A propósito del 50° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó este 29 de junio su último informe sobre Venezuela, antes de dejar el cargo que viene ejerciendo desde el año 2018 y cuyo periodo finaliza en agosto de este año.

El informe presentado por la Alta Comisionada abarcó desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022 y se centró en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho, el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por su Oficina.

Las carencias del sistema de salud afectan de forma diferenciada a las mujeres

En cuanto al sistema de salud, la Alta Comisionada destacó la falta de transparencia y de cifras oficiales referente a la pandemia. Resaltó que no se tiene acceso a información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación.  Además, destacó la falta de medicamentos, de suministros médicos, de personal suficiente y los servicios irregulares de electricidad en los centros de salud, situación que afecta de forma diferenciada a las mujeres, niñas y adolescentes, en cuanto a una atención médica adecuada y a la salud sexual y reproductiva.

Una Ley sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia no es suficiente

La Alta Comisionada reconoció los avances en la protección de los derechos de las mujeres con la más reciente reforma de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo alertó sobre la dramática cifra de femicidios publicadas por las organizaciones de la sociedad civil, la cual alcanzó solo durante el año 2021 a al menos 239 víctimas (Cepaz documentó 290 casos hasta diciembre de 2021). Aprovechó la oportunidad para exhortar al Estado a recopilar y difundir de manera proactiva datos e información pública sobre esos casos, incluida la rendición de cuentas.

Falta de independencia del poder judicial y la separación de poderes

El sistema de justicia venezolano ha sido utilizado como brazo de represión estatal contra las personas disidentes al gobierno de Nicolás Maduro. Los informes de la Alta Comisionada han dado cuenta de la instrumentalización de las fallas del sistema justicia como política para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, obviando el deber de realizar las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de las personas que ocupan niveles superiores de la cadena de mando y que han desarrollado actos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos contra la población.

A pesar de las recientes reformas policiales y judiciales, esto no ha sido suficiente para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. Especialmente sobre la nueva Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Alta Comisionada mostró su preocupación por la falta de independencia del poder judicial y la separación de poderes. Al respecto, alertó sobre los vínculos abiertos de varios magistrados y suplentes, designados reciente, con los partidos políticos.

La Alta Comisionada aseguró que persisten los desafíos para garantizar el derecho de un juicio justo y sin demoras indebidas. Durante el período que abarca el informe, la Oficina documentó 35 casos de violación del derecho a la libertad, incluyendo de seis mujeres. Además, la Oficina recibió denuncias de tortura o malos tratos relacionadas con 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca el informe.

Entre tanto, Michelle Bachelet, aprovechó su intervención oral para denunciar que su Oficina ya no tiene permitida la entrada a varios centros de detención como El Helicoide y el DGCIM. También solicitó que las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad. En especial, quienes han cumplido condena o se les ha concedido boleta de excarcelación.

Continúan las restricciones al espacio cívico y democrático

La Oficina de la Alta Comisionada siguió observando restricciones indebidas al espacio cívico y democrático y violaciones al derecho de asociación. Destacó actos de estigmatización, criminalización y amenazas contra las voces disidentes, la sociedad civil, los medios de comunicación y los sindicalistas, que afectan su capacidad para llevar a cabo efectivamente su legítima labor. Al respecto, durante el periodo que abarca el informe, la Oficina documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 actos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, incluidas cinco mujeres, en las redes sociales o en emisiones públicas por funcionarios del Estado.

El ejercicio de la libertad de opinión también fue una preocupación planteada en el nuevo informe de la Alta Comisionada. La Oficina documentó 34 casos de violación a este derecho contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil, a través de actos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. La Oficina también documentó la suspensión de tres programas de radio y el bloqueo de 41 sitios de Internet por parte de proveedores de Internet estatales y privados, presuntamente sin el cumplimiento del debido proceso ni motivación debida.

El Estado venezolano no ha cooperado con la Alta Comisionada

Los informes, recomendaciones y actualizaciones verbales que ha presentado la Alta Comisionada, dan cuenta que, durante los tres años de vigencia de este mecanismo de seguimiento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha cooperado con la Oficina, y que por el contrario se mantienen las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela.

La aparente cooperación que ha mostrado el gobierno de Nicolás Maduro con la Oficina, con el cumplimiento de sus recomendaciones y con la superación de la crisis que atraviesa el país, no ha sido más que una política planificada y ejecutada para evitar la renovación de los mecanismos de seguimiento e investigación que cursan sobre Venezuela.

Sin embargo, precisamente porque se trata de una apariencia ya que las violaciones a los derechos humanos continúan ejecutándose, sin investigaciones ni sanciones contra los perpetradores, la existencia del mecanismo de seguimiento que hace la Alta Comisionada debe mantenerse, al igual que otros mecanismos como lo ha sido el de la Misión de Determinación de los Hechos.

El próximo mes de septiembre, en el 51° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, corresponde decidir sobre la renovación de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.

Considerando los recientes informes y actualizaciones de la Alta Comisionada y de la Misión, desde Cepaz resaltamos la importancia de la renovación de la Misión y la continuación del trabajo de seguimiento de la Alta Comisionada. La existencia de ambos mecanismos favorecen a que se conozca la situación real de Venezuela, a lograr mayor grado de protección para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, a que exista mayor grado de fiscalización sobre las acciones indebidas ejercidas por el gobierno de Nicolás Maduro, y finalmente a continuar contando con mecanismos que atiendan la crisis de derechos humanos y  que aboguen por la reconstrucción de un sistema de justicia a favor de las víctimas y sus familiares.