En momentos de transición, las amnistías pueden convertirse en puentes hacia la libertad para personas injustamente encarceladas por razones políticas y, al mismo tiempo, en cimientos de una paz duradera. En los debates sobre amnistías suele aparecer una falsa disyuntiva: o se busca la paz, o se busca la justicia. La experiencia latinoamericana demuestra que esa oposición no solo es equivocada, sino peligrosa.
Las transiciones que intentaron cerrar el pasado sin reconocer a las víctimas terminaron reabriendo ese debate años después. En cambio, allí donde se preservaron ciertos principios mínimos: verdad, investigación, reparación y límites claros frente a violaciones graves, la reconciliación tuvo bases más firmes y duraderas.
Argentina, Perú y El Salvador
Argentina es un ejemplo elocuente. Tras la dictadura militar (1976–1983) y el retorno a la democracia, se aprobaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que frenaron los juicios por crímenes de la dictadura, y parecieron, durante un tiempo, haber clausurado el pasado. Sin embargo, las víctimas y la sociedad civil insistieron en el derecho a saber qué había ocurrido. Los juicios por la verdad, la apertura de archivos y la documentación sistemática de desapariciones y torturas mantuvieron viva la memoria. Esa persistencia permitió que, años después, la Corte Suprema dejara sin efecto los obstáculos legales a la justicia. La lección fue clara: la verdad no bloqueó la paz; la sostuvo hasta que la justicia pudo avanzar.
Perú vivió un proceso similar. Después de las graves violaciones ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa, se aprobaron leyes de amnistía para cerrar casos como Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, la documentación rigurosa de los hechos, el trabajo sostenido de las víctimas y organizaciones, y el cambio institucional posterior permitieron reabrir investigaciones y juzgar a los responsables. La paz posterior no descansó en el silencio, sino en el reconocimiento público de lo ocurrido y en la afirmación de que ciertos crímenes no pueden quedar impunes.
En Uruguay, luego de la salida de la dictadura cívico-militar (1973–1985), se aprobó la Ley de Caducidad que impidió durante décadas juzgar violaciones de derechos humanos. Aun así, la búsqueda de restos, la apertura progresiva de archivos y las medidas de esclarecimiento demostraron que la demanda de verdad no desaparece con una ley. Incluso bajo fuertes restricciones, la sociedad entendió que sin verdad no hay cierre real.
El caso de El Salvador muestra el otro extremo. Al finalizar la guerra civil y publicarse el informe de la Comisión de la Verdad en 1993, se aprobó de inmediato una Ley de Amnistía que bloqueó la investigación de graves violaciones. Pero tampoco allí el pasado quedó sellado: décadas después, las víctimas lograron reabrir el debate nacional. El intento de cerrar el tema por decreto no eliminó la necesidad de verdad, solo la postergó.
Estos procesos no ocurrieron por casualidad. Las amnistías pueden ser efectivamente herramientas legítimas para resolver conflictos políticos y liberar a personas perseguidas injustamente, siempre que no bloqueen la verdad, la investigación ni la reparación de violaciones graves. Este principio fue reafirmado tanto por el Sistema Interamericano —de forma contundente en el caso Barrios Altos— como por estándares desarrollados en Naciones Unidas, que coinciden en que la paz sostenible se construye reconociendo a las víctimas y garantizando la no repetición.
Las víctimas no son un obstáculo para la paz
La lección comparada es esperanzadora. Allí donde las amnistías fueron focalizadas en delitos políticos o conexos, permitieron abrir espacios democráticos sin sacrificar los derechos de quienes sufrieron crímenes graves. Lejos de debilitar la paz, esta claridad la fortalece, porque hace a la amnistía compatible con el Estado de derecho y, por tanto, más estable en el tiempo.
Por eso, una amnistía bien diseñada puede cumplir un doble propósito: devolver la libertad a quienes nunca debieron perderla y honrar a las víctimas garantizando verdad y reparación. Las víctimas no son un obstáculo para la paz; son su condición. Porque, al final, la paz no se construye sobre el olvido, sino sobre el reconocimiento de quienes cargaron con el mayor costo del conflicto.
