La sucesión de hechos ocurridos a finales de 2015 estuvo signada por un momento fundamental, el 6 de diciembre, con la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional, a partir del cual se dio un nuevo balance en la fuerza política, pues la bancada opositora logró la mayoría calificada, por lo tanto obtuvo el control político sobre el órgano legislativo.
Entonces, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) planteó en el panorama nacional exigencias al Consejo Nacional Electoral (CNE), como la solicitud para la activación y realización del Referéndum Revocatorio Presidencial (RRP) del presidente de la Republica, Nicolás Maduro.
Sin embargo, el 21 de octubre del 2016 el CNE informó la suspensión del proceso, generando que tanto organizaciones de la sociedad civil como la comunidad internacional, rechazaran la restricción de los derechos políticos de los venezolanos al cerrar las vías electorales, cruzando con ello la delgada línea que se mantenía en torno al debate sobre la supuesta ruptura del hilo constitucional en Venezuela.
Es por ello que Asamblea Nacional busca tomar nuevas medidas, donde las vías electorales planteadas en la Constitución Nacional deben ser respetadas y cumplidas a cabalidad por el Consejo Nacional Electoral, siendo imperativo que la sociedad civil sea escuchada y respetada en sus demandas ante las instituciones públicas, cumpliendo así el principio de la participación ciudadana como una medida para encontrar una salida pacífica y democrática a los problemas del país.
Por lo tanto, la MUD el pasado 3 de julio, en función al llamado de desobediencia civil que se había convocado semanas anteriores con la activación de los artículos 350 y 333 de la Constitución, planteó la realización de una consulta popular al pueblo venezolano, para darle mayor legitimidad a la lucha contra las acciones inconstitucionales del Gobierno, y así conducir el proceso para la reconstrucción democrática de la Nación, en el marco de la supremacía de la Constitución, el imperio de la Ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los derechos humanos y la justicia social.
Dicha consulta popular fue prevista para el domingo 16 de julio del presente año, donde se consultó sobre tres aspectos al pueblo venezolano. El primero sobre el rechazo y el desconocimiento de la Constituyente, logrando que el apoyo democrático a las decisiones que adoptará para desconocer ese fraudulento proceso constituyente, a fin de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución conforme a su artículo 333.
La segunda pregunta se centró en la exigencia a los funcionarios e integrantes de Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución de 1999, lo que equivale a desobedecer todo acto u orden violatorio de los derechos humanos, tal y como lo dispone el artículo 25 de la Constitución.
Y como última pregunta, se consultó sobre el conjunto de acciones que la Asamblea Nacional debe promover en el marco del artículo 333 constitucional, la renovación de los Poderes Públicos, la realización de elecciones libres, transparentes y la conformación de un gobierno de Unión Nacional.
Bajo este status quo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) junto a la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), desplegó un monitoreo ciudadano con el fin de dejar registro del proceso de consulta popular promovido por la Asamblea Nacional. Entendiendo que parte de nuestro aporte a esta lucha consiste en dejar registro de las violaciones a los derechos políticos y humanos de cada ciudadano venezolano, que vio este 16 de julio como una posible válvula de escape ante la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
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