En el marco del periodo 45° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 16 de septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos presentó su informe conclusivo en el que destacó la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la perpetuación de crímenes de lesa humanidad contra la población.
En este mismo periodo, el 23 de septiembre se dio inicio al diálogo interactivo mediante el cual los Estados miembros, la sociedad civil, las víctimas y sus familiares expresaron sus expectativas e intercambiaron opiniones acerca del reciente informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Finalmente, y por tercer día consecutivo, Venezuela formó parte de esta agenda internacional a través de la intervención de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, quien ofreció su actualización oral sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela durante el periodo comprendido desde el 2 de julio de 2020 hasta la fecha.
La intervención de los Estados miembros ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU da cuenta del reconocimiento de la comunidad internacional del patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población venezolana, el deterioro progresivo de las libertades fundamentales y del socavamiento de los derechos civiles, políticos, culturales y sociales de la población.
El mundo hoy reconoce la necesidad de justicia a favor de las víctimas y sus familiares, y de la rendición de cuentas de los perpetradores de estos atroces crímenes contra la humanidad que se comenten en total impunidad en Venezuela, que se encuentran exhaustivamente reflejados en el reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos, que por demás ha sido altamente apoyado y reconocido durante el diálogo interactivo desarrollado en este periodo de sesiones.
Consideramos que el arduo trabajo de la Alta Comisionada debe ser reconocido, por la visibilización de la crisis que hoy padecen los venezolanos, así mismo las recomendaciones y los acuerdos de cooperación son fundamentales para alcanzar la restitución de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Sin embargo, ante el patrón de incumplimiento por parte del régimen de las obligaciones asumidas con la oficina de la Alta Comisionada, se requiere un alto nivel de contundencia que acompañe las graves denuncias del informe de la Misión de Determinación de los Hechos, y que en definitiva ambos mecanismos permanezcan vigentes y trabajen de la mano en la recuperación de las instituciones democráticas y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la población.
