La crisis multidimensional que existe en Venezuela y la compleja crisis humanitaria se ha agudizado en tiempos de pandemia. El gobierno de facto ha utilizado la emergencia sanitaria para continuar con la declaratoria de un estado de excepción, que ya tiene una vigencia inconstitucional de más de 4 años, y que ahora, siendo necesaria para salvaguardar la vida de los venezolanos, ha sido aprovechada para vulnerar derechos y aplicar mayores restricciones que, lejos de atender la emergencia, profundiza aún más la preexistente crisis.

En este sentido, el régimen ha amenazado continuamente la autonomía e independencia de los individuos y organizaciones, a través de la aplicación sistemática y continuada de patrones de persecución en contra de los líderes de oposición, los defensores y defensoras de derechos humanos, los comunicadores, el gremio de la salud, los retornados venezolanos, y en general a toda la población a través de una política de Estado de control como mecanismo de perpetuación en el poder.

En este informe presentamos la situación de persecución y vulneración de los derechos humanos de los venezolanos desde el inicio de la declaratoria de estado de emergencia por parte del régimen, y cómo éstas prácticas se agudizan, superando el nivel de violencia y arbitrariedad, vulnerando el libre ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, particularmente el derecho al debido proceso, la participación política, la asociación, el respeto a la integridad física, la libertad de opinión y manifestación, entre otros.

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