La situación de los derechos humanos en Venezuela se agravó, sobretodo en relación al derecho a la vida e integridad personal, según el informe anual de 2016, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El capítulo IV del informe, conocido como la «lista negra», señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una «atención especial» por parte de este organismo, con sede en Washington. Cuba y Venezuela repiten en esa lista y República Dominicana sustituye a Guatemala con respecto al informe de 2015.
En el caso de Venezuela, la CIDH denuncia que «persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos» y se ha registrado «un agravamiento» de la situación de la seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e integridad personal y «un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas».
También menciona la restricción «del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su disenso con el gobierno, la represión y restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la protesta, y despidos y amenazas a empleados públicos con perder su cargo en caso de manifestar opiniones políticas contra el oficialismo. A esto se suma un severo agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales».
Dentro de las recomendaciones hechas a Venezuela por el organismo destacan:
- Garantizar de manera efectiva la separación, independencia y equilibrio de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales; así como la capacidad institucional de las instancias judiciales para combatir la impunidad en las violaciones de derechos humanos;
- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición política y adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos; y
- Abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo los procesos electorales, el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.
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