En la noche del 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia publicó la sentencia Nro. 156 mediante la cual usurpa las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela en violación flagrante de la Constitución. Tal usurpación constituye un golpe de estado judicial que de facto disuelve al parlamento venezolano al despojarle de sus competencias.
Desde hace varios meses diversas organizaciones de derechos humanos han venido alertando sobre actuaciones y decisiones del Poder Ejecutivo y el TSJ que se encuentran fuera del marco de la ley y del estado de derecho.
Con la sentencia de la noche de ayer se consuma la ruptura del orden democrático, al atribuirse la Sala Constitucional, bajo la falsa premisa del desacato, funciones que constitucionalmente le competen sólo a la Asamblea Nacional.
Esta sentencia, por demás inaceptable, se suma a la emitida el día 27 de marzo en la cual la Sala Constitucional eliminó la inmunidad parlamentaria al establecer que la misma no ampara a diputados y diputadas que forman parte de una Asamblea Nacional declarada “en desacato” y tipifica como delito de “traición a la patria” la actuación de diputados y diputadas, sugiriendo que pudieran ser juzgados por tribunales militares.
Las acciones de la Sala Constitucional del TSJ evidencian su falta de independencia, lo cual es inconstitucional por vulnerar el principio de separación de poderes, pilar esencial de la democracia.
Por ello rechazamos el control constitucional de esa Sala, incluyendo la interpretación caprichosa y políticamente motivada del texto constitucional a favor de un proyecto político corrupto, desconectado con las necesidades más apremiantes del pueblo venezolano y alejado de los más básicos preceptos de respeto de derechos, pluralidad y convivencia democrática.
Estamos frente a un oprobioso régimen autoritario que utiliza las instituciones del Estado para asegurar su permanencia en el poder, cerrando todas las vías para el ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos y sociales de las y los venezolanos y negándose a reconocer la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas en diciembre de 2015.
Las mujeres venezolanas organizadas lanzamos un llamado a naciones hermanas, activistas y líderes del mundo a solidarizarse con Venezuela ante el golpe de Estado consumado a través del TSJ, y a apoyarnos en la búsqueda de vías que nos devuelvan a la senda democrática, con desarrollo y progreso.
Igualmente, exigimos al Poder Ejecutivo y al Tribunal Supremo de Justicia respetar las garantías constitucionales y restablecer el Estado de Derecho, comenzando por restituir todas las funciones a la Asamblea Nacional, establecer un cronograma electoral, y respetar todos los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente nuestro derecho a elecciones libres y a manifestar pacíficamente.
Hecho en Caracas, a los 31 días del mes de marzo de 2017.
