Durante el mes de noviembre desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar al menos 22 actos de persecución y criminalización ejercidos contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, organizaciones no gubernamentales, la población en general, una universidad y un colegio profesional, bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.
Patrones de persecución y criminalización identificados
En el monitoreo y análisis de estos 22 casos de persecución y criminalización hemos identificado las siguientes acciones: 10 actos de hostigamiento y amenazas, tres impedimentos de registrar un hecho noticioso, dos cierres de emisoras, dos bloqueos de páginas web, un despido injustificado, tres procesos judiciales irregulares y una detención arbitraria.
Ataques a medios y periodistas
Durante el mes de noviembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró al menos dos emisoras de radio en el país. La primera fue Súper Stereo 94.5 FM, situada en la ciudad de Coro, estado Falcón. La segunda Class 98.7 que fue la primera emisora radial FM que funcionó en el estado Cojedes. En ambos casos Conatel señaló que el cierre se debió al fin de la concesión otorgada a las emisoras. Sin embargo, el cierre de las emisoras radiales en Venezuela es un patrón en aumento. Las personas trabajadoras de las emisoras y los directivos han denunciado amenazas y hostigamiento que buscan controlar el contenido que se emite en estos medios. Además los procesos de obtención de concesiones presentan numerosos obstáculos e irregularidades.
Al menos cinco casos de hostigamiento y amenazas verbales contra medios de comunicación de produjeron en el mes de noviembre. Uno de ellos se trata de acto generalizado contra los medios de comunicación digital, por lo que no fue posible contabilizar el número víctimas. En este caso, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, acusó a los medios de recibir dinero para generar violencia. Cabello también amenazó a la página de sátira y humor político “El Chigüire Bipolar”, asegurando que elevará una demanda por una publicación en donde se le mencionaba.
Por su parte, el periodista Andrés Briceño fue amenazado por el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, luego de publicar una nota en la que se refería al colapso de una estructura decorativa en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera. En otro hecho, el periodista Melanio Escobar fue víctima de la manipulación de uno de sus contenidos informativos en donde hablaba de la inconsistencia de la consulta popular sobre el Esequibo.
Además, la periodista Regina Freites fue intimidada verbalmente por funcionarios del Plan República mientras realizaba recorridos en centros electorales utilizados para el referendo consultivo en relación con el territorio Esequibo.
En otro hecho, vigilantes del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, acatando órdenes de la autoridad única de Salud de Monagas, impidieron a los periodistas Lisbeth Martínez, Jefferson Civira y José Piñango, la cobertura de una protesta de pacientes en dicho hospital.
Por último, los sitios web del diario El Carabobeño y del medio La Gran Aldea fueron víctimas de ataques cibernéticos, manteniéndose bloqueados de las principales operadoras de internet.
Contra ciudadanos
Durante el mes de noviembre los dirigentes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro ejerció presión contra los trabajadores públicos y los habitantes de los barrios para obligarlos a votar en el referendo del Esequibo, a través de amenazas de despidos, acoso, persecución y suspensión de beneficios sociales.
Por su parte, Manuel Atacho, director de la Unidad Educativa Rafaela Payares de Sierra, en Falcón, fue destituido de su cargo por haber ejercido su derecho al voto en las elecciones primarias de la oposición y, además, negarse a entregar el 1×10 a los docentes a su cargo para la consulta sobre el Esequibo.
Estas situaciones se enmarcan en un contexto de búsqueda del control social por parte del Estado y de violaciones sistemáticas al libre ejercicio de la participación política de la ciudadanía, a la libertad de expresión y de pensamiento.
También durante el mes de noviembre el estudiante detenido arbitrariamente, John Álvarez, fue víctima de una nueva arremetida por parte de los tribunales, pues su audiencia preliminar fue diferida para el 20 de noviembre.
Ataques a personas vinculadas con la política
En este mes fue detenido el activista del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, a quien imputaron por instigación al odio luego de publicar algunos mensajes críticos al gobierno. Su vivienda fue allanada sin orden judicial.
Vulneración a la autonomía universitaria
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones de las autoridades de la Universidad de Carabobo, las cuales se iban a celebrar el 29 de noviembre. El argumento para la suspensión de las elecciones se basó en un recurso contencioso electoral de nulidad introducido por un grupo de trabajadores de esa casa de estudios.
Vulneración a la autonomía de los colegios profesionales
En la misma línea de trasgresión a la autonomía de las organizaciones e instituciones independientes, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia intervino el Colegio de Abogados del estado Carabobo, nombró una junta directiva ad hoc y dejó sin efecto los resultados de las elecciones de este gremio, que se celebraron en febrero de 2023.
Ataques contra las ONG
De la totalidad de los actos de hostigamiento documentados durante el mes de noviembre contra las organizaciones de la sociedad civil, tres fueron perpetrados por Diosdado Cabello, quien haciendo uso del canal del Estado, y específicamente a través del programa Con el Mazo Dando, arremetió de manera general contra las organizaciones de la sociedad civil venezolana a quienes acusó de estar financiadas con el fin de generar violencia en el país.
Cabello también arremetió contra la organización no gubernamental Laboratorio de Paz y contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). En otro hecho, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) trataron de ingresar a las instalaciones donde se realizaba un taller de Provea en el estado Yaracuy, preguntando en reiteradas ocasiones por su coordinador de exigibilidad legal, Marino Alvarado.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Noviembre 2023
