La persecución y la violencia en curso sancionadas por el Estado en Venezuela dejan a las poblaciones en riesgo de posibles crímenes de lesa humanidad.

Antecedentes

Después de que el presidente Nicolás Maduro asumiera el cargo durante 2013, una catastrófica crisis económica resultó en hiperinflación, escasez de alimentos y el colapso de los servicios esenciales en Venezuela. El descontento popular con el gobierno provocó protestas generalizadas, a las que las autoridades han respondido con una fuerza desproporcionada, así como la movilización de grupos progubernamentales, incluidos los llamados “colectivos” armados. Durante 2018 un panel de expertos independientes encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó al gobierno de crímenes de lesa humanidad.

La crisis política se intensificó durante enero de 2019 cuando el presidente Maduro prestó juramento para un segundo mandato en medio de acusaciones de fraude electoral. Desde entonces, más de 50 países, incluidos Estados Unidos y muchos gobiernos latinoamericanos y europeos, han reconocido al líder de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino.

Además de la violenta represión de las protestas por parte del gobierno, las Fuerzas de Acción Especial, junto con otros actores estatales, han sido acusadas de ejecuciones extrajudiciales generalizadas. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las ejecuciones extrajudiciales se utilizan para mantener el control social e infundir miedo. El gobierno venezolano ha informado que 6.856 personas murieron en “operaciones de seguridad” solo entre enero de 2018 y junio de 2019. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también ha evaluado los informes de 1.324 personas presuntamente muertas durante las operaciones de seguridad del 1 de enero al 31 de mayo de 2020.

La Alta Comisionada Bachelet también ha advertido sobre el aumento de las amenazas dirigidas contra miembros de la oposición, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y desertores militares en los últimos meses. Esto incluye patrones de detención arbitraria de opositores al gobierno y sus familiares, a menudo acompañados de denuncias de tortura, malos tratos y violencia sexual y de género.

Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, con una grave escasez de agua y alimentos, así como cortes de energía. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se estima que 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Al menos 4,9 millones de venezolanos han abandonado el país desde que estalló la crisis en 2014.

Análisis

A pesar del aislamiento internacional, el gobierno de Maduro sigue controlando las instituciones estatales clave y las fuerzas de seguridad. La impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por diversas fuerzas estatales ha envalentonado al gobierno para seguir perpetrando ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos, así como la persecución sistemática de sus opositores.

Si bien el gobierno y la oposición llegaron recientemente a un acuerdo para la entrega de ayuda humanitaria, la crisis política continúa paralizando el país. Las elecciones previstas para diciembre pueden contribuir a una mayor inestabilidad.

El gobierno no cumple con su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos independientemente de su afiliación política.

Respuesta internacional

Desde noviembre de 2017, la Unión Europea ha impuesto congelaciones de activos a 36 altos funcionarios gubernamentales. El 3 de diciembre, varios gobiernos regionales también impusieron sanciones selectivas a 29 altos funcionarios. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto amplias sanciones a Maduro, su familia y altos miembros de su gobierno.

El 26 de septiembre de 2018 Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú remitieron la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional, solicitando al Fiscal General que abriera una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad.

El 27 de septiembre de 2019, bajo el liderazgo del “Grupo de Lima”, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) adoptó una resolución por la que se establece una Misión de Investigación (FFM) independiente en Venezuela, con el mandato de investigar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y enfermedades. -tratamiento a los detenidos desde 2014.

A pesar de las continuas violaciones y abusos de derechos humanos, el 17 de octubre de 2019 Venezuela fue elegida para el CDH para el período 2020-2022.

Acción necesaria

El gobierno debe poner fin a la persecución sistemática de sus oponentes y garantizar investigaciones imparciales de todas las ejecuciones extrajudiciales. El gobierno debe otorgar a la FFM acceso sin restricciones al país y cooperar plenamente con los mecanismos de la ONU, incluido el ACNUDH. El gobierno y la oposición deben comprometerse a renovar el diálogo para garantizar una solución pacífica y sostenible a la crisis.

El CDH debería renovar el mandato de la FFM durante su sesión de septiembre. Los Estados miembros de la ONU deben seguir imponiendo sanciones específicas a todos los altos funcionarios gubernamentales responsables de violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos, pero abstenerse de tomar cualquier medida que pueda limitar aún más el acceso de la población a bienes básicos, servicios esenciales o ayuda humanitaria.