En los últimos años, Venezuela ha sido testigo de una de las mayores crisis de movilidad humana en el mundo. Más de siete millones de personas han dejado atrás sus hogares, cargando con el peso de la incertidumbre, el dolor de la separación familiar y la esperanza de encontrar un futuro mejor.

Este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, es una fecha clave para reflexionar sobre esta realidad.

La migración venezolana es un fenómeno en escalada

La intención de migrar después de las elecciones en Venezuela está profundamente vinculada con las expectativas frustradas de cambio político en el país, así como con el empeoramiento de las condiciones de vida y el terror generalizado que tiene la población de que por pensar distinto puedan ser víctimas de los actos más atroces de represión en manos del Estado. Paralelamente, la región enfrenta un endurecimiento de las políticas migratorias, exacerbado por la posible radicalización de estas medidas bajo la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos.

Así, la intención de migrar sigue aumentando. Mientras que en 2023 las encuestas estimaban que el 13% de la población quería emigrar, estudios recientes sugieren que esa cifra ha aumentado significativamente. Encuestas conservadoras indican que el 26% de los venezolanos considera migrar, mientras que otras hablan de más del 60%.

La situación es aún más alarmante cuando revisamos los perfiles de las personas que ya han salido del país en los últimos meses, y es que de acuerdo con una organización  ha habido un aumento del 300% de personas que requieren protección internacional, entre ellos personas defensoras de derechos humanos, activistas, testigos de mesas y personas que de alguna manera colaboraron con la alternativa democrática en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales. Esta situación  no son solo estadísticas, es evidencia de una crisis que no da tregua, y que refleja un contexto de persecución y criminalización que continúa empujando a tantas personas al exilio.

Aún más,el temor a la anulación de pasaportes, las detenciones en aeropuertos y controles fronterizos, así como la falta de confianza en los sistemas de refugio de países afines al gobierno venezolano, han generado un incremento de la migración irregular. Esta tendencia  los expone a las personas a mayores riesgos, los empuja a la clandestinidad e invisibiliza aun más su situación.

Un escenario de políticas migratorias restrictivas

La llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos podría marcar un giro radical en las políticas migratorias, afectando profundamente a los venezolanos en busca de protección. Destacamos los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres y niñas, quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y que se extiende al momento de salir del país, enfrentándose a riesgos de ser víctima de trata, explotación y otros riesgos.

Expertos consultados advierten que el trayecto de los migrantes venezolanos se vuelve cada día más peligroso y cuesta arriba. Con las nuevas políticas migratorias que propone la administración de Donald Trump, los pocos caminos seguros que existían se están cerrando: las oficinas de movilidad segura podrían ser eliminadas, dejando a miles expuestos a rutas muy peligrosas controladas por grupos irregulares. Asimismo, se planea terminar con programas como el parole humanitario y limitar aún más el acceso al asilo, obligando a los migrantes a cruzar en condiciones aún más riesgosas. Y, las campañas de deportación masiva y la expansión de centros de detención amenazan con separar familias y vulnerar derechos fundamentales.

Estas medidas crearán un contexto de mayor vulnerabilidad para los migrantes, quienes, en ausencia de vías seguras y regulares, recurrirán a rutas clandestinas que los exponen al abuso, la explotación y las economías ilícitas.

Un llamado a la solidaridad regional

Si bien las políticas de Estados Unidos podrían endurecerse, tampoco ha habido políticas efectivas en América Latina y el Caribe, de ahí que es urgente que se adopten posturas coordinadas y solidarias para atender esta situación. Esto implica la creación de mecanismos de regularización migratoria, el fortalecimiento de los sistemas de refugio y la protección integral de los derechos humanos de los migrantes venezolanos.

Es fundamental entender que la migración venezolana no responde exclusivamente a sanciones sectoriales ni a dinámicas políticas entre Estados. Más bien, se trata de un entramado complejo que incluye el colapso de los servicios públicos, la corrupción, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la represión sistemática. Estas causas estructurales no desaparecerán con un cambio en las políticas estadounidenses, y es esencial combatir la desinformación y modificar la narrativa al respecto. Simplificar el problema a las dinámicas políticas entre Estados es desconocer la profundidad de la emergencia humanitaria compleja y el contexto de represión que impulsa a tantos venezolanos a abandonar su país.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol clave en este escenario: documentar y brindar información basada en evidencia, así como visibilizar las causas estructurales de la migración venezolana. Es vital desafiar visiones reduccionistas y abogar por la promoción de un enfoque en derechos humanos.

* El artículo ha sido redactado consultando a expertos en la materia y fuentes estadísticas de organizaciones de la sociedad civil.