En las semanas posteriores al brote de la pandemia mundial de COVID-19, la situación humanitaria y política en Venezuela ha seguido deteriorándose, lo que subraya la necesidad urgente de apoyo multilateral para una solución pacífica y democrática de la crisis, así como una mayor asistencia humanitaria para la población en Venezuela y a quienes han huido del país. Como organizaciones comprometidas con el avance de los derechos humanos en las Américas, instamos a los gobiernos regionales a reforzar su apoyo a una solución pacífica, democrática y una respuesta humanitaria multilateral a la crisis.
Hemos acompañado con interés las propuestas de soluciones pacíficas, democráticas y humanitarias en organizaciones multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, así como en foros ad hoc como el Proceso de Quito, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional. En el contexto de la creciente pandemia y la emergencia humanitaria compleja, ahora pedimos a los gobiernos del hemisferio que se adhieran a los siguientes principios para defender los derechos políticos, económicos y sociales del pueblo venezolano:
- Este es un momento para presionar a actores internacionales a emplear la diplomacia activa. A medida que avanza el estancamiento actual, ha quedado claro que no puede haber una solución a la crisis política de Venezuela a menos que haya una mejor coordinación entre actores geopolíticos, especialmente Rusia, China, y los Estados Unidos. Los gobiernos de América Latina pueden ayudar a presionar a las superpotencias mundiales para que abandonen las posiciones maximalistas en favor de soluciones políticas realistas que beneficien al pueblo venezolano, y deben buscar formas de comunicar públicamente y privadamente la necesidad de compromiso.
- Líderes a través de la región deben reiterar las demandas de la sociedad civil venezolana de un acuerdo urgente que permita una respuesta humanitaria más sólida a la pandemia. La escalada de una respuesta humanitaria requerirá un acuerdo entre el gobierno de facto de Maduro, que conserva el control territorial, y la Asamblea Nacional, que tiene legitimidad democrática y acceso a apoyo financiero internacional, como lo recomienda la propia Organización Mundial de la Salud, sobre “Mejorar los mecanismos de coordinación de toda la sociedad para apoyar la preparación y la respuesta al COVID-19.”
- Gobiernos de la región deberían promover mayor financiamiento para la respuesta humanitaria dentro y fuera de Venezuela. La comunidad internacional puede ayudar a abordar la crisis humanitaria apoyando a las ONG que trabajan en el terreno para satisfacer las necesidades humanitarias. En 2019, el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas recibió solo el 34 por ciento de los $ 223 millones solicitados para su implementación completa, lo que indica la gran necesidad de mayores recursos. También es esencial que la comunidad internacional canalice fondos adicionales hacia los planes de respuesta de los gobiernos regionales. Hasta la fecha, el plan regional de respuesta de refugiados y migrantes de la ONU para refugiados y migrantes de Venezuela solo ha recibido el 3 por ciento de los $ 1.35 mil millones solicitados para responder a la crisis.
- Se debe instar al gobierno de Maduro a poner fin a la represión política y aceptar propuestas para una solución pacífica que restablezca el orden democratico. Defensores y defensoras de los derechos humanos, actores humanitarios, trabajadores de la salud, periodistas y miembros de la Asamblea Nacional se han enfrentado a una creciente represión y el gobierno de Maduro ha tomado medidas enérgicas contra quienes cuestionan los datos oficiales y critican la respuesta del gobierno. Desde que Maduro declaró el estado de emergencia el 13 de marzo, al menos 34 personas han sido detenidas arbitrariamente. Es esencial que la comunidad internacional continúe denunciando su persecución y exija la liberación de todos los presos políticos.
- Se debe exigir que las manifestaciones pacíficas de la población venezolana no sean respondidas con violaciones al derecho a la vida e integridad. Ante la crisis de prestación de necesidades básicos como electricidad, gas doméstico, agua potable y telefonía celular, diferentes comunidades en Venezuela han ejercido su derecho a la protesta. El 23 de abril Charlis Antonio Nuñez Palma (29) perdió la vida en el contexto de manifestaciones en Upata, estado Bolívar. Se debe presionar a las autoridades para respetar mecanismos de resolución pacífica de las demandas, utilizar el uso diferenciado y proporcional de la fuerza en el mantenimiento del orden público y abstenerse de utilizar civiles armados para abordar cualquier muestra de descontento.
- Los gobiernos regionales deben insistir en que se levanten todas las restricciones que limitan el acceso y el trabajo de las organizaciones humanitarias. Como se señaló en el Plan Global de Respuesta Humanitaria de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), muchas organizaciones humanitarias no han podido continuar su trabajo en el terreno debido a la escasez de gasolina, las restricciones de movimiento bajo la cuarentena y los obstáculos para registrarse y autorizar a las ONG internacionales para operar en el país. Los gobiernos deberían insistir en que cualquier acuerdo ofrezca garantías verificables de transparencia y supervisión de la asistencia, e incluya un acceso más amplio para los actores humanitarios de la ONU sobre el terreno.
- La solidaridad con los venezolanos no debe terminar cuando salen de sus fronteras. Hasta la fecha, más de 5 millones de personas han huido de Venezuela debido a la crisis humanitaria y política. A pesar de los compromisos de ampliar el acceso al estado regular en la Declaración de Quito 2018, la mayoría de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela en las Américas carecen de un estado regular en sus países de acogida, dejándolas sin acceso a empleo formal, educación o atención médica. Se declaró en la Resolución 1/20 de la Corte Interamericano de Derechos Humanos que las personas migrantes enfrentan una alta nivel de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia de COVID-19, destacando la urgencia de extender el estatus regular y el acceso a servicios básicos a migrantes venezolanos que viven en el extranjero.
Organizaciones firmantes:
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Acción Solidaria
Asylum Access
Caleidoscopio Humano
Caribe Afirmativo
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
CIVILIS Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Conectas Dereitos Humanos
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Fundación CELTA
Laboratorio de Paz
Monitor Social A.C.
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Observatorio Electoral Venezolano
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Radar de los Barrios
Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN)
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil (SJMR)
Sociedad Hominis Lura (SOHI)
Washington Office on Latin America (WOLA)
Imagen cortesía Díario Las Américas
