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Venezuela ha creado una falsa imagen de colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales

El pasado 20 de noviembre se realizó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, una mesa redonda sobre Derechos humanos, prevención y paz, con la participación de Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz; y Elizabeth Spehar, subsecretaria general de Apoyo a la Consolidación de la Paz.

Durante este encuentro se analizaron tres temas: derechos humanos y prevención; operaciones de derechos humanos y paz; y derechos humanos y desigualdades. El objetivo era facilitar un diálogo multidisciplinario entre expertos y partes interesadas para compartir experiencias, ideas y mejores prácticas y considerar formas en que los derechos humanos podrían fortalecer la eficacia del trabajo de las Naciones Unidas en materia de paz y seguridad.

Durante su intervención en esta mesa redonda, Cristina Ciordia, coordinadora de Incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se refirió específicamente a la relación de la oficina del ACNUDH con Venezuela, y planteó preocupaciones e inquietudes sobre el enfoque general de la organización respecto de la protección de los derechos humanos.

«Venezuela tiene dos mecanismos activos que reportan al Consejo de Derechos Humanos: una representación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país y una Misión de Investigación encargada de investigar violaciones graves de derechos humanos. Estos mecanismos han sido un recurso invaluable para las víctimas y la sociedad civil en nuestros esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos. La Misión, en particular, nos ha acercado más que nunca a la justicia para las víctimas. Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer» indicó Ciordia.

«Pero el gobierno venezolano ha creado hábilmente una imagen de normalización de la situación, e incluso de colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales. Esta imagen se erige a costa del pueblo venezolano: menos países están dispuestos a abrir sus puertas a los refugiados venezolanos, menos ayuda humanitaria llega a la población y, sencillamente, menos atención se presta a la crisis venezolana, que persiste en todas sus dimensiones: institucional, social, económica, humanitaria y, sobre todo, de derechos humanos», aseveró la coordinadora de Incidencia de Cepaz.

La visión de Cepaz es que la ONU, y en particular la ACNUDH, podría estar alimentando, tal vez sin darse cuenta, la noción de que la crisis venezolana ya ha sido superada, en la forma en que diferentes mecanismos interactúan con el gobierno. La política de “ambigüedad constructiva” bajo la cual opera el trabajo de la ONU en Venezuela, «con frecuencia ha pecado de ser demasiado ambigua», agregó Ciordia.

Durante la mesa redonda, Türk consultó a las organizaciones de la sociedad civil presentes qué puede hacerse para que los derechos humanos estén en el centro de la prevención.  Al respecto, Ciordia respondió: «sostenemos que el primer paso es no ser ambiguos en la caracterización de la situación que afecta a las personas en cuestión. Afortunadamente, tenemos una métrica objetiva para informar esta caracterización, y son los estándares internacionales de derechos humanos y, más específicamente, las recomendaciones de los diferentes mecanismos internacionales. Entendemos la implementación de estas recomendaciones como el verdadero referente de la colaboración de un Estado, la prueba de su esfuerzo, de buena fe, por mejorar la situación de los derechos humanos de sus ciudadanos. Pruebas que son inexistentes en el caso venezolano».

«La participación de Venezuela y otros Estados con débiles protecciones de derechos humanos en espacios multilaterales no debe ser una herramienta al servicio de una narrativa de cooperación y normalización que invisibilice el sufrimiento, sino una oportunidad para exigir rendición de cuentas, transparencia y compromiso con las obligaciones internacionales. Debemos evitar la instrumentalización de los espacios de Naciones Unidas, y profundizar nuestro compromiso con la búsqueda de la justicia, la exigencia de derechos y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales como forma de construir una paz duradera», concluyó Ciordia.