La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en un comunicado la tortura y los malos tratos enfrentados contra las personas privadas de libertad en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) en Venezuela. Ante la gravedad de las denuncias, el organismo internacional exhortó al Estado venezolano a adoptar medidas efectivas para prevenir y erradicar de forma definitiva estas prácticas dentro de sus centros de reclusión.

Denuncias de uso excesivo de la fuerza contra personas privadas de libertad

El pasado 24 de mayo de 2026, las personas detenidas en el INJUBA iniciaron un motín de carácter no violento. Esta protesta se desencadenó tras una requisa que la población penal calificó de «violenta», marco en el cual denunciaron ser víctimas de diversas formas de malos tratos y torturas.

De acuerdo con la información pública disponible, los abusos físicos e institucionales denunciados incluyen: aplicación de golpizas, requisas violentas, rotura de pertenencias personales y castigos consistentes en baños de agua helada con corrientes. Durante el desarrollo del motín, supuestamente el director del penal habría ordenado disparar perdigones y bombas lacrimógenas en contra de la población penitenciaria, dejando un saldo de al menos una persona herida. También hay denuncias de constantes maltratos dirigidos hacia las familias de los internos durante el desarrollo de las visitas carcelarias.

A este escenario de violencia se suman las deplorables condiciones de detención habituales en dicho centro de reclusión. El INJUBA se caracteriza principalmente por mantener un nivel de hacinamiento de casi el 200%, escasez crítica de agua potable, un deficiente suministro de alimentos y una alarmante falta de atención médica para los reclusos.

Investigaciones y traslados

Como consecuencia inmediata, el director del INJUBA, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido de su cargo. El 25 de mayo de 2026, el Ministerio Público anunció formalmente la apertura de investigaciones penales para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas de la crisis, procediendo posteriormente con la instalación de un equipo de jueces y fiscales dentro del propio recinto penitenciario.

Por otra parte, reportes disponibles indican que tras el motín se habría ejecutado el traslado de decenas de personas privadas de libertad hacia otros centros de detención en diversos estados del país. No obstante, la CIDH advirtió que estos movimientos no se han podido verificar debido a la completa ausencia de información oficial. Al respecto, la Comisión tomó nota de las denuncias de la sociedad civil, las cuales alertan que los traslados de los reclusos no se estarían realizando de manera voluntaria. Las personas privadas de libertad estarían siendo redirigidas a otros centros penitenciarios que también registran problemas graves de superpoblación. Además los familiares de las personas privadas de libertad ven severamente limitado su acceso a datos oficiales sobre el paradero y la situación de sus seres queridos, sumándose a los malos tratos recibidos en el proceso.

Obligaciones del Estado

La Comisión reiteró de manera enfática que toda persona privada de libertad tiene el derecho inalienable a recibir un trato humano, con un respeto irrestricto a su dignidad, a la vida y a su integridad personal. En concordancia con los instrumentos interamericanos, el Estado venezolano tiene la obligación de asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana.

El organismo se pronunció de manera contundente indicado que «la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios internacionales consagrados en distintos instrumentos regionales e internacionales en la materia, con lo cual se encuentran absolutamente prohibidos.»

La CIDH exhortó a Venezuela a implementar acciones urgentes que garanticen condiciones de encarcelamiento respetuosas de los derechos humanos. «La CIDH urge al Estado de Venezuela a adoptar medidas urgentes y efectivas para prevenir y erradicar las prácticas de malos tratos y torturas contra las personas privadas de libertad, incluyendo el uso excesivo de la fuerza en su contra». Finalmente la Comisión reiteró una vez más «su firme e inquebrantable disposición para realizar una visita in loco al país, a fin de observar la situación de derechos humanos en el terreno».