El año 2021 abre las puertas a una nueva contienda electoral en Venezuela. El próximo 21 de noviembre la ciudadanía podrá acudir a su centro de votación para escoger a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 miembros de consejos legislativos de estados y 2.471 concejales. Sin embargo, luego de un historial de múltiples eventos electorales celebrados en el pasado, en los que ha quedado demostrado que los mismos han carecido del respeto por las mínimas garantías para considerarlos auténticos y transparentes, ¿Cuál es el panorama electoral para la celebración de las elecciones del 21N?

Nos encontramos con un panorama de mayores garantías electorales. La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) menos desequilibrado, el desarrollo de una jornada de inscripción y actualización en el registro electoral con más días y puntos disponibles, los posibles avances sobre la acreditación de observación electoral nacional e internacional, el incremento de organizaciones con fines políticos habilitadas para participar en la contienda electoral, la promulgación de un reglamento y un instructivo que busca garantizar la participación de las mujeres en la política en igualdad de condiciones, son algunos de los avances que desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos evidenciado a pocos meses de la celebración de las elecciones regionales y municipales.

Sin embargo, el reconocimiento de unas elecciones con mayores garantías no se traduce en el desconocimiento de las violaciones a los derechos políticos que aún se evidencian en Venezuela. Pero si es un paso importante que los actores políticos y sociales organizados han dado en este camino de reconstrucción del voto en el país. En tal sentido que nuestras exigencias continúan enmarcadas en la creación de un entorno propicio para el ejercicio de los derechos de participación política en el país. Esto involucra un proceso electoral apegado a lo establecido en los estándares internacionales, a la Constitución Nacional y a las leyes especiales. La reinstitucionalización del país y la independencia de los poderes públicos son indispensables para el respeto del ejercicio de los derechos políticos de la población.

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