade algunos casos de Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos humanos, y de periodistas nacionales y extranjeros.
Los casos estudiados sirvieron como referencia y muestra de estudio a la totalidad de hechos con características similares que se presentaron en Venezuela, en el entendido que los mismos son un número mucho mayor a los mencionados en los informes.
El informe concluye que Venezuela continúa dentro de un contexto político complejo de protestas y pronunciamientos en contra de la crisis acrecentada y de las políticas sociales y económicas iniciadas por Hugo Chávez Frías y continuadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
En el país existe persecución sistemática, no se tratan de casos aislados, ya que el Gobierno actúa de manera persistente y consistente en contra de la disidencia ya no solo en relación a los líderes políticos de la oposición venezolana, sino también ONGs y activistas de derechos humanos, periodistas y personalidades internacionales que no compartan la visión política del régimen.
El Gobierno venezolano ha convertido en “disidentes sujetos de persecución” a personas y grupos cuyo objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos y periodistas, al igual que personalidades de prestigio internacional que solo buscan colaborar en una solución, pacífica, democrática y respetuosa de los derechos humanos, a la actual situación que atraviesa Venezuela.
En todos los casos estudiados se manifiesta la violación de diversos derechos humanos contemplados en la Constitución y demás pactos suscritos por el país, teniendo como eje central el ejercicio de la libertad de pensamiento, dado que la represión sistemática se produce por manifestar una ideología distinta a la expuesta por el Gobierno, trayendo como consecuencia la persecución política.
El Gobierno venezolano ha tratado de aislar a la población de Venezuela del contexto e intercambio mundial de manera general, creando un cerco comunicacional, dado que solo permite el contacto con información, personalidades y organizaciones que le sean favorables a las políticas gubernamentales, motivo por el cual prensa extranjera o visitantes internacionales no se les ha permitido la entrada al país o han sido expulsados.
Además busca silenciar las opiniones disidentes a su gestión y/o ideología, sin importar si son líderes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas o personalidades internacionales. La respuesta gubernamental ha sido la misma: persecución, agravando la crisis existente en materia de derechos humanos y principios democráticos.
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