Al culminar su visita a Venezuela, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, señaló que el CLAP no aborda las causas profundas del hambre y la malnutrición en Venezuela, sino que es susceptible al “clientelismo” político.

Afirmó Fakhri que «muchas familias sacan un salvavidas de las bolsas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa ideado en el 2016 para hacer frente a la escasez de alimentos en la cadena de suministros formal. Concebido inicialmente como una medida provisional, se convirtió más tarde en el programa estratégico de distribución de alimentos».

«Según el gobierno, 7.5 millones de familias venezolanas reciben una bolsa CLAP con productos alimentarios, al menos una vez al mes. No obstante, el programa CLAP suscita cada vez más críticas. Entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia del suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad», agregó el relator.

«He oído con frecuencia que se niega las bolsas del CLAP a personas que se consideran críticas, o que expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre y esto socava la dignidad humana de quienes la reciben», aseveró el experto. Para Fakhri, «el CLAP se ha convertido en un sistema de clientelismo, porque no aborda las causas profundas del hambre y la malnutrición en Venezuela».

Estrategias negativas para hacer frente a la inseguridad alimentaria 

El relator explicó que las familias venezolanas se ven obligadas a emplear diversos mecanismos negativos para hacer frente a la inseguridad alimentaria, «tales como reducir el tamaño de las porciones, saltarse comidas y comprar alimentos menos nutritivos”. Esta situación afecta de manera diferenciada a las mujeres, quienes son las más vulnerables, porque soportan una carga desproporcionada, no solo por el rol de cuidadoras que ejercen, sino porque además trabajan para sostener a sus familias, y en algunas oportunidades se ven obligadas a intercambiar sexo por comida.

Aunque el relator reconoció los esfuerzos del Gobierno para reducir su dependencia de la renta petrolera e impulsar la producción local en comunidades rurales, urbanas y suburbanas, expresó especial preocupación por el grado de hambre y malnutrición que afecta a niños, mujeres (especialmente embarazadas), ancianos, estudiantes, personas con discapacidad, afrodescendientes y pueblos indígenas.

Causa de la movilidad humana masiva

«La inseguridad alimentaria, la malnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia son la principal causa de la migración masiva del país». Los niños se quedan atrás por la movilidad forzada de personas en edad de trabajar, lo que incrementa la carga financiera y alimentaria de los abuelos y de las familias. «El futuro de Venezuela está en juego», afirmó Fakhri.

Instó al Gobierno a aumentar el apoyo a campesinos, pescadores, ganaderos, pastores y agricultores urbanos y suburbanos, muy especialmente a las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes. «Había vida en Venezuela antes del petróleo, y a medida que los efectos del cambio climático empeoran, debe haber vida después del petróleo», dijo.

Corrupción e impunidad

El experto hizo un llamado a todos los Estados involucrados para que revisen y levanten las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela. Sin embargo, reconoció que no todos los problemas del hambre se deben a las sanciones, y que las medidas e instituciones creadas de emergencia para hacer frente a las sanciones reducen la transparencia y fomentan las condiciones para la corrupción y la impunidad.

«Las personas en todo el país tienen dificultades para acceder a suficientes alimentos, buenos y sanos, sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a sus comunidades». Agregó que ha observado «un creciente sentimiento de decepción entre los movimientos sociales, campesinos, pescadores y pueblos indígenas por la falta de aplicación y cumplimiento de las leyes. Si el gobierno no aplica eficazmente las leyes vigentes disminuirá la voluntad popular de utilizar los mecanismos de participación, lo que a su vez vaciará las instituciones locales».

Ejemplificó que sin una correcta aplicación de la Ley de Semillas no habrá soberanía alimentaria. «Se necesita un sistema nacional basado en el derecho a la alimentación y que aborde las causas profundas del problema. El hambre y la desnutrición son una cuestión de derechos humanos», afirmó .

Hambre en centros de reclusión

Por último, en su declaración hizo mención a la seguridad alimentaria en los centros de reclusión. «Me preocupa seriamente la seguridad alimentaria de los presos y detenidos en Venezuela. Me alarmó el bienestar de los detenidos en los centros de custodia preventiva. Estos centros se diseñaron como instalaciones temporales, a la espera de una audiencia, y no incluyen instalaciones para alimentarlos. Sin embargo, debido a los retrasos judiciales, estos centros de detención preventiva se han convertido en lugares de detención asignados y de larga duración. Las autoridades no proporcionan a los detenidos ninguna comida, agua, baño o atención sanitaria. Estos centros de detención son inhumanos, degradantes, y pueden constituir tortura».

Está previsto que en marzo de 2025 Fakhri presente un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que evaluará la garantía del derecho a la alimentación en Venezuela, el acceso a los alimentos en los centros de detención y la seguridad alimentaria de los niños, niñas y otros grupos vulnerables.