Entre el 3 y el 8 de febrero de 2020 debería concretarse una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela. La invitación fue hecha por el gobierno interino de Juan Guaidó, con la finalidad de que este organismo internacional pueda constatar la situación de los derechos humanos en el país.

Como señala su página web, “la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”.

Antecedentes

Del 6 al 10 de mayo de 2002 se llevó a cabo la última visita de la CIDH, que vino a Venezuela por invitación del entonces presidente Hugo Chávez. En un comunicado de prensa emitido en esa oportunidad, la Comisión manifestó “su extrema preocupación sobre el agravamiento de la crisis en Venezuela y urgió a los Estados miembros de la OEA a tomar acciones inmediatas para colaborar con los venezolanos en la búsqueda de una solución que logre evitar más pérdidas de vidas humanas y permita asegurar a los venezolanos la plena vigencia del Estado de Derecho”

En abril de 2019 la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, manifestó su interés de constatar sobre el terreno la situación en Venezuela, e hizo reiteradas solicitudes para una visita in loco. Pero el régimen de Nicolás Maduro se negó rotundamente a aceptarla.

El pasado 1 de julio, Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), envió una comunicación a la CIDH en la que solicitó una visita in loco, con la finalidad de que se investigue la desaparición forzada, tortura y muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El 10 de julio la CIDH hizo pública la aceptación de la invitación, firmada por el secretario de la CIDH, Paulo Abrao.

Ante el agravamiento de la crisis venezolana, para finales de octubre de 2019 la CIDH anunció la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, (Meseve), con el objetivo de monitorear y responder de manera oportuna y efectiva al persistente deterioro del contexto venezolano, verificar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado y fortalecer el uso de los mecanismos de protección de los derechos humanos en el país. Posteriormente, en diciembre de 2019, Abrao informó las fechas disponibles para la visita a Venezuela.

Pero, ¿qué es una visita in loco y para qué puede servir a Venezuela en estos momentos?

Una visita in loco, es una visita en el sitio, a un territorio en el que ocurre una determinada situación u acontecimiento. Para las visitas in loco los representantes de la CIDH se desplazan al país y determinan un cronograma para mantener contacto con diversas fuentes de información. Son un método utilizado por los organismos internacionales para hacer observación directa sobre el cumplimiento de los estándares de protección de los derechos humanos.

Aunque en el caso de Venezuela la visita fue solicitada para investigar la muerte en custodia del capitán Acosta Arévalo, la observación que realice la CIDH, en caso de que la dejen ingresar al país, serviría para obtener de primera mano, de las propias víctimas y sus familiares, testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.

Para tal fin, la Comisión informaría dónde estará alojada durante la visita y las condiciones para la presentación de casos, e invitaría a las víctimas y sus familiares a realizar peticiones para exponer sus denuncias.

De allí surgiría una investigación detallada de los hechos, que analizaría las pruebas directas e indirectas recabadas y luego se elaboraría un informe, que incluiría recomendaciones al Estado, y que sería presentado ante los órganos internos de la organización y también hecho público.

Los integrantes del grupo que viaje a Venezuela se reunirían no solamente con individualidades, sino con organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han documentado, denunciado y difundido estas vulneraciones a los derechos fundamentales, así como con representantes de otros sectores de la vida nacional, a los fines de recabar una información lo más completa posible y tener un panorama claro y objetivo sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El papel de estas organizaciones es fundamental, ya que la Comisión por razones de tiempo no tendrá acceso a todas las víctimas y las OSC ya tienen información documentada y verificada, que es de gran interés para la CIDH.

Para Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) la visita “sería muy importante porque las víctimas tendrían acceso a la Comisión directamente, lo cual permite tomar de primera mano la situación que han vivido, cómo han sido afectados, ver que no han podido acceder a la justicia y la mayoría están en la impunidad”, indicó Borges en una entrevista concedida a Karla Ávila Morillo y publicada en la página web de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac).

Como parte de este tipo de observaciones en el sitio, se plantea la necesidad de que los miembros de la Comisión mantengan encuentros con representantes del Estado, para complementar la información recabada.

En algunos casos, las visitas in loco han logrado que la situación en los países evolucione positivamente, produciéndose excarcelaciones, agilización de procesos judiciales, cambios en leyes, o la derogación de decretos que afectan el respeto pleno a los derechos humanos, e incluso el establecimiento de procesos de diálogo.

Cabe esperar que los integrantes de la Comisión no tengan acceso a información por parte del régimen de Maduro, puesto que la visita fue aprobada por el gobierno interino de Juan Guaidó.

¿Qué pasa si no los dejan ingresar a Venezuela?

De hecho, la no aceptación por parte de Nicolás Maduro de una visita in loco de la CIDH ya ha mandado un claro mensaje a la comunidad internacional. Refleja la falta de voluntad del régimen de facto de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pues es deber de los Estados democráticos estar abiertos a la inspección internacional del cumplimiento de sus obligaciones referentes a los derechos humanos y permitir además, el acceso de todos los ciudadanos a los sistemas internacionales de protección de los mismos, sobre todo en aquellos casos donde la justicia les ha sido negada en los tribunales locales.

Esta negativa ha avivado el debate internacional sobre la crisis venezolana. Así mismo, la falta de respuesta a las recomendaciones y solicitudes de la CIDH por parte de otros poderes públicos, como el Judicial y el Moral, demuestra su falta de independencia del Ejecutivo Nacional, dejando en evidencia, una vez más, el talante antidemocrático del régimen y la ruptura de la institucionalidad en Venezuela.

Si no es permitido su ingreso al territorio nacional, se espera que tanto la Comisión, como otros organismos internacionales, avancen en el establecimiento de otros mecanismos de monitoreo de los derechos humanos en Venezuela.