Desde el año 2014 el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), ha sido consecuente en la documentación y denuncia de la persecución política en Venezuela (Ver informes: “Persecución política en Venezuela. Sistematización de patrones de persecución en contra de la disidencia política venezolana”; “Persecución Política en Venezuela (Identificación diferenciada de patrones de persecución en actores disidentes y seguimiento de casos” y “Nuevos patrones y agudización de la persecución política. Seguimiento y actualización de caos de persecución”), en este periodo hemos presentado los principales patrones de persecución que son ejercidos de manera sistemática y continuada por parte del gobierno de facto, demostrando que el hostigamiento en contra de la disidencia venezolana es preexistente y se agudiza mientras también se agudiza la crisis.
Ahora, en un contexto agravado por la compleja emergencia humanitaria que existe en Venezuela, debido al deterioro de las condiciones de salud, económicas y alimentación, debemos sumarle la propagación acelerada del covid-19 que impacta de manera diferenciada a los venezolanos. El gobierno de facto, tras la emergencia sanitaria mundial, ha declarado el estado de alarma nacional y lo ha utilizado como excusa para vulnerar los derechos fundamentales de los venezolanos, por lo que lejos de atender la crisis, y darle prioridad a la atención sanitaria y condiciones de vida de la población, ha continuado y agudizado los sistemáticos patrones de persecución en contra de los líderes democráticos de Venezuela con el fin de intimidar y ejercer el control total.
En este sentido, el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, consagrados no solo en la constitución nacional sino en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela, se ha criminalizado, y se ha evidenciado en esta etapa de persecución en la que se supera el nivel de violencia y arbitrariedad como patrón recurrente por parte del régimen, vulnerando derechos como el debido proceso, la participación política, el respeto a la integridad física, la libertad de opinión y manifestación, entre otros.
Lo anterior denota que el transcurso del tiempo, y la agudización de la crisis que hoy existe en Venezuela, que se acentúa más con la propagación del covid-19, ha profundizado las prácticas arbitrarias de control y erradicación de la política disidente venezolana.
Muestra de lo anterior, es la violencia mediática a través del uso de medios de comunicación para el hostigamiento y amenazas, y el consentimiento del régimen de la creación de grupos irregulares para ejercer actos violentos en contra la disidencia. Es el caso de la respuesta de Nicolás Maduro luego de que Estados Unidos lanzara la operación antidrogas en la que se encuentran acusados varios funcionarios del gobierno. Así pues, la televisión pública fue nuevamente utilizada para ejercer persecución a la disidencia. El principal aliado de Maduro, Diosdado Cabello, a través de su programa «Con el mazo dando», dio a conocer el “plan furia bolivariana”, y amenazó a la oposición de ir en contra de ellos a través de una “furia bolivariana en alerta” [1]. A partir del domingo 29 de marzo al menos trece parlamentarios y mas de veinte dirigentes opositores han sido víctimas de intimidaciones a través de pintas en las fachadas de sus residencias con amenazas e improperios [2].
Al respecto, el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado afirmó que “estamos viendo una situación como en el tiempo de los Nazis que rayan las casas y los tildan por determinada situación” [3].
Por otra parte, las privaciones ilegitimas de la libertad y la vulneración del derecho humano al acceso a la justicia y al debido proceso es otro de los patrones que el gobierno de facto ha utilizado de una forma sistemática y continuada para silenciar a la disidencia, así pues, desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo de 2020) se han registrado al menos 33 nuevos casos de presos políticos [4], revelando un incremento respecto a los meses anteriores durante la cuarentena.
Sobre este particular, en una semana al menos cinco personas del entorno de trabajo del presidente encargado Juan Guaidó han sido detenidos sin órdenes judiciales. Estas detenciones han sido hechas utilizando a las fuerzas de seguridad del estado como lo son las Fuerzas de Acciones Especiale (FAES) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes están para cumplir funciones de seguridad en el mantenimiento del orden público, y de ningún modo pueden representar un brazo ejecutor del poder ejecutivo en la persecución sistemática en contra la disidencia.
Así pues, el 29 de marzo, detuvieron a Victor Silo y a Rómulo García a quienes acusaron de tener armamento y marihuana en su vehículo. El 30 de marzo es detenida Andrea Bianchi, novia de Rafael Rico, quien, a pesar de haber sido liberada en el mismo día, denunciaron que fue agredida, y amenazada de violarla. Por último, el 2 de abril, detuvieron a Demóstenes Quijada y Maury Carrero, quienes fueron acusados de terrorismo, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y explosivos, y ocultamiento de menor cuantía de drogas [5]
Al respecto, es importante destacar que la privación de libertad ha sido sin órdenes judiciales, y en algunos casos bajo la excusa de un operativo de chequeo por casos sospechosos de coronavirus en la zona. Sobre esto último, el 29 de marzo Guaidó alertó que un aparente equipo de sanidad había intentado ingresar a su residencia por un supuesto contagio de coronavirus.
Por otra parte, los trabajadores de la Asamblea Nacional legítima continúan siendo víctimas del amedrentamiento por parte del gobierno de facto a través de la destitución de cargos y despidos, pero no solo los diputados, en esta oportunidad, uno de los dos sindicatos de trabajadores de la Asamblea Nacional, Sinfucan, denunció que el 28 de marzo Luis Parra despidió a más de 650 funcionarios, obreros y contratados de la institución en medio del confinamiento [6].
Ahora bien, la persecución política a través de la apertura de procedimientos sin órdenes judiciales, los despidos por razones políticas, las amenazas y amedrentamientos utilizando los medios de comunicación públicos, grupos irregulares consentidos por el régimen, e incluso la fuerza de seguridad de la nación, no son los únicos patrones de control utilizados por el régimen durante el periodo de aislamiento social como consecuencia de la pandemia.
Así pues, hay patrones que se encuentran vinculados con la intervención estatal directa en el ámbito de la sociedad civil venezolana. El gobierno de facto ha amenazado continuamente la autonomía, la independencia y el libre ejercicio de asociación por parte de individuos y organizaciones, a través de controles y amenazas, en momentos en donde su participación es fundamental para abordar la emergencia sanitaria. Las personas que son acusadas de no cumplir con el aislamiento social obligatorio o el cuidado y protección sanitaria, son detenidas de forma arbitraria, sin aplicación correcta de la ley. Se le aplican castigos ejemplarizantes que hacen públicos y que atentan contra la dignidad humana, lo que hace temer que el prexistente control social se agudice. Así también, han criminalizado la defensa de los derechos, la transmisión de información y hasta el cuidado de la atención sanitaria, han sido atacados directamente los defensores de derechos humanos y organizaciones, médicos y periodistas. Nos encontramos ante un intensificado patrón de censura y control total que será abordado a profundidad en una próxima entrega.
Por último, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz):
- Aclaramos que los casos presentados no representan la totalidad de dirigentes de la disidencia que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos humanos en el contexto de la pandemia.
- Denunciamos y alertamos la agudización de los patrones de persecución política en contra de la disidencia venezolana, la apertura de procedimientos judiciales y detenciones arbitrarias, el uso de medios de comunicación para el hostigamiento y amenazas, el consentimiento por parte del régimen del uso de grupos irregulares para actos de violencia en contra de los líderes políticos de oposición, la destitución de cargos, la persecución a familiares, entre otros.
- Exigimos el respeto en el ejercicio de los derechos civiles y políticos como derechos humanos de los venezolanos, en una crisis sanitaria que requiere la participación y el concenso de los líderes democráticos y especialistas.
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[1] EL NACIONAL. Cabello advierte aplicar la «furia bolivariana» en contra de los que piden invasión de EE UU. Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/cabello-advierte-aplicar-la-furia-bolivariana-en-contra-de-los-que-piden-invasion-de-ee-uu/
[2] EFECTO COCUYO. Denuncian amenazas y persecución contra 33 políticos opositores, incluidos 13 diputados. Disponible en: https://efectococuyo.com/politica/denuncian-amenazas-y-persecucion-contra-33-politicos-opositores-incluidos-13 diputados/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
[3] DIARIO LAS AMERICAS. Gobierno de Guaidó denuncia ante organismos internacionales persecución del régimen. Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/gobierno-guaido-denuncia-organismos-internacionales-persecucion-del-regimen-n4195970
[4] DIARIO LAS AMERICAS. Guaidó exige liberar a presos políticos tras excarcelación de reos comunes. Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/guaido-exige-liberar-presos-politicos-excarcelacion-reos-comunes-n4196582
[5]RUN RUN. Sin procedimientos ni pruebas siguen quebrando el entorno de Guaidó. Disponible en: https://runrun.es/rr-es-plus/403594/sin-procedimientos-ni-pruebas-siguen-quebrando-el-entorno-de-guaido/
[6] RUN RUN. Sindicato de la AN ratifica que Luis Parra despidió a 650 trabajadores. Disponible en: https://runrun.es/noticias/403076/sindicato-de-la-an-ratifica-que-luis-parra-despidio-a-650-trabajadores/
