Durante el mes de abril se siguieron cometiendo, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, actos de persecución y criminalización contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, familiares de perseguidos políticos y activistas sociales. Estos actos se desarrollan bajo una política de mantenimiento indefinido en el poder y control de la disidencia.
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se documentaron al menos 16 actos de persecución y criminalización ejercidos durante el mes de abril. En el monitoreo y análisis de estos casos se identificaron las siguientes acciones: siete actos de hostigamiento y amenazas, cinco impedimentos de registrar un hecho noticioso, una detención arbitraria, un bloqueo de página web y dos irregularidades en procesos judiciales.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de abril, uno fue cometido contra una persona vinculada con la política, 11 contra trabajadores de la comunicación, dos contra la población y dos contra organizaciones no gubernamentales.
Trabajadores de la comunicación
En este periodo ocurrieron tres actos de persecución y criminalización contra periodistas y trabajadores de la comunicación. Los periodistas Williams Blanco, Alexander González y Eladio Muchacho fueron victimas de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios públicos.
En el primero de los casos, la acción fue perpetrada por un funcionario del Ministerio Público, quien instó al periodista Williams Blanco a borrar fotografías sobre las denuncias que presentaban un conjunto de transportistas acerca de irregularidades en el suministro de combustible en Paraguaná. El funcionario le pidió el nombre y fotografió al periodista. Este es un mecanismo que ha sido utilizado para infundir temor sobre posibles represalias. En otro caso, el gobernador de Trujillo atacó discursivamente al periodista Alexander González, a quien tildó de «palangrista» y a Eladio Muchacho, a quien llamó «estafador».
Además, al menos 5 periodistas fueron intimidados y limitados de acceder a la información sobre hechos de interés nacional. Las víctimas fueron Víctor Andrés Rodríguez, Roberth Méndez, Artemio Sequera, María Fernanda Bolívar y Christian Hernández. En estos hechos la población también se ve afectada, pues no puede acceder a la información que continuamente es censurada a través del ataque sistemático al trabajo de periodistas y medios de comunicación.
También durante el mes de abril fue detenido, sin orden de aprehensión, el arquitecto y columnista de Aporrea, Servando Marín Lista, luego de dar una opinión técnica sobre su área de experticia. Por otra parte, los periodistas Ramón Centeno y Gabriel Guevara, quienes se encuentran detenidos desde el año 2022 acusados de ser parte de una supuesta red de narcotráfico, han sido víctimas constantes de la violación a sus derechos humanos con el diferimiento sistemático de las audiencias de juicio. En el mes de abril se llevó a cabo el sexto diferimiento. Centeno permanece además detenido bajo condiciones de salud graves.
Hostigamiento y amenazas contra ONG
Durante el mes de abril las organizaciones no gubernamentales nuevamente fueron víctimas de actos de criminalización y hostigamiento. Un periodista oficialista muy influyente aseguró la necesidad de controlar a las organizaciones no gubernamentales. Específicamente aseguró: “es necesario revisar esas ONG en Venezuela y el exterior”. Por su parte, la defensora de derechos humanos, Tamara Suju, fue víctima de actos de hostigamientos por parte de Diosdado Cabello, quien haciendo uso del canal del Estado y específicamente del programa «Con el Mazo Dando», hizo insinuaciones sexuales relacionando a Suju con el Dalai Lama. Cabello señaló: “¿Qué hacía esa señora con el Dalai en lo oscuro, aquí como que estuviera en las piernas, verdad? (…)”.
Actos de persecución y criminalización contra activistas y familiares de personas perseguidas
Fabiana Rosales, esposa del líder de oposición Juan Guaidó, denunció que su familia fue hostigada por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro cuando se disponía a viajar al estado Mérida para visitar a su familia. También durante el mes de abril las compañías de telecomunicaciones Cantv, Movistar, Digitel Inter y NetUno bloquearon la página web salariodignovzla․com, una iniciativa de la Red Sindical Venezolana a la que se han sumado sindicatos de base. En estas plataformas difundían información de interés para los trabajadores y exigían salarios y condiciones dignas de trabajo.
La censura la esta página web no solo representa una violación a la libertad de expresión de quienes conforman directamente la Red, sino también una vulneración a los derechos de los trabajadores a la reunión, manifestación y expresión ante las condiciones salariales a las cuales se encuentran expuestos.
Actos de persecución contra personas vinculadas con la política
Delsa Solorzano, candidata a las elecciones primarias de la oposición por el partido político Encuentro Ciudadano, fue víctima de hostigamiento y amenazas. La lideresa política denunció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la estuvieron persiguiendo durante un recorrido por Carúpano. Al respecto, Solórzano señaló: «Estoy en Carúpano y tengo a una gente del Sebin persiguiéndome, yo no entiendo esto. Esto es lo que tiene que enfrentar uno cuando recorre el país».
CIDH otorga medidas cautelares a favor de lideresas y líderes sindicales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió el 1 de abril de 2023 la Resolución 15/2023, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de siete líderes sindicales de la asociación civil Coalición Sindical Nacional de Trabajadores. Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla fueron las personas beneficiarias de la medida.
Estos sindicalistas han tenido un liderazgo importante en las distintas manifestaciones que se han llevado a cabo desde el año 2022 contra la aprobación de un instructivo técnico por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Este instructivo, entre otras cosas, estableció el recorte de pagos de salarios, soslayando convenciones colectivas vigentes.
Las medidas han sido otorgadas tras identificar que los líderes sindicales se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos, al ser víctimas de amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de agentes de seguridad del Estado. Esta situación alcanza incluso a sus familiares como una forma de intimidación.
En tal sentido, la CIDH solicitó al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para la protección de la vida y la integridad de los líderes sindicales en pro de que puedan continuar desarrollando sus actividades, además de investigar los hechos y evitar que los mismos se repitan.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de abril aquí
