Nosotros y nosotras, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, activistas y promotores de la No Violencia y la Paz, objetores de conciencia y antimilitaristas, con actuación en Venezuela, queremos dirigirles a nuestros colegas del mundo la presente carta abierta, con nuestra opinión sobre el conflicto que actualmente se desarrolla en nuestro país.
Sabemos que la disminución de las causas de la violencia está íntimamente relacionada con la vida en dignidad de las personas. No puede haber condiciones dignas y de paz si no existe disminución de la pobreza, del hambre, la desigualdad, la mejora en el acceso a servicios básicos para toda la población, especialmente para los sectores más vulnerables. La violencia se alimenta de sociedades sin garantías democráticas de participación en elecciones libres para la escogencia de representantes y poderes. No hay forma de promover la no violencia y la paz si obviamos las causas de la discriminación y la desigualdad que obligan a la migración forzosa de millones de personas. Avanzar en la eliminación del ejercicio del Poder desde la lógica del poder autoritario, unívoco y militarista que plantea las relaciones desde el criterio de enemigos, amigos, aliados, traidores que buscan eliminar de manera simbólica y real la diferencia y la libertad.
Venezuela ha venido experimentando un proceso acelerado de retrocesos en la calidad de vida, el acceso a lo mínimo necesario para la subsistencia, y en su sistema democrático. A partir del 2015 tras celebrarse la elección del Poder legislativo, quedó demostrado que el sector oficialista había dejado de ser mayoría, y las elecciones comenzaron a ser manipuladas para garantizar su permanencia en el poder.
El gobierno no emite cifras oficiales y opta por descalificar y criminalizar estudios y testimonios que reflejan una realidad contraria a la que aparece en los medios de comunicación del país, férreamente vigilados y censurados. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó que 3.5 millones de venezolanos habían migrado de manera forzosa en los últimos años. Venezuela sufre una Crisis Humanitaria Compleja generada por decisiones políticas, no por consecuencia de catástrofes naturales o conflictos armados. El Estado es quien infringe el daño y ha demostrado no tener voluntad de enmendarlo.
La pobreza en Venezuela para 2018, según las tres principales universidades del país, alcanza el 48% de los hogares. La inflación del año 2018 alcanzó el 1.299.724 % y, según las proyecciones, pudiera alcanzar los 10 millones % en 2019. Una familia necesita 60 salarios mínimos para adquirir lo indispensable para vivir. El 64% de los venezolano/as en 2017 perdió aproximadamente 11 kg de peso y 33% de los niños entre 0 y 2 años sufre de retardo de crecimiento. En un estudio realizado por Caritas, 53% de los hogares venezolano/as ha tenido que recurrir a estrategias de supervivencia como la mendicidad o buscar comida en basureros.
En 2018 ONG reportaron que 60% de la asistencia médica que existía para 2011 había desaparecido y, según cifras oficiales, las muertes maternas aumentaron en 66% y en 30% las infantiles. Desde el año 2017, más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales. Venezuela presenta el mayor crecimiento en el mundo de casos de malaria, sumando el 43% de los casos en toda América Latina. Sólo en 2018 estos casos aumentaron en 53%. Existe una alarma sanitaria por el resurgimiento de enfermedades erradicadas como la tuberculosis (10.952 casos), la Difteria (9.362 casos), y el sarampión que ha ocasionado la muerte de al menos 5.000 personas. Las causas, falta de acceso a medicamentos y programas preventivos y de control. La federación farmacéutica de Venezuela reportó que para 2018 la escasez de medicamentos era de 85%. El déficit de camas en hospitales de 64%, en 79% de los hospitales el agua potable no llega, 53% de quirófanos están cerrados y el 95% de las medicinas, insumos, materia prima, equipos y repuestos en salud son importados.
En 2017 el Tribunal Supremo de Justicia intentó anular, vía decreto, a la Asamblea Nacional, siendo denunciada por la propia Fiscal General, Luisa Ortega Díaz como una “ruptura del hilo constitucional”. Como consecuencia Venezuela experimentó el mayor ciclo de protestas pacíficas de la historia contemporánea de América Latina, junto a Nicaragua. Millones de personas salieron a las calles pidiendo elecciones libres y creíbles, la retoma del hilo constitucional, la separación de poderes y el estado de derecho. Agotando todas las vías democráticas realizaron caminatas, cierre de calles, marchas, peticiones, acciones artísticas, huelgas de hambre, referéndums autoconvocados y diálogos. La respuesta fue la implementación de un represivo Plan militar denominado “Plan Zamora”, donde participaban cuerpos de seguridad, militares de la Guardia Nacional Bolivariana y civiles armados. Según ONG, se realizaron 6729 protestas en 4 meses en todo el territorio nacional, 135 personas asesinadas, más de 12 mil detenciones, 848 presos políticos, más de 230 testimonios de torturas, tratos crueles e inhumanos, millones de exiliados. Una persecución sistemática contra la disidencia política que generó la apertura de un examen preliminar en la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad.
Nicolás Maduro, violando la Constitución, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poderes supraconstitucionales, declarando un estado de excepción para gobernar de forma personal y con ello adelantar elecciones presidenciales, que no contaban con las condiciones mínimas para que los venezolanos pudieran expresar su voluntad en las urnas. Fue así como en 2018 se reeligió para 6 años más de mandato, en una jornada que no fue justa, transparente, libre ni creíble, tal como fue constatado por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, 60 países del mundo y denunciado por el movimiento de derechos humanos venezolano.
Durante el 2018 tras la derrota popular por la restitución de la Democracia y el agravamiento de la Crisis Humanitaria Compleja, se registró el mayor índice de migración forzosa que haya experimentado la región. Según Acnur, más de 3 millones de venezolano/as han huido del país y de no cambiar la situación interna este 2019 podría aumentar a 5 millones. Las protestas internas no han cesado. En 2018 ocurrieron un total de 12.715 protestas, equivalentes a 35 diarias en todo el país el 89% por demandas sociales, exigencias laborales, servicios básicos, salud y alimentación. En este contexto 14 personas fueron asesinadas, 13 de ellas por armas de fuego. En 2017 se creó un cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (FAES) con operativos de limpieza social en los barrios populares, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, y ejecuciones extrajudiciales comenzaron padecer sectores populares a un año de su creación, según ONG Provea el FAES habría asesinado a 205 personas.
El 10 de enero, Nicolás Maduro se proclamó presidente para un segundo período, violando la Constitución nacional e instalando un gobierno de facto por la vía de los hechos. La Asamblea Nacional, el 23 de enero, siendo la única institución legítima por elección popular, y con base y en pleno cumplimiento de la Constitución nacional, declara la usurpación y asume en la figura de su presidente las funciones del ejecutivo para un gobierno de transición que permita elecciones libres y creíbles en corto tiempo.
Desde el 21 de enero comenzó un nuevo ciclo de protestas, con los sectores populares del país como protagonistas, el 21 de enero en Cotiza, tras un desconocimiento de una guarnición militar al gobierno de Nicolás Maduro, vecinos salieron a las calles denunciando la usurpación, fueron respondidos con represión, siendo el FAES el grupo que lideró los operativos contra los manifestantes. Del 21 de enero al 04 de febrero de 2019, un total de 35 personas fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones, y 8 ejecutadas extrajudicialmente en operativos de allanamientos ilegales posteriores a las protestas. Se han registrado 939 arrestos, entre ellos cientos de mujeres, 77 adolescentes y 7 indígenas.
La crisis política, humanitaria y migratoria de Venezuela hoy es un problema para la región. Países con diferentes posturas ideológicas han expresado su preocupación por años, siendo esta coyuntura un punto crucial del futuro del país y la región. Los 13 países más poblados y afectados con la situación migratoria regional han hecho una coalición denominada el Grupo de Lima, han reconocido a la AN, a Juan Guaido como presidente interino, convocar elecciones, específicamente una salida de transición pacífica y no de fuerza. Por su parte, 21 países de la Unión europea se han sumado a convocar a elecciones libres, creíbles, al cese del gobierno de facto de Nicolás Maduro y a reconocer las funciones ejecutivas del Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaido. La Comunidad Europea ha llamado a una comisión de enlace para lograr en un lapso de 3 meses elecciones creíbles en Venezuela. México y Uruguay proponen un diálogo para una salida pacífica a la crisis. Colombia y Brasil, países fronterizos y muy afectados con la crisis fronteriza y migratoria se han apegado a las resoluciones del grupo de Lima y han ofrecido atender en frontera y colaborar en el acopio y entrega de ayuda humanitaria. Estados Unidos han asumido posturas más beligerantes frente a la crisis, presiona para una salida de transición concertada como lo expresa el grupo de Lima, pero de no lograrse ha dicho que todas las opciones están abiertas, eso incluye una salida de fuerza.
Las declaraciones estadounidenses han generado la comprensible reacción mundial. Lamentablemente, no ha sido para evitar una guerra por la tragedia que eso significaría para la población venezolana y la región, apoyando una salida pacífica donde el pueblo venezolano pueda expresar libremente su voluntad. El conflicto pasó a ser Maduro y el socialismo en Venezuela frente al imperialismo Yanqui. Amplificando la propaganda gubernamental venezolana se comete uno de los actos de mayor injusticia contra un pueblo que padece una crisis humanitaria compleja, la ausencia de libertades y ha expresado mayoritariamente su deseo de cambio.
Si queremos hablar de imperialismo en Venezuela debemos decir toda la verdad. Nuestro país sigue siendo un exportador de materia prima de petróleo, y Estados Unidos sigue siendo su socio comercial junto a China y Rusia, esta última con amplios negocios entre la petrolera rusa Rosneft y Pdvsa en convenios que no son de conocimiento público. A esto se suma la aprobación en 2016, vía decreto presidencial, de la explotación de minerales a gran escala denominado “Arco Minero del Orinoco” que abarca un área de 111.843,70 km², es decir 12,2 % del territorio venezolano; más grande que Portugal, dividido en 4 bloques para la extracción de oro, diamantes, Coltán y otros minerales. Zona donde se concentra la mayor cantidad de agua potable del país, territorio de comunidades indígenas, y sin contar con los estudios de impactos ambientales ni las consultas previas, libres e informadas, ni la aprobación de la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución Nacional. Territorio que ha sido militarizado y que ha generado consecuencias negativas producto de las mafias, el trabajo en condiciones de esclavitud, la explotación sexual, la pérdida del ecosistema, la afectación cultural a indígenas transformándolos junto a campesinos en mineros, masacres en zonas mineras y desapariciones. La depredación denunciada, la posibilidad del más grande ecocidio de la región, y las violaciones a los derechos sociales y ambientales han quedados enmudecidos por activistas del mundo entero. Turquia, China, Canadá, Rusia y varios países africanos son los más interesados y activos en las concesiones de exploración y explotación en el Arco Minero del Orinoco.
Debemos agregar que Rusia se ha convertido en el gran traficante de armamento a Venezuela. La empresa Rosoboronexport, la mayor exportadora rusa de armas, anunció en 2018 la reactivación del trabajo conjunto para la construcción y apertura en 2019 de la fábrica de fusiles Kalashnikov por años retrasada por problemas de corrupción.
El gobierno de Maduro, a partir del 2016, se ha convertido en un gobierno militar, con reducido apoyo civil. Militares venezolanos, apegados al secretismo militar y sin contraloría pública han ocupado y ocupan hoy los más importantes renglones ligados a la compra, importación y distribución de los sectores ligados a la crisis humanitaria compleja, así como diversos ministerios claves, gobernaciones, empresas, bancos, etc. En una investigación realizada por Trasparencia Venezuela en 2018 las presidencias de 12 Ministerios, y su personal más cercano, estaban a cargo de militares. 6 estados del país sus gobernadores son militares. La producción nacional y distribución de alimentos de consumo básico, los que más escasean y de mayor reventa en mercados negros están en manos del estamento militar: Aceite; arroz; avícula; Azúcar; carne bovina; café; caraotas; higiene personal; Farmacéutico; lácteos; maíz amarillo; harina de maíz, Margarina; papel higiénico, toallas sanitarias; pañales desechables; Carne porcina, Trigo, Soja. Miembros de las Fuerzas Armadas coordinan los 9 principales mercados mayoristas de distribución de alimentos del país y están a cargo de los aeropuertos y puertos nacionales. Poseen empresas militares en Banca, finanzas; agroindustria (Agrofanb); Comunicaciones; Petróleo, minería; Educación, Salud; Seguros de vida; Industrias; Construcción; Contratistas. El país está gobernado y a merced del estamento militar, su lógica y su propaganda permanente de guerra.
Venezuela, por casi 2 décadas, ha experimentado una lógica de guerra que ha dividido a los venezolanos, una polarización que se fue transformando con el pasar de los años y que hoy llega a colocarnos en dos extremos: quienes defendemos la democracia y quienes pretenden seguir detentando el poder autoritariamente, violando la Constitución, confiscando la autonomía de los poderes y manipulando las elecciones para que no reflejen la voluntad del pueblo. Una dictadura militar con representante civil, similar a la de Alberto Fujimori en Perú, frente a un pueblo mayoritario que busca una salida pacífica donde la voz de los venezolanos, a través de elecciones libres y creíbles, elija su destino
Nicolás Maduro ha cerrado todos los caminos pacíficos para una solución que permita la restitución de la Democracia, del hilo constitucional y la atención a la grave crisis humanitaria compleja. Desoyendo y criminalizando las voces contrarias, entre las que no escapan, los propios sectores que identificándose con el chavismo critican públicamente la gestión de Nicolás Maduro.
Lo que sucede en Venezuela no es el imperialismo contra un gobierno legítimo de corte socialista. Es una ruta constitucional y pacífica en la que el pueblo se aferra para restituir su democracia. No queremos una intervención militar de fuerza, no queremos más muertes y dolor, urgimos al mundo que no ignoren el clamor del pueblo venezolano. Podemos parar una guerra, podemos parar una intervención de fuerza, si unidos, todas las personas dentro y fuera de nuestras fronteras, levantan su voz y, junto a nosotros, exigen que sea el pueblo, a través de elecciones verdaderamente libres y democráticas, quienes deciden soberanamente sobre su destino.
El conflicto en Venezuela tiene hoy sólo 2 salidas: Una pacífica, restituyendo la Constitución hoy vulnerada a través del cese del gobierno de facto y la celebración de elecciones creíbles y libres. La otra es una salida de fuerza, mediante la actuación de un sector del ejército venezolano contra la cúpula gobernante o mediante la intervención armada de un ejército extranjero. De todas las personas del mundo y su acción depende realizar la suficiente presión para que la salida sea no violenta, inclusiva, con democracia y justicia como la merece el pueblo venezolano y la humanidad entera. Queremos que sea nuestra voz y aspiraciones, y no las armas, quienes finalmente decidan la suerte y el futuro de nuestro país. Pero para eso necesitamos su ayuda.
Caracas, 10 de febrero de 2019
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