Desde el año 2015, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ha venido documentando las reiteradas y sistematizadas prácticas de persecución política por parte del gobierno venezolano a la disidencia, violatorias de los derechos humanos, civiles y políticos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y en los pactos y convenciones internacionales suscritos por Venezuela. Producto de este esfuerzo se generaron tres informes. «Persecución política en Venezuela. Sistematización de patrones de persecución en contra de la disidencia política venezolana»; «Persecución Política en Venezuela (Identificación diferenciada de patrones de persecución en actores disidentes y seguimiento de casos)» y “Nuevos patrones y agudización de la persecución política. Seguimiento y actualización de caos de persecución».

En los dos primeros informes se toman casos específicos y públicos contra políticos, líderes, estudiantes, manifestantes, periodistas y visitantes internacionales, ente otros, a través de los cuales se identifican ocho patrones desarrollados por el gobierno venezolano para la reiterada y sistemática persecución y represión de la oposición política:

1. Apertura de procedimientos judiciales caracterizados por la violación del derecho al debido proceso que implica atropellar diversos principios como son:
• El derecho a la asistencia jurídica
• De presunción de inocencia
• De celeridad procesal
• Principio del juez natural
• El principio de la cosa juzgada

2. Persecución a través de los medios de comunicación, mediante la hegemonía comunicacional que implantó Hugo Chávez y que se profundizó con Nicolás Maduro. El gobierno utiliza los medios de comunicación abusiva y arbitrariamente para perseguir y amedrentar a opositores políticos.

3. Destitución de cargos públicos y de elección popular a políticos disidentes a través del TSJ y el despido o la obligación de renunciar a puestos de trabajo que tenían algunos opositores debido a su posición política.

4. Allanamientos irregulares a la propiedad privada, incluso sin orden judicial (contrario a la Constitución Nacional), es violentada la propiedad privada de personeros políticos.

5. Allanamiento a la inmunidad parlamentaria: con ello el gobierno busca anular políticamente a los diputados de la Asamblea Nacional quienes son electos de manera directa por voto popular para ejercer la función legislativa y por lo tanto gozan de inmunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones.

6. Inhabilitación política, que busca limitar o suprimir los derechos y deberes políticos a los opositores principalmente en el ejercicio de los cargos públicos.

7. Usurpación de las funciones públicas. A pesar de la separación de poderes públicos establecida en la Constitución Nacional, el gobierno utiliza la apertura de procesos judiciales o administrativos en contra de un dirigente opositor incluso a través de los medios de comunicación, evidenciando una clara sumisión del Poder Judicial.

8. Aquiescencia de actos violentos en contra de dirigentes políticos. El Estado venezolano favorece, por acción u omisión, la agresión de sus partidarios en contra de miembros de la oposición, no sólo a dirigentes políticos sino a cualquier persona que se suponga pueda ser opositora al gobierno. Por otro lado, las continuas acciones violentas de los colectivos dirigidas a manifestantes de oposición son toleradas y estimuladas desde el gobierno.

En el tercer informe elaborado por Cepaz en el 2017 se identifican cuatro nuevos patrones de persecución política aplicados a la disidencia:

9. Apertura de procedimientos ante tribunales militares, lo que materializa una clara violación a los principios procesales contemplados en nuestra Carta Magna, y en los tratados y doctrina aplicables en materia de Derechos Humanos.

10. Persecución a familiares. En numerosos casos los familiares de líderes políticos han sido sometidos a fuertes amenazas por parte del gobierno nacional, todo ello, con el fin último de disuadir a quienes forman parte de lucha política en contra del gobierno actual, de no continuar con la promoción y defensa de las libertades básicas, principios fundamentales y respeto del ordenamiento jurídico venezolano.

11. Anulación de pasaportes, evitando de esta forma la salida del país de líderes políticos y periodistas, quienes en oportunidades han buscado transitar fuera de la República para romper el silencio internacional y hacer eco de la crisis política.

12. Apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes. Los órganos de justicia venezolana, han decidido bajo la aquiescencia y el mandato del gobierno, iniciar la apertura de procedimientos judiciales en contra de los alcaldes disidentes, y como consecuencia de esto, la destitución inmediata de su cargo, además de otras medidas como la prohibición de salida del país.

Todo lo anterior evidencia que el Estado venezolano participa por acción u omisión en un modelo articulado de violencia y persecución para limitar las acciones de los diversos sectores de la oposición, que con los años se hace más notorio, más efectivo e incisivo.

Queda de manifiesto que la persecución política es una forma de ataque y represión generalizada con la que se criminaliza, desprestigia y minimiza la actuación de la oposición política venezolana.

Como también fue documentado en el informe “Estocada a la Democracia”, el Parlamento venezolano ha sufrido constantes ataques por parte del gobierno de Nicolás Maduro, incrementándose en los últimos meses bajo la sombra de un supuesto desacato emanado del Tribunal Supremo de Justicia.

Desde que se realizaron las elecciones al Parlamento en el año 2015, hasta la actual fecha, se han recopilado un total de 119 sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia que buscan ejercer el control absoluto del Parlamento, visto que políticamente el gobierno de Nicolás Maduro había perdido la mayoría de la cámara. Las sentencias que van contra las funciones administrativas de los organismos públicos, como son el manejo de su presupuesto y del personal que labora en la misma y el dictar sus normativas internas, equivalen a un 2.52%. Las sentencias que van en contra de las atribuciones y competencias del Poder Legislativo establecidas en la Constitución equivalen al 71.43%. Las sentencias en contra de la inmunidad parlamentaria equivalen al 21.01%, y las sentencias en contra del sistema democrático equivalen al 5.04%. Todas estas sentencias lo que buscan es el control absoluto por parte del Ejecutivo nacional de todos los poderes por una parte y por la otra el desmantelamiento del Poder Legislativo.

En el informe «La fórmula perfecta para apuntalar la dictadura. Asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela», demostramos que la persecución política es la fórmula perfecta que aplica el gobierno de Maduro para destruir por completo los vestigios de democracia que quedan en Venezuela y apuntalar la dictadura.

Presentamos datos sobre los diferentes ataques realizados a los diputados y sus familiares, al personal de la Asamblea Nacional, a la institucionalidad, a la sede y al funcionamiento pleno del Parlamento. El informe demuestra cómo la AN ha estado bajo asedio desde su instalación. Siendo usados los otros poderes y la fuerza pública para este ataque.

Existen motivos razonables para creer que los actos persecutorios descritos en este informe son parte de una política de “discriminación basada en la ideología política de las personas objeto del ataque” (caso Akayesu, Tribunal Penal Internacional para Ruanda).

Es fundamental que este tipo de actos sean documentados y denunciados ante los organismos internacionales de violación de derechos humanos y los organismos de la región en pro de la defensa de la democracia.

Consulte el informe completo La fórmula perfecta para apuntalar la dictadura

Consulte las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que afectan a la Asamblea Nacional 2015 – 2019