(Caracas, 04 de febrero 2026) Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado manifestamos nuestro acuerdo con el anuncio realizado por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre el inicio de un proceso de discusión para la elaboración de una Ley de Amnistía que abarque el período 1999–2026, en tanto se trata de un tema urgente y de alto consenso nacional, vinculado a la superación de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Consideramos que una Ley de Amnistía, debidamente concebida y discutida, puede constituir un instrumento relevante para avanzar en la restitución de derechos, la convivencia democrática y la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, enfatizamos que el proceso de discusión y elaboración de dicha ley no debe convertirse en un obstáculo ni en una justificación para frenar o suspender la excarcelación inmediata de las personas detenidas por motivos políticos, quienes continúan privadas de libertad de manera arbitraria.
Es fundamental aclarar ante la opinión pública que la amnistía no equivale a un perdón generalizado, ni supone impunidad, ni mucho menos olvido. Por el contrario, debe entenderse como una herramienta excepcional, enmarcada en estándares internacionales de derechos humanos, orientada a la liberación de personas injustamente perseguidas y a la adopción de garantías de no repetición.
Reconocemos igualmente que un proceso de esta naturaleza requiere tiempo, consultas amplias y un debate serio y responsable. Si bien insistimos en que las excarcelaciones no deben paralizarse, también advertimos que el resultado final de la ley debería ser, necesariamente, producto de un proceso progresivo, que debe privilegiar la participación, la transparencia y el apego a las normas internacionales.
En este sentido, reiteramos que la eventual Ley de Amnistía ni es contraria, ni limita ni obstaculiza el funcionamiento de los mecanismos internacionales de justicia y protección de derechos humanos, incluyendo aquellos de carácter judicial, como la investigación realizada actualmente por la Corte Penal Internacional (CPI). La vigencia del derecho internacional y las obligaciones del Estado venezolano en esta materia deben ser plenamente respetadas.
Consideramos indispensable que los organismos internacionales de derechos humanos, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), tengan un rol activo en los procesos de consulta, definición de criterios y análisis de casos, en articulación con las organizaciones nacionales de derechos humanos que, desde hace años, han documentado violaciones y acompañado a las víctimas.
Finalmente, subrayamos que, si bien la Ley de Amnistía constituye un primer paso urgente y de consenso nacional, este esfuerzo debe articularse con una agenda más amplia de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías efectivas de no repetición. Solo así será posible avanzar hacia una Venezuela verdaderamente democrática, en paz y con pleno respeto a los derechos humanos.
Exigencias
En coherencia con lo anteriormente expuesto, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos exigimos:
- La continuación inmediata y sin condicionamientos de las excarcelaciones de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, sin supeditar este proceso a la discusión o aprobación de la Ley de Amnistía.
- La publicación oportuna y completa del anteproyecto de Ley de Amnistía, a fin de que pueda ser conocido, evaluado y debatido de manera informada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, la academia, sectores sociales y demás actores interesados.
- Un proceso de discusión amplio, plural, transparente y participativo, que incorpore de forma efectiva a las organizaciones nacionales de derechos humanos y a los mecanismos internacionales competentes, en particular la OACNUDH y otros órganos del sistema internacional de protección.
- La garantía expresa de que la Ley de Amnistía no promoverá impunidad, no impedirá el acceso a la justicia ni limitará las obligaciones internacionales del Estado venezolano, ni el funcionamiento de los mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas, incluidos los de carácter judicial.
- La articulación de la Ley de Amnistía con una agenda integral de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías de no repetición
Reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde una perspectiva de derechos humanos, a un proceso que permita avanzar hacia la libertad de las personas injustamente detenidas y hacia la construcción de una Venezuela democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana.
Adhieren:
Caleidoscopio Humano
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)
Cepaz
Civilis Derechos Humanos
Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento
Foro Penal
Fundaredes
Gritemos con Brío
La República TV
La TV Calle
Laboratorio de Paz
Nosotras por Todas
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+
Red de Derechos Humanos del estado Lara
Red de Derechos humanos en acción
Redes Ayuda
Transparencia Venezuela
Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto
