Desde el año 2014, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ha identificado y documentado diversos patrones de persecución y criminalización que afectan de forma diferenciada y en distintos contextos a personas y organizaciones en Venezuela. Estos patrones son ejercidos de manera sistemática por el gobierno de Nicolás Maduro como parte de una estrategia para mantenerse en el poder.

En los últimos años se ha agudizado la vulneración de derechos de la población. Tan solo durante el mes de enero de 2023 se han registrado 187 casos de persecución contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía en general.

Este último grupo de casos (contra la ciudadanía) son los más difíciles de cuantificar en los monitoreos mensuales, debido a la cantidad de víctimas involucradas. Además, las personas afectadas no siempre pueden disgregarse por género porque forman parte de una colectividad de sujetos.

Dieciocho actos de criminalización contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ordenó el cese de las transmisiones de la emisora Kalidad 90.3 FM ubicada en el estado Táchira, específicamente en el municipio Fernández Feo. Con el cese de las transmisiones de Kalidad 90.3 FM el municipio queda con solo una emisora operando. Además, 16 locutores, cuatro operadores y tres personas del área de administración y mantenimiento han quedado sin trabajo.

Por cuentas digitales adeptas al gobierno de Nicolás Maduro, y a través de personas vinculadas a la política del gobierno y de funcionarios de seguridad del Estado, se cometieron diez actos de hostigamiento y amenazas contra periodistas y medios de comunicación. En uno de estos casos los periodistas Nilsa Varela y Manuel Ruiz fueron hostigados por trabajadores de la alcaldía de El Tigre mientras cubrían la instalación de la Cámara Municipal. Los periodistas afirmaron haber recibido comentarios hostiles. Además fueron grabados y fotografiados e incluso les ofrecieron agua con veneno para ratas.

Por su parte, la periodista Carola Briceño fue víctima de ataques de difamación y estigmatización digital. Briceño fue acusada, sin pruebas, de liderar una red de extorsión contra empresarios y políticos. Esto ocurrió luego de que la periodista publicara una serie de trabajos de investigación sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández, presuntos testaferros de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Los periodistas Mariángela García y Eduardo Ruiz y el medio de comunicación digital Notifalcón, fueron atacados discursivamente por Nelson Semeco, político y administrador del perfil en Instagram “@elpiloncitove”. Semeco acusó a los periodistas de estar confabulados con los dueños de un reconocido supermercado del sector luego de que Ruiz publicara una información sobre presuntas redes de extorsión a comerciantes.

También los periodistas José Gregorio Meza, Carolina Briceño y Ramón Hernández fueron víctimas de acciones de intimidación por parte del Ministerio Público. En el caso de Meza un fiscal, junto a una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, detuvieron al comunicador para interrogarlo. De acuerdo con los funcionarios, el periodista debía declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Briceño y Hernández fueron requeridos por el mismo caso ante el Ministerio Público.

Por último, el gobernador de Trujillo atacó al Diario Los Andes por tres notas informativas. En ellas se denunciaba el acoso del que fueron víctimas trabajadores públicos que estaban siendo obligados a participar en las manifestaciones oficialistas del 23 de enero.

En el mismo mes de enero de 2023 se produjeron siete impedimentos de registrar un hecho noticioso. Funcionarios del gobierno imposibilitaron la cobertura de una protesta de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, Sidor. En otros actos se impidió registrar la juramentación de la nueva junta directiva del Concejo Municipal de Miranda y el evento deportivo Vuelta al Táchira en bicicleta.

Los periodistas afectados en estos casos fueron Pableysa Ostos, de La Patilla; Carlos Suniaga, de El Pitazo; Marthy Barbera y Javier Reyes, de Notifalcón y El Noticiero del Pueblo. También Elvia González, de Efecto Duna; Magally Hassan, de La Mañana y Elvis Rivas.

Sesenta y seis actos de criminalización contra OSC y defensores de derechos humanos

En el mes de enero se produjo una fuerte arremetida contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC), con la aprobación en primera discusión en el seno de la Asamblea Nacional de una propuesta de ley que regularía su financiamiento y funcionamiento. Este proyecto fue anunciado por Diosdado Cabello en su programa televisivo “Con el mazo dando”. Cabello aseguró que las OSC conspiran contra el país y son un instrumento del “imperialismo”.

En la presentación del proyecto de ley ante el Parlamento, tanto Cabello como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, continuaron la arremetida y criminalización contra las OSC venezolanas.

Posteriormente, Cabello volvió a atacar a las OSC, mencionando específicamente a la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), señalando que “Provea es un ente político como Súmate”.

En otro hecho, la defensora de derechos humanos y miembro de la asociación civil Sinergia y del Programa de Formación Lidera, María Fernanda Rodríguez, fue detenida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). La detención se produjo horas después que Rodríguez se reuniera con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk, durante su visita a Caracas. La detención de la defensora constituye un acto de arremetida por su trabajo de incidencia internacional en defensa de los derechos humanos de la población venezolana.

Noventa y cuatro actos de criminalización contra ciudadanos

Tres actos de hostigamiento y amenaza se produjeron contra familiares de personas perseguidas. Específicamente, dos contra familiares de una periodista y uno contra un familiar de un defensor de derechos humanos.

Luego de que la periodista Carola Briceño publicara un trabajo de investigación y por ello recibiera ataques de difamación digital por el portal “Los Benjamins”, y otras cuentas anónimas o afines al gobierno, y asimismo fuera acusada sin pruebas de liderar una red de extorsión contra empresarios y políticos; vincularon a su hija Bárbara De Jesús Briceño, y su yerno, Carlos Alejandro Ortiz de ser parte de esta presunta red de extorsión.

Por otra parte, un funcionario de la Policía Municipal de San Cristóbal amenazó a la esposa del defensor de derechos humanos Walter Márquez con detenerla. La esposa del exdiputado logró registrar a través de un video las agresiones verbales y amenazas de detención que recibió.

Otros hechos que involucraron a numerosas víctimas ocurrieron en el contexto de las protestas sociales realizadas por trabajadores de distintos sectores que reclaman mejores condiciones salariales. El presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, Julio García, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) rodearon su casa en Valencia. Lo mismo ocurrió con Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de Enfermería del estado Bolívar. Funcionarios del Sebin asediaron su vivienda mientras participaba en una protesta.

Esta situación se repitió con el trabajador de la Siderúrgica del Orinoco, César Soto. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana visitaron su vivienda con el fin de detenerlo. Al no encontrarlo amedrentaron a la esposa.

Por otra parte, el personal médico y administrativo del Hospital Coromoto en Maracaibo fue amenazado por su directora, Mairet Acosta. La directora aseguró que pondría preso a quien se sumara a las protestas en las instalaciones del Hospital.

Un caso similar ocurrió contra dirigentes sindicales y trabajadores de la administración pública, quienes manifestaban para exigir mejores salarios y condiciones laborales dignas. Los trabajadores fueron intimidados y agredidos verbal y físicamente por integrantes de organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado y colectivos armados.

En el mismo contexto, la docente, Carmen Sulay Rojas fue destituida de su cargo como subdirectora del liceo Ángel Noriega Pérez ubicado en Pampatar, municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.

Por su parte, trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, denunciaron el despido de al menos 70 compañeros por participar en las protestas por reclamos salariales en el estado Bolívar.

Rhomer Ramón Aponte, Jorge Luis Pérez Ugas y José Alexander Muñoz, trabajadores de la policía del estado Bolívar, fueron detenidos bajo la acusación de incitación al odio y rebelión, después de que difundieran a través de WhatsApp una cadena en donde invitan a los funcionarios policiales a llevar a cabo un supuesto paro policial.

Al menos 11 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado luego de participar en las protestas que se desarrollaron en el estado Bolívar. Los empleados arrestados fueron: Remys Ramos, Fray Toledo, Avilio Manrique, Juan Carlos Arias, Juan Mendoza, Nery González, David Torres, Luis Coros, Ronald Hernández, Dennis Torres y Luis Santoyo.

Por último, un proceso judicial irregular se desarrolló contra la ex jueza María Lourdes Afiuni, quien denunció a través de su red social Twitter que luego de 13 años de encontrarse suspendida recibió una notificación de su destitución como juez titular.

Nueve actos de persecución contra personas vinculadas con la política

El tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó órdenes de aprehensión contra Dinorah Figuera, del partido Primero Justicia; Marianela Fernández, del partido Un Nuevo Tiempo; y Auristela Vásquez, del partido Acción Democrática, quienes forman parte de la directiva de la Asamblea Nacional del año 2015. Las tres son señaladas de cometer delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Asimismo, Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, recibió una nueva orden de aprehensión por parte del Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.

Leopoldo López y Julio Borges fueron atacados verbalmente por el diputado Diosdado Cabello mientras éste se encontraba en una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. López y Borges fueron tildados por Cabello de “ladrones” y ” prancitos”.

Por su parte, funcionarios del Sebin hostigaron al subsecretario de la Asamblea Nacional del año 2015, Luis Bustos, merodeando por su vivienda. Mientras que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó irregularmente las viviendas de la diputada del parlamento 2015 Dinorah Figuera y de la primera vicepresidenta del parlamento, Auristela Vásquez.

Alerta

El año 2023 inició con una ola de protestas de los distintos sectores sociales, especialmente de los trabajadores públicos que exigen mejores condiciones laborales y salariales. A pesar de que la manifestación, la protesta y la posibilidad de expresarse libremente son derechos fundamentales, el gobierno ha respondido con castigos ejemplarizantes contra las personas que se han sumado a la exigencia de sus derechos.

Cepaz continuará el trabajo de documentación y denuncia a través del monitoreo mensual de los casos de persecución y criminalización. En un contexto pre electoral, y ante la amenaza de pérdida del poder a través de la participación masiva y organizada de la población, alertamos que puede profundizarse el ejercicio de los patrones y el número de víctimas, por lo que la documentación y el llamado de alerta sobre lo que ocurre en Venezuela se hace imprescindible.

Consulte el monitoreo de persecución y criminalización de enero de 2023 aquí