Artículo y fotografía publicados originalmente en Efecto Cocuyo

Desde hace varios años, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil venimos advirtiendo la grave crisis que en esa materia vive Venezuela. Muchas entidades que conocen y manejan los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos hemos venido presentando información de forma constante y actualizada a diferentes órganos de estos mecanismos, a los fines de informar y alertar sobre el deterioro y el agravamiento de la situación en el país.

Este trabajo ha sido clave para la respuesta internacional. La mayoría de los datos que se han presentado en los diferentes informes de estas organizaciones provienen del trabajo sostenido de documentación de las organizaciones de sociedad civil y de las de derechos humanos. Eso sin duda ha generado respuestas determinantes en los últimos meses por parte de organismos internacionales.

La comprensión de la naturaleza de un país donde existe una ruptura de la institucionalidad democrática, que no permite tener una respuesta interna para proteger los derechos humanos y de la existencia de una emergencia humanitaria compleja cuyas consecuencias cada día cobran más vidas y sufrimiento de los venezolanos, debe tener como clave fundamental una reacción coherente y clara de los organismos internacionales y especialmente acciones que ayuden a prevenir, mitigar y detener el daño.

En este sentido, en el marco internacional, en los últimos meses han ocurrido pronunciamientos e hitos importantes, entre ellos, la petición de varios Estados de una investigación por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela remitida a la Corte Penal Internacional, la cual inició un examen preliminar en febrero de 2018; el pronunciamiento histórico en septiembre del Consejo de Derechos Humanos y el consecuente mandato de la elaboración de un informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país; sumado los diferentes pronunciamientos de relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana y  los múltiples pronunciamientos que han existido alrededor de la compleja emergencia humanitaria que vive Venezuela.

Ante esto, es fundamental entender que los sistemas internacionales de protección nacieron entre otras cosas para dar respuesta a este tipo de situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, y por lo cual, su acción es clave para la respuesta a la crisis que vive Venezuela. Durante años hemos usado los distintos mecanismos tradicionales o clásicos, por decirlo de alguna manera, para la denuncia internacional de violaciones a los derechos humanos.

Ahora bien, en el contexto actual de la crisis cualquier respuesta internacional debe entender el agravamiento y la complejidad que se vive en materia humanitaria y de la ruptura de la institucionalidad democrática, por lo cual se debe hacer uso del marco amplio del derecho internacional que de respuesta a la compleja situación, que active los diferentes mecanismos de protección de forma simultánea y que entienda la vulnerabilidad del pueblo venezolano ante una crisis de masiva violación a los derechos humanos.

Esta complejidad en la respuesta requiere de la articulación de distintos actores, donde la organización y participación de los venezolanos para encontrar vías para la recuperación de la democracia es un imperativo, y donde el acompañamiento en este proceso y la acción por parte de los organismos internacionales es fundamental, tanto en el ámbito de la protección de los derechos humanos, como en la atención humanitaria.

Este reto que se le plantea a los organismos internacionales es histórico, y de ello dependerá en gran manera el futuro de Venezuela y de los venezolanos. Por ello, así como planteamos lo importante que ha sido la respuesta internacional, también hemos alertado sobre su ausencia en momentos claves.

Por ejemplo, en el año 2006, en una Carta Pública al Secretario General de Naciones Unidas, informamos sobre las dilatadas respuestas de las agencias a nivel nacional, y alertamos sobre la dificultad, o sobre el riesgo, de que Naciones Unidas estuviese incurriendo en una respuesta no acertada o fallida, como lo fue en los casos de Sri Lanka y, recientemente, en la crisis de los Rohingya y explicamos la necesidad de que los derechos humanos fueran la prioridad, tal y como lo establece el marco de acción “los derechos humanos primero”.

La respuesta internacional es un apoyo

Es por ello que la reflexión es, a que Venezuela siga siendo parte de la agenda internacional como un tema prioritario, pero también, con una acción asertiva y acorde a la gravedad de la situación, que revise y aplique los marcos y mecanismos especiales de acción establecidos para estas situaciones.

Como ya mencionamos, no debemos confundir, ni  intentar sustituir, el hecho de que  cualquier solución a la crisis de Venezuela debe ser protagonizada por los propios venezolanos, con acciones pacíficas que nos lleven a la reconstrucción de la institucionalidad  y el Estado de Derecho en Venezuela.

Sin embargo, en este contexto es clave la respuesta y acción internacional para lograr y acompañar ese cometido. Hablar alto y claro sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y las características humanitarias que por consecuencia acarrean una respuesta y una acción por parte de los sistemas internacionales, es fundamental para seguir evitando la pérdida de vidas y el sufrimiento de los venezolanos.