Por: Feliciano Reyna Ganteaume.

Defensor de derechos humanos, presidente de Acción Solidaria y Civilis DDHH.

Frente a la pandemia provocada por el coronavirus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado de derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas. El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público contribuyó con la profundización de los daños.

Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica. La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos. De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.

Dicho grupo debe contar con acceso irrestricto a la información pública y llevar además la vocería conjunta de la respuesta. La población debe estar informada regularmente sobre los retos que plantea la situación sanitaria, económica y humanitaria y las brechas de capacidades en todo el territorio nacional, así como de los adelantos en las decisiones y acciones, por los medios públicos y privados, en ruedas de prensa abiertas. Esta será la manera de generar confianza a la población.

La respuesta urgente y necesaria a la amenaza que presenta el COVID-19 solo será posible mediante acuerdos entre los factores que hoy se disputan el espacio de poder político en el país. Por una parte, el gobierno del Sr. Nicolás Maduro, con control fáctico de la respuesta interna y capacidad para abrir al país a una respuesta humanitaria con apoyo de toda la comunidad internacional, en las dimensiones que hace falta y sin restricciones indebidas, para la entrada de medicinas, insumos, alimentos, y su posterior distribución en todo el territorio nacional. Por su parte, la Asamblea Nacional y su presidente, el Sr. Juan Guaidó, tienen la confianza y el reconocimiento de 60 gobiernos e instituciones financieras multilaterales, y podrían muy rápidamente solicitar la flexibilización condicionada de sanciones generales y aprobar recursos financieros y en especies para socorrer a la población. Gobierno y Asamblea Nacional son imprescindibles para dar viabilidad a la respuesta necesaria para salvar vidas y ofrecer condiciones de dignidad para las mayorías vulnerables del país.

En los términos de estos acuerdos, todos los recursos aprobados deben contar con los mecanismos de control para su implementación transparente y con rendición de cuentas. Las agencias internacionales, el sector público y privado, las iglesias, la sociedad civil nacional e internacional, con sus niveles diversos en recursos humanos y técnicos y de alcance geográfico, tienen la capacidad para socorrer a la población más vulnerable, siempre y cuando el acceso sea garantizado, incluyendo transporte y combustible.

Asimismo, deben respetarse y garantizarse los derechos humanos de la población, cesar de inmediato todas las acciones de represión por parte de órganos de seguridad y grupos armados, y acoger las recomendaciones de la Alta Comisionada, quien señaló que “ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos”, y de más de 20 relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, referidas a que “los estados no deben abusar de medidas de emergencia para violar derechos humanos”. Solo garantizando mecanismos de protección de los derechos humanos y generando espacios de confianza para la población será posible que las personas soliciten ayuda, acojan medidas de prevención y resguardo y se ayuden solidaria y responsablemente entre ellas.

Los acuerdos políticos necesarios para resolver las condiciones de fondo que generaron la emergencia humanitaria compleja, ahora agravada por la velocidad del impacto del COVID-19, pueden ser tratados como parte de este proceso, sin retrasar la implementación perentoria de la respuesta humanitaria. Los gobiernos de Noruega, Canadá y los Estados Unidos, de los países de América Latina, del Caribe y de la Unión Europea, así como los de Rusia, China y Cuba, países todos impactados también por el COVID-19, tienen como nunca antes la oportunidad de respaldar y acompañar estos acuerdos humanitarios y políticos. No queremos una Venezuela devastada, miles de vidas están en juego, no hay tiempo que perder.