Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pone de relieve el hecho de que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. El informe también deja al descubierto el grave impacto de la crisis económica y social que atraviesa el país por lo que se refiere a los derechos a la alimentación y a la salud.
El informe ofrece una actualización con respecto a varias de las violaciones de los derechos humanos que fueron documentadas en el informe sobre la República Bolivariana de Venezuela publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2017. Mientras que el informe anterior se focalizó en el uso excesivo de la fuerza y las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de las protestas, este nuevo informe documenta también los testimonios creíbles e impactantes sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el curso de presuntas operaciones de lucha contra del crimen que se llevaron a cabo desde 2015 bajo la denominación de “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”.
De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscalía General (Ministerio Público) registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las mencionadas operaciones. Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron en un determinado patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la realización de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a “criminales”, sin orden judicial; la muerte de jóvenes que correspondían a un cierto perfil, en algunos casos en sus propios hogares; y finalmente, la manipulación por las fuerzas de seguridad del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.
“Los testimonios de las víctimas, cuestionaron si realmente las OLP tenían el objetivo de desarticular a los grupos delictivos”, señala el informe. “Un conjunto de elementos aparece indicar más bien que las OLP constituyeron un instrumento para que el Gobierno mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la delincuencia.”
Por iniciativa de la anterior Fiscal General, quien fue remplazada en agosto de 2017, se iniciaron investigaciones contra 357 agentes de las fuerzas de seguridad en relación con los homicidios mencionados. Desde esa fecha, no se ha comunicado ninguna información pública sobre el avance de las investigaciones; uno de los principales obstáculos a la divulgación de dicha información ha sido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que está encargado de las investigaciones y es a la vez el principal presunto responsable de la mayoría de las muertes.
Las OLP fueron sustituidas en enero de 2017 por otra operación denominada Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo, que son mucho menos transparentes que las OLP y más difíciles de rastrear. En todo caso, según las informaciones comunicadas por la sociedad civil, los homicidios han continuado. El informe también documenta la muerte de 39 reclusos en un centro de detención del estado de Amazonas, en 2017, y de siete miembros de un presunto grupo armado en Caracas, en 2018, en el curso de operaciones en que los agentes de seguridad utilizaron presuntamente fuerza excesiva.
La impunidad también parece ser generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017. La anterior Fiscal General había cursado al menos 54 órdenes de detención, pero hasta ahora la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha podido conocer de un solo caso en el que se ha iniciado un juicio formal. Se ha señalado la desaparición de pruebas esenciales que figuraban en los expedientes de los casos denunciados, y los fiscales del Ministerio Público encargados de las investigaciones fueron remplazados tras el nombramiento del nuevo Fiscal General, en agosto de 2017. La Guardia Nacional Bolivariana también habría bloqueado las investigaciones.
“Las autoridades estatales no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad”, sostiene el informe. Varios familiares de las víctimas indicaron que “habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”.
Según la información recibida, algunos de los agentes de las fuerzas de seguridad acusados de haber cometido ejecuciones extrajudiciales de manifestantes han sido puestos en libertad, pese a que existen órdenes judiciales de detención en su contra. Todos los familiares de víctimas que fueron entrevistados indicaron que no tenían confianza en la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas, establecida por la Asamblea Constituyente.
“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardias y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”.
Debido a que el Gobierno de Venezuela no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones, el Alto Comisionado Zeid ha recomendado al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de Investigación sobre la situación en Venezuela.
“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia,” añadió Zeid.
Varios profesionales de la salud también describieron a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el grave deterioro de los centros de salud. La escasez sistemática de equipo y medicinas esenciales, la salida de médicos del país, empujados por los bajos salarios y la hiperinflación, y la falta de transparencia del Gobierno, que en ciertas ocasiones ha respondido a las críticas amenazando o incluso deteniendo a los profesionales de la salud y los periodistas que han denunciado la crítica situación sanitaria, son factores que han contribuido a la dramática crisis de salud en el país.
Por otra parte, el informe señala que el Gobierno se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis alimentaria del país, incumpliendo así su obligación en virtud de las normas internacionales de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación. La información disponible da cuenta de un rápido incremento de la desnutrición infantil.
“Hay familias que se ven obligadas a buscar comida en los contenedores de basura. Según algunas estimaciones, el 87 por ciento de la población e Venezuela está afectada por la pobreza, y el 61,2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema; 1,5 millones de personas han debido salir del país desde 2014”, dijo Zeid.
“La situación de derechos humanos de la población de Venezuela es sombría. Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia. Insto al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro”, añadió.
Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relativas a los derechos humanos también siguen confrontadas a severas restricciones legales, campañas de desprestigio, amenazas y acoso, así como a acusaciones de haber cometido delitos, tales como actos de terrorismo y de traición a la patria. Aunque el número de detenciones arbitrarias e ilegales es ahora menor que durante las manifestaciones masivas del año pasado, han continuado de una manera más selectiva. Valga mencionar el caso de un grupo de jóvenes amigos que intercambiaron mensajes a través de una red social sobre la posibilidad de acudir a una manifestación, y que fueron detenidos y privados del contacto con sus familiares o abogados por más de cuatro meses. Recientemente, fueron puestos en libertad condicional.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió información según la cual al menos 280 personas que habían sido arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos humanos o por ser consideradas como una amenaza contra el Gobierno, siguen recluidas en condiciones deplorables*. De acuerdo con estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, más de 7.000 personas fueron puestas en libertad condicional, pero viven con el miedo de ser detenidas nuevamente o a la espera de que se inicien los juicios en contra suya. También se sigue violando sistemáticamente el derecho al debido proceso.
El informe también documentó unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, tratos que en muchos casos pueden llegar a constituir tortura. El informe detalla también el maltrato de que han sido objeto los familiares de las personas detenidas en el momento de las visitas.
El informe se compiló a partir de 150 entrevistas y reuniones mantenidas con venezolanos, incluyendo al menos 78 víctimas y testigos, así como a partir del examen de la información procedente de un amplio abanico de fuentes. Los resultados del informe indican que se sigue aplicando una política de represión contra quienes disienten del Gobierno.
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