Por Beatriz Borges
Venezuela atraviesa una crisis multidimensional que ha causado profundos daños en la población, e implica violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos. Al menos desde el 2015, en el país existe una emergencia humanitaria compleja que afecta la vida de millones de venezolanos, quienes han tenido que dejar el país para poder sobrevivir. A la fecha, 4.3 millones de venezolanos se han visto forzados a abandonar el país en los últimos 4 años, siendo la venezolana, la segunda crisis de refugiados a nivel mundial después de Siria. Esta crisis generalizada, que opera bajo una política de persecución de Estado y que incluye graves violaciones a los derechos humanos con prácticas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitraria y desapariciones forzadas, ha sido confirmada por la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en el mes de julio de este año.
Dos meses después, y a pesar de las recomendaciones de su oficina y el intento no exitoso de establecimiento formal de la misma en terreno, el nuevo reporte oral presentado por la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos en el mes de septiembre, mostró el agravamiento de la situación en el país y una voluntad poco creíble por parte del gobierno de Nicolás Maduro de cumplir con los acuerdos y proteger y garantizar los derechos de los venezolanos.
Por todo ello, fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos la resolución propuesta por el Grupo de Lima y otros países, que implica el establecimiento de una Misión de Determinación de los Hechos, un paso que las organizaciones de la sociedad civil hemos calificado como muy positivo para la justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país, en un momento donde Venezuela carece totalmente de la institucionalidad democrática que le permita responder, pero también, cuando una respuesta internacional coherente y efectiva puede salvar la vida de muchos venezolanos que hoy sufren. Es por ello que esta resolución abre un importante paso para avanzar en la respuesta internacional para Venezuela.
Sin embargo, no todo está dicho en el caso de Venezuela. Este mes de octubre se presentará otro reto para la comunidad internacional. A pesar de ser un completo contrasentido, Venezuela es actualmente candidata a tener una silla en el Consejo de Derechos Humanos para su próximo periodo. Este espacio y posición especial, que debe estar reservado para aquellos países que en su actuación se han comprometido y han actuado en pro de los derechos humanos, cumpliendo los estándares y criterios de protección y cooperación, será disputado por un país que hoy tiene a su población en el más profundo sufrimiento y agonía por no garantizar ni proteger sus derechos.
Aunque no es la primera vez que un país que no cumple con los criterios y estándares internacionales de derechos humanos aspira a tener una silla de las 47 que conforman la membresía del Consejo de Derechos Humanos, Venezuela representa un importante desafío para los miembros de las Naciones Unidas, para enviar un mensaje claro y coherente de la necesidad de que quien aspire a este espacio cuente con los requisitos y criterios establecidos para ocuparlo.
La situación de Venezuela en cuanto al incumplimiento de las obligaciones en derechos humanos no solo es de alta gravedad, sino que tampoco es nueva. Durante años el gobierno venezolano no ha cooperado con los organismos de protección, ni ha cumplido los estándares ni recomendaciones que estos han hecho. Tampoco los mecanismos independientes que han solicitado entrada al país han tenido oportunidad de acceder. La única visita oficial que se pudo realizar de un relator especial fue fuertemente cuestionada por las organizaciones de la sociedad civil, por no contar con las metodologías y la preparación que garantizara su independencia.
Este próximo 17 de octubre se realizará en la sede de la Asamblea General la votación para elegir a los miembros los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Cada voto emitido ese día enviará un mensaje claro, no solo sobre quiénes deben ser los llamados a sentarse en el espacio multilateral más importante para atender a los derechos humanos, sino también dará la respuesta a la población venezolana que hoy sufre por la opresión de un gobierno que viola sistemáticamente sus derechos y que requiere de coherencia y seriedad en la respuesta por parte de la comunidad Internacional. Los venezolanos esperamos que esa preocupación, que ha sido manifestada por la comunidad Internacional por la grave situación de Venezuela, se traduzca en un voto coherente y que responda a los millones de venezolanos que hoy sufren y mueren, no permitiendo que Venezuela ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.
