La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) señalaron en un comunicado que debido a los graves impactos humanitarios provocados por los recientes terremotos en Venezuela, el Estado tiene la obligación de garantizar de manera integral y transparente los derechos humanos, incluyendo los DESCA, prestando especial atención a las necesidades diferenciadas de los grupos en situación de vulnerabilidad tanto en la fase de emergencia como en la recuperación y reconstrucción.
Los sismos ocurridos el 24 de junio se desarrollaron en un contexto preexistente de emergencia humanitaria, ausencia de Estado de derecho y deterioro democrático, lo cual limita de forma drástica la capacidad de respuesta estatal. Datos previos reflejan que en 2025 cerca de 20 millones de personas vivían en pobreza multidimensional (afectando salud, educación, trabajo, vivienda y servicios básicos), mientras que en 2024 unas 13,5 millones enfrentaban necesidades críticas, según registros del Informe Anual de la CIDH.
A tres semanas de la catástrofe, subsisten vacíos estadísticos oficiales. Cifras gubernamentales al 24 de julio de 2026 reportan 5.546 personas fallecidas, 16.740 heridas, 6.462 rescatadas y 128.324 familias auxiliadas, pero persiste la falta de información oficial consolidada sobre personas no localizadas, un vacío que la sociedad civil cifra en 29.484 personas desaparecidas. Persisten alarmantes dificultades en el sistema de salud, acceso a agua potable, saneamiento y necesidad urgente de apoyo psicosocial y en salud mental. Asimismo, se reportan limitaciones en la gestión digna de cuerpos, sobrecarga de morgues y barreras para el acceso a servicios funerarios.
Se contabilizan al menos 17.907 personas que perdieron su vivienda y 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas, La Guaira y Miranda, los cuales enfrentan altos niveles de ocupación, insuficiencia de servicios básicos e incremento en las cargas de cuidado para mujeres y niñas, sumado a riesgos de protección advertidos por Naciones Unidas. Además, la CIDH expresa preocupación por las restricciones documentadas por la sociedad civil en la respuesta humanitaria, tales como trabas de acceso a la prensa, obstrucción a centros ciudadanos de acopio, retención de insumos, revocación de permisos a equipos médicos internacionales y denuncias de traslados no voluntarios de personas damnificadas.
Ante este panorama, la CIDH urge al Estado venezolano a garantizar información pública transparente, el acceso efectivo a servicios esenciales, la cooperación internacional para una gestión digna de los cuerpos y el respeto absoluto a los derechos de las personas desplazadas internamente conforme a los estándares interamericanos. Finalmente, la CIDH y la REDESCA convocan a la comunidad internacional a brindar un apoyo sostenido y coordinado, enfatizando que Venezuela debe restablecer el orden constitucional para reconstruir la institucionalidad indispensable en la gestión de desastres.
