El pasado 24 de enero la Asamblea Nacional, controlada por quienes hoy detentan el poder, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.
La normativa en proceso de aprobación busca establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y afines, y a su vez controlar el manejo económico y el financiamiento de dichas organizaciones.
Esta no es la primera normativa con la cual el gobierno de Nicolás Maduro ha buscado controlar el funcionamiento y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. La promulgación de normativas, resoluciones, providencias y circulares constituye un patrón que ha buscado cercar el espacio cívico en donde las organizaciones de la sociedad civil se desarrollan.
Promover los derechos democráticos es fuertemente castigado en Venezuela
La Asamblea Nacional, en su afán por limitar y controlar el trabajo de la sociedad civil independiente de Venezuela, busca aprobar una ley a través de la desacreditación y criminalización del continuo esfuerzo que realizan las organizaciones no gubernamentales en la defensa de los derechos humanos a favor de las víctimas, que sufren las consecuencias de las violaciones sistemáticas a sus derechos por parte del Estado.
Así pues, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fueron los encargados de presentar el proyecto de ley en discusión, intentando justificar la necesidad de la normativa vinculando a las organizaciones no gubernamentales con objetivos políticos y desestabilizadores.
Diosdado Cabello aseguró tener una lista de 62 ONG en Venezuela que funcionan solamente con fines políticos en el país. Añadió: “Comenzaron con fines sociales y humanitarios, hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización en nuestro país.” Por su parte, Jorge Rodríguez, resaltó: “Cada vez que vemos a esas organizaciones, a esos organismos o a esos gobiernos, que están plagados de buenas intenciones, detrás lo que aparece son sus verdaderas siniestras intenciones” y añadió a modo de ejemplo: “ONG supuestamente destinadas para funciones educativas y no son otra cosa que partidos políticos”.
Esta nueva arremetida contra las organizaciones no gubernamentales se desarrolla en medio de un contexto pre electoral, en donde, como ampliamente hemos documentado en anteriores eventos electorales, se exacerba el ejercicio de los patrones de persecución y criminalización con el fin del gobierno de perpetuarse en el poder.
Hoy, las organizaciones de la sociedad civil venezolana han sido consecuentes con la promoción de la participación ciudadana como derecho fundamental para vivir en democracia. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro pretende descalificarlas, ilegalizarlas y atacarlas, atribuyéndole un carácter político y hasta perverso al accionar de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan legítimamente en la promoción y exigencia de los derechos políticos de la población.
Bajo un patrón de criminalización se busca controlar a las ONG venezolanas
La normativa en proceso de aprobación busca avanzar en el cerco del espacio cívico venezolano aumentando el control contra estas organizaciones a través de determinadas exigencias que incluyen, la entrega de listas de los miembros, de los bienes y de los donantes. Este tipo de requerimiento constituye un acto de intimidación que pone en riesgo a los donantes, a los beneficiarios y a los equipos de trabajo, bajo la política de persecución, criminalización y represalia que ejerce el Estado
Aún más, la normativa establece la prohibición de realizar determinadas actividades con las cuales ya el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado vincular a las organizaciones para atacarlas y criminalizarlas continuamente. Es el caso de las actividades políticas o la promoción de actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Así pues, las prohibiciones establecidas en la normativa son abiertamente discrecionales y subjetivas, toda vez que cualquier esfuerzo que realizan las organizaciones por la defensa de los derechos humanos de la población venezolana ha sido considerado por el Estado un acto desestabilizador, siendo desde el pasado castigado a través de distintos patrones de represión y criminalización. Esto significa que el gobierno con el establecimiento de estas prohibiciones busca limitar, con apariencia de legalidad, cualquier actuación de las organizaciones que incomode o limite el desarrollo de su política de control, persecución y criminalización para permanecer en el poder.
Finalmente, desde Cepaz condenamos una vez más los intentos por controlar y desacreditar el esfuerzo continuo que realizan las organizaciones de la sociedad civil venezolana en la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos de la población. Y, ante la visita del Alto Comisionado para los derechos humanos en Venezuela, hacemos un llamado de alerta, no solo sobre el incumplimiento, que hemos denunciado reiteradamente, por parte del gobierno de Venezuela a las recomendaciones realizadas por la oficina del Alto Comisionado, sino que además en pleno desarrollo de su visita, el gobierno se mofa de uno de los más altos representantes de los sistemas internacionales en derechos humanos, avanzando una vez más en el cierre del espacio cívico nacional.
