El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, se encuentra en Venezuela para realizar una visita oficial en el país, específicamente en Caracas, Sucre y Zulia. Su visita abarcará desde el 1° al 14 de febrero, periodo en el que se reunirá con diversos actores, incluidos funcionarios del Gobierno, del Poder Judicial, agricultores, representantes de indígenas, académicos y otros actores de la sociedad civil. Al término de su visita ofrecerá una conferencia de prensa en Caracas, y en marzo de 2025 presentará un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El relator especial evaluará asuntos relacionados con la garantía del derecho a la alimentación en Venezuela, el acceso a los alimentos en los centros de detención y la seguridad alimentaria de los niños, niñas y otros grupos en situaciones vulnerables.

¿Por qué es importante la visita del relator a Venezuela?

Los Relatores Especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e informar sobre situaciones específicas de derechos humanos en un país. Así pues, la presencia de un relator especial en un país permite evaluar de manera objetiva la implementación de las  obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En tal sentido, la visita de los relatores a un territorio los convierten en testigos directos de la realidad que están evaluando, permitiendo obtener una mayor información, conocer diferentes perspectivas y comprender ampliamente  la situación del país y especialmente los temas en debate. Además de incidir en la importancia de la rendición de cuentas a nivel internacional a través del escrutinio independiente que estos realizan, la identificación de violaciones y deficiencias en el respeto a los derechos humanos, la formulación de recomendaciones y  el fomento del diálogo y la cooperación.

En tal sentido desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y desde las organizaciones de la sociedad civil independiente celebramos la visita de los relatores especiales a Venezuela, y en esta oportunidad del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, sin embargo destacamos que esta visita se desarrolla en el marco del mandato que dio el Consejo de Derechos Humanos y el compromiso del Estado de invitar a 10 procedimientos especiales, por lo que lamentamos que hasta el momento solo han visitado el país el Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, por lo que hacemos un llamado de supervisión a las otras relatorías, sobre todo aquellas vinculadas con el derecho a la asociación y expresión, derechos gravemente afectados en la actualidad.

20 millones de personas en Venezuela afrontaron amplias necesidades de asistencia humanitaria durante el año 2023

La visita del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación cobra especial importancia en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde hace casi una década y que impacta profundamente en la situación alimentaria de gran parte de la población, por lo que es un momento propicio para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano en esta materia y formular recomendaciones que permitan asegurar la garantía plena del disfrute del derecho a la alimentación.

El más reciente reporte emitido por la plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil venezolana HumVenezuela, refleja que 20,1 millones de personas venezolanas afrontaron “amplias necesidades” de asistencia y protección humanitaria durante el año 2023. De estas, 14,2 millones “experimentaron necesidades más críticas” y  4,2 millones “llegaron a un estado severo de necesidad”.

Aún más, de acuerdo con este informe un 45,2% de la población debió privarse de comidas por el incremento de sus condiciones de inseguridad alimentaria,  un 9,5% de las personas se encontraba con hambre permanente “y a menudo pasando días enteros sin comer”.

La situación económica es el principal factor de la falta de alimentos en los hogares, el estudio de HumVenezuela encontró que en el 86% de los hogares no hay suficiente presupuesto para comprar alimentos optando por comprar alimentos más baratos, pedir alimentos prestados, comprar alimentos a crédito, pedir dinero prestado para comprarlos y reducir otros gastos importantes para poder comprar alimentos.

Los programas alimentarios han sido utilizados como un mecanismo de control social

Los programas de beneficios alimentarios, como los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa creado en el año 2016 que prometía la entrega de alimentos básicos, no solo no cubren las necesidades nutricionales de la población más vulnerable que depende de estos escasos alimentos, sino que además está siendo utilizado como un mecanismo de control a los sectores sociales que lo necesitan y que lo reciben de forma irregular y discriminatoria.

Aunque el país ya no se encuentra sometido a la misma escasez de alimentos de hace pocos años atrás, el poder adquisitivo de gran parte de la población es muy bajo, por lo que en los hogares venezolanos continúan viendo los alimentos del CLAP como una forma, o la única forma, de alimentarse.

En este sentido, la dependencia, marcada por la precaria situación económica de la población; la discriminación política, ya que el beneficio lo reciben quienes apoyan al gobierno a través del registro en el “sistema de la patria”, situación que en contextos electorales se agudiza; y la falta de transparencia, por la opacidad en la asignación de recursos; son elementos que contribuyen a la percepción de que este programa no se utiliza como una medida de asistencia social, sino como una herramienta para influir en la lealtad política y controlar a la población aprovechándose del estado de vulnerabilidad.

Urgen recomendaciones que insten al Estado a asegurar la garantía plena del derecho a la alimentación de la población

El contexto que atraviesa Venezuela convierte la visita del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación en una oportunidad clave para visibilizar la precaria situación alimentaria que atraviesan los hogares venezolanos, y también emerge como una oportunidad para instar al Estado a velar porque dignifique las condiciones salariales de la población, asegurando la posibilidad de adquirir alimentos de calidad, que cumplan con los estándares de nutrición y que se adecuen al estado de salud de cada persona; y además insistir que los beneficios sociales, como las cajas CLAP, se conviertan en un mecanismo para disminuir las brechas de desigualdad social y lejos de ser una herramienta política de control que asegure la permanencia en el poder del gobierno actual, se convierta en un programa social que atienda a la población más vulnerable.

Finalmente, es determinante que esta visita se desarrolle bajo total independencia de los expertos y que puedan sostener una reunión amplia y diversa con las organizaciones de la sociedad civil, de modo que el Relator se lleve una impresión correcta de la grave situación que atraviesa la población venezolana y de ningún modo esta visita pueda ser instrumentalizada por parte del gobierno.